El presidente de la República, Yamandú Orsi, opinó sobre el proyecto de ley presentado por el senador colorado, Pedro Bordaberry, que busca "cerrar las heridas de la dictadura" y reflexionó en particular sobre el inciso que plantea la prisión domiciliaria para "toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985, que supere los 75 años de edad al momento de la solicitud".
"Desde hace un tiempo me dijo (Bordaberry) que iba a presentar una propuesta de este tipo. Yo creo en el Poder Judicial, creo que tiene las herramientas como para resolver el problema que se plantea en el proyecto, a tal punto que hay un ejemplo emblemático, el propio Gavazzo terminó con prisión domiciliaria por temas de salud", dijo el mandatario en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).
En este sentido, Orsi sostuvo que bajo su consideración la prisión domiciliaria para condenados durante la dictadura debe ser resuelta "desde el Poder Judicial, desde los jueces". "Yo creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", aseveró.
El proyecto del legislador colorado, bajo el lema de "reconciliación, verdad y nunca más", propone varias iniciativas para "cerrar las heridas de la dictadura", entre ellas la prisión domiciliaria para personas que superen los 75 años.
Además de esto, Bordaberry propuso crear el ámbito de Presidencia de una "Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más".
Esta comisión se dedicaría a "recabar, sistematizar y ordenar información relativa a hechos del período 1973-1985", promover "ámbitos de diálogo orientados a la reconciliación nacional", colaborar con organismos público y privados para la "búsqueda de información relevante", elaborar recomendaciones institucionales "para fortalecer la convivencia democrática y las garantías de no repetición" y contribuir al "esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero aún se desconoce".
Por otra parte, planteó también que dentro del Archivo General de la Nación se cree una sección llamada "Archivo Nacional de la Verdad", dedicada a la "conservación, ordenación, digitalización y acceso a la documentación vinculada al pasado reciente".
Además de estos puntos, la iniciativa propone que se declare el 30 de noviembre como el Día Nacional del Nunca Más y que se declare la plena vigencia de la Ley N.º 19.822 en "todos sus términos", que se derogue las "disposiciones que se opongan a esta ley".
El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, también presentó un proyecto de ley en relación a la dictadura, proponiendo habilitar la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años privadas de libertad "por hechos ocurridos hace más de 30 años".
"Una respuesta humanitaria, acorde a las mejores tradiciones de nuestro país", señaló el político en su cuenta de X.
La posición de Familiares sobre los proyectos que buscan permitir la prisión domiciliaria a presos de la dictadura
Tras conocer los proyectos de ley presentados por Bordaberry y Goñi, la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llamó este miércoles a conferencia de prensa y allí rechazó de manera tajante las iniciativas de los legisladores de la oposición.
"Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan. Reeditando viejos discursos, reinstalando lógica de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia", expresaron.
En particular sobre el proyecto del político colorado, desde Familiares señalaron que este "atenta contra todo compromiso institucional y del reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay".
"Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre estos temas", cuestionaron, y apuntaron específicamente contra la omisión del concepto "desaparición forzada".
Tras esto, apuntaron respecto al planteo de Bordaberry y Goñi sobre la prisión domiciliaria y expresaron: "Los delitos de lesa humanidad no constituye hechos aislados, son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica por fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige por parte del Estado una respuesta penal firme, efectiva y proporcional".
"El hecho internacional es contundente al establecer que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, evitando toda medida que en los hechos reduzca el efecto de la condena o derive en formas encubiertas de impunidad. La prisión domiciliaria es entonces contraria a las obligaciones asumidas por el Estado", agregaron.
