"Queremos dejar constancia de la necesidad imperiosa en que se avance con el remate del suntuoso inmueble ubicado en Punta del Este en el que permanece cumpliendo prisión preventiva la señora Daniela Cabral, el que sin dudas no cumple ni satisface ninguna necesidad comercial de las distintas sociedades concursadas y forma parte de la sucesión de Gustavo Basso", afirma el escrito presentado ante la jueza del caso Conexión Ganadera, la titular de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera.
Los abogados Oscar Brum, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi, en representación de numerosos damnificados de la empresa, afirmaron que el remate "no sólo obedece a una necesidad económica, sino de profunda justicia pues la prisión domiciliaria de Cabral en dicho inmueble lesiona todos los días -no ya la confianza de la sociedad en el sistema de justicia- sino incluso la sensibilidad y pudor de la sociedad en su conjunto y todos los que participamos en este proceso".
A juicio de los abogados, es importante que se venda todo lo que se pueda y se evite gastar más dinero de los ahorristas en el mantenimiento de los bienes que están embargados, "especialmente el suntuoso inmueble en el que Daniela Cabral cumple prisión preventiva".
Los representantes de los damnificados presentaron ese escrito en respuesta a que la jueza Olivera les dio traslado de un planteo del sindico del concurso de Conexión Ganadera, que también es síndico de la herencia de Basso, Alfredo Ciavattone, de rematar los vehículo que pertenecieron al empresario y su familia.
Brum, Costa y Bonaudi dijeron: "Compartimos y promovemos a que la sindicatura continúe en este camino de evitar mayores perjuicios a los ya padecidos por todas las víctimas, procediendo tanto con el remate de estos bienes, así como con el resto de los bienes embargados en autos y que continúen -o se espere que generen- gastos innecesarios y extraordinarios".
Con respecto a los vehículos afirmaron que "estamos ante gastos desproporcionados y agravamiento de perjuicios" sino que al tratarse de vehículos inutilizados, "es evidente que existe riesgo de depreciación o desvalorización".
En el mismo sentido señalaron que el dinero obtenido con esas ventas debería ser depositado en la cuenta bancaria a orden del juzgado en "unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos", con el fin de que "tampoco genere costos asociados por su mantenimiento". "De lo contrario se estaