Uno de los artículos que generó mayor polémica cuando el proyecto de Presupuesto ingresó al Parlamento y comenzó a ser analizado por los legisladores fue el 635. No solo por su contenido sino porque no había sido anunciado en la previa –como sí lo había sido el paquete tributario– y generó sorpresa entre legisladores de la oposición. La sorpresa se transformó en rechazo y tanto blancos como colorados, independientes e Identidad Soberana cuestionaron desde el inicio las modificaciones al secreto bancario.
Sin embargo, el gobierno nuevamente tiene como posible aliado a Cabildo Abierto. “Hasta ahora no tengo elementos para negarme a votar el 635”, dijo a El Observador el diputado cabildante Álvaro Perrone.
El artículo 635 establece que la Dirección General Impositiva (DIG) puede levantar el secreto bancario en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones sin la necesidad de que exista una orden judicial que lo habilite, tal como ocurre actualmente.
El artículo, en realidad, se refiere a las respuestas a solicitudes de información bancaria por parte de un Estado extranjero, para lo que elimina la intervención judicial, pero luego agrega: “la Dirección General Impositiva podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó el martes 9 en radio Carve que con este artículo, que admitió que es "polémico", el gobierno busca cumplir con una recomendación de la OCDE del año 2020 porque los plazos en Uruguay para acceder a la información son “extraordinariamente altos” respecto a los 90 días que el organismo tiene establecido.
“La recomendación de la OCDE es que hagamos lo que hacen todos los países de la región, excepto Chile y Perú, que es una intervención directa de la DGI (…) La recomendación es no hacer exigible la intervención judicial”, explicó Oddone. Al modificar eso para las solicitudes de fiscos extranjeros, también se agrega esa potestad para el organismo tributario local.
En esa misma entrevista, el titular de Economía agregó que van a mandar al Parlamento un ajuste en la redacción del artículo para que el director de la DGI tenga que establecer “de manera fundada” que hay una “presunción de evasión y que esa es la razón por la que lo está haciendo”. Oddone agregó que desde marzo está en marcha una nueva evaluación de la OCDE a los estándares de transparencia del país.
Actualmente, Uruguay tiene el estándar de país “ampliamente cooperante” de la OCDE pero lo puede perder si no cumple con las recomendaciones que hace el organismo. “Si perdiéramos esa clasificación, eventualmente, podríamos vernos sometidos a sanciones de la Unión Europea, ya hubo amenazas en el pasado”, señaló el ministro.
En ese marco, Oddone recordó que desde 2018 la DGI ya puede acceder a información (saldo inicial, promedio anual y saldo final) de más de un millón de cuentas bancarias por cambios que se hicieron en aquel año en el marco de evaluaciones realizadas a partir del intercambio de información con fiscos extranjeros.
Las críticas
Apenas se conoció el contenido del artículo 635, los distintos partidos de la oposición se pronunciaron en contra.
“Quiero expresar especial preocupación por esta cosa que nos metieron por debajo de la alfombra presupuesta de darle superpoderes a la DGI”, dijo el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en conferencia de prensa.
En la misma línea se expresó el diputado colorado de Vamos Uruguay Conrado Rodríguez: “Queda a discrecionalidad del director de rentas. No hay garantías para los ciudadanos”, cuestionó en diálogo con El Observador y agregó que si la idea es acelerar los tiempos lo ideal sería modificar el procedimiento para que la intervención judicial sea más rápida.
“La eliminación del secreto bancario -quedó confirmado- es de interés del gobierno. Viola las garantías, cambia las reglas de juego, es contradictoria con el afán de promover la inversión, y le da un poder ilimitado al director de DGI. Nos opondremos categóricamente”, escribió en redes sociales el diputado blanco Pablo Abdala.
Algo similar expresó el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, y adelantó que “así como está redactado” no está dispuesto a votarlo. “Vulnera el derecho a la privacidad”. Identidad Soberana de Gustavo Salle, en tanto, se opone a todo lo que venga de la OCDE.
Sin embargo, para Álvaro Perrone todos los que están en contra “no presentan con convicción la negativa”. Para llegar a los 50 votos necesarios, el Frente Amplio precisa que los dos diputados de Cabildo Abierto acompañen el artículo.
