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29 de diciembre 2025 - 5:00hs

Lucía Costa Leyba se hace pasar por escribana pese a que no tiene título. Junto a su pareja, Douglas Machado, tienen el estudio jurídico contable Costa Machado pero además son titulares de otras sociedades destinadas a inversiones inmobiliarias. A sus 30 y algo de años, con simpatía y habilidad, ella ha sabido convencer a las víctimas de sus estafas de que hacían grandes negocios.

Además, la pareja vive en uno de los barrios privados de Carrasco por lo que logró ir tejiendo vínculos con empresarios y establecer contactos con personas del ámbito futbolístico. Mencionando ese mundo como a sus "principales inversores" fue que Costa Leyba embaucó al padre de una joven que trabajaba en su estudio, en una oportunidad en la que visitó la empresa. Le contó que se dedicaba a inversiones inmobiliarias que tenía como socia a la exesposa de Sebastián Eguren, el gerente deportivo de Nacional, y tras mostrarle un video ilustrativo sobre la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios, lo convenció de que le entregara US$ 145.000.

Sin embargo, no hubo negocio ninguno y se le quedó con el dinero, como también hizo con tantos otros.

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Luego de que la Fiscalía recibió casi una decena de denuncias del mismo tenor contra la pareja, decidió solicitar a la Justicia medidas cautelares. Además, en determinado momento de la investigación Costa había manifestado que se iría a Paraguay con el hermano "hasta que las cosas se calmen". Allí vive su padre que es piloto.

El 22 de diciembre, ante el pedido del fiscal de Ciudad de la Costa de 2° turno, Ignacio Montedeocar, comparecieron en audiencia y la jueza Lorena García dispuso medidas cautelares para evitar que los denunciados se figuen y entorpezcan la investigación. Para ello se les retiró el pasaporte, se les prohibió salir del país, debieron fijar domicilio y quedar a disposición de la Justicia por seis meses.

Dado el malestar que existe entre los denunciantes con los imputados, se los hizo entrar por puertas separadas en el juzgado de la Costa, según reconstruyó El Observador.

Entre las víctimas de las estafas están además de Eguren, que es representado por el abogado Joaquín Campos; la exesposa del exfutbolista, defendida por el abogado Alejandro Balbi; el exsuegro de Eguren, representado por el penalista Gúmer Pérez; la hermana de Diego Godin, que es defendida por el penalista Jorge Barrera, entre otras personas que fueron engañadas en su buena fe, algunas de las cuales perdieron todos sus ahorros.

Las estafas que el fiscal Montedeocar investiga

Para continuar con la indagatoria y lograr la imputación de los estafadores indagados por estafa, apropiación indebida y falsificación de documento público, el fiscal solicitó levantamiento de secreto bancario, tributario y profesional de Costa Leyba y Machado.

Además pidió informes de todo tipo, ordenados por la jueza García, para conocer todos los movimientos financieros y comerciales de los estafadores por lo que ya fueron enviados al Banco Central, de la Secretaria Antilavado, DGI y BPS, entre otros organismos. La información abarca a las siguientes sociedades bajo las que actuaba la pareja: Costa Machado SAS (el estudio jurídico contable); Propify SAS (sociedad que ella comparte con la exesposa de Eguren); e Invest Group Business SAS (dedicada a negocios inmobiliarios).

También se investigará la trazabilidad de los giros y transferencias realizadas a través de empresas y de seis letras de cambio del Banco Santander que recibió Costa Leyba por US$ 54.000, US$ 85.000, US$ 100.000, US$ 180.000, US$ 300.000 y una del BBVA por US$ 190.000.

Según relató el fiscal al solicitar las medidas, en 2023 Costa asumió como directora de Costa Machado SAS, sociedad que integra conjuntamente con su concubino, y se presentaba ante los clientes como escribana aunque eso no es cierto.

Una de las denunciantes es una escribana que trabajó con ella y que descubrió que utilizaba su firma escaneada en escrituras de las que no había participado. También descubrió que aunque retenía el IVA no hacía aportes ni a la DGI ni al BPS. En su caso llevaba 18 años de ejercicio de la profesión liberal cuando Costa le ofreció trabajar en el escritorio. Allí se dedicaba al estudio de títulos, confeccionar escrituras y documentos que se le solicitara pero no participaba de las negociaciones con los clientes.

En mayo concurrió al BBVA por un trámite de un negocio de préstamo hipotecario a interiorizarse sobre los motivos de la demora del caso. “Allí se enteró de que no se habían acreditado los ingresos del cliente, tarea que había quedado a cargo de Costa. Además tomó conocimiento por funcionarios del banco de que Costa no sería escribana”, relató el fiscal. Por este hecho, "Costa la despidió del estudio manifestándole que había violado la confidencialidad".

Cuando ya llevaba unos meses alejada del estudio, en octubre, recibió una llamada de Godin para reclamarle una escritura de compraventa y dos promesas (figuraba su firma), que no aparecían regladas por la Suprema Corte de Justicia ni en su protocolo ni en su registro de protocolización. También le reclamó el pago del impuesto a las transmisiones patrimoniales y el IRPF que había sido retenido por Costa pero no fue realizado.

Ante esto, la escribana pautó una reunión con Godin y su abogado, Jorge Barrera, para entregarle fotocopia de los negocios que se le atribuían haber realizado. Esas supuestas escrituras se habían autorizado los días 11 y 14 de abril de 2025, cuando ella había estado de licencia.

20250409 Jorge Barrera abogado de inversores afectados por el Grupo Larrarte, ingresando al juzgado, imputación de Larrarte.

En el caso de Godin, los negocios que Costa Leyba le había ofrecido eran compras de inmuebles mediante la firma previa de contrato de préstamos y vales en los que le entregaba el dinero para que se lo devolviera en entre 90 y 120 días. En esa modalidad se realizaron tres transacciones, de las cuales en una le devolvió el dinero y en otra lo hizo parcialmente ya que luego se hizo otra compraventa.

Según el relato de la fiscalía, más adelante Costa Leyba le ofreció "nuevas oportunidades de negocio" pero le pidió devolverle el dinero en 180 días. Aceptó pero a cambio le pidió que las escrituras estuvieran a su nombre y le otorgó un poder. Sin embargo, en un boleto de reserva por una compraventa de US$ 400 mil, se venció el plazo sin que se escriturara por lo que la propietaria reclamó el pago de la multa. Costa Leyba le había dicho a Godin que estaba todo resuelto, mientras que ante la propietaria la responsabilizó a Godin del incumplimiento y ella debió hacer frente y pagar los US$ 57.000 de la multa.

Godin le pidió entonces explicaciones a Costa y ella le dijo que había utilizado las letras de cambio “para cerrar otra operación”. Con la documentación en mano comprobó que ninguna compraventa se encontraba inscripta y que en algunos casos el vendedor no coincidía con el propietario que figuraba en el certificado registarl de la Asociación de Escribanos”, relató el fiscal. Luego de eso la denunció penalmente.

En el caso de Eguren, había firmado un acuerdo de préstamos con Costa, su expareja y la empresa de ambas por US$ 60.000, que transfirió a una cuenta de Itaú a nombre de Costa. Según el acuerdo, a los cinco meses ella le devolvería US$ 78.000.

Antes de que se venciera el contrato, Eguren quiso comprar una propiedad. Ante la recomendación de su expareja le pidió a Costa Leyba que se encargara de la transacción. Le hizo varios giros de dinero que totalizaron US$ 167.000 y $212.000, entre intereses, ganancia por el negocio del préstamo y otros rubros. No obstante, en el banco BBVA que era donde se tramitaría un préstamo para completar el pago, no había ingresado nada. Al pedir explicaciones en "el estudio Costa Machado ambos titulares le expresaron que el dinero lo habían destinado a otras cosas y no tenían la plata".

La misma suerte corrió el denunciante, padre de la joven que trabajaba en el estudio, con los US$ 145.000 que le transfirió a una cuenta del BROU para el supuesto negocio en junio de 2025. En esa reunión que tuvo en la que Costa lo convenció de invertir y le habló de que sus principales inversores eran del ámbito futbolístico, le contó que "buscaban propiedades con problemas legales como prescripciones, sucesiones y otros litigios y luego de sanearlas las colocan en el mercado obteniendo dividendos".

“Los inversores debían capitalizar la empresa la cual compraría y gestionaría los inmuebles obteniendo ganancias que se sumarían al reintegro del capital. Se le presentó como una oportunidad la inversión relacionada con un terreno que había que adquirir y fraccionar para vender a la empresa Hyundai”, relató el fiscal Montedeocar.

Luego el hombre tomó conocimiento de que existían varias denuncias contra ambos por apropiarse indebidamente del dinero de los inversores y no realizar las inversiones pactadas por lo que se comunicó con Costa para confrontarla. Ella le respondió con evasivas, hasta que se sumó como denunciante del caso.

Otro estafado era un empleado de la expareja de Eguren que acudió a Costa Leyba ante la necesidad de escriturar un terreno a nombre de sus padres, recomendado por su jefa. Le entregó la documentación del terreno y US$ 2.300. Dos días después decidió no seguir con el trámite y le pidió que le devolviera la documentación y el dinero. Le dijo que se lo devolvería pero le dejó de atender las llamadas.

En varios de los casos al ser confrontada por los estafados, Costa Leyba admitió que se trataba de una maniobra fraudulenta y que no tenía forma de devolver el dinero.

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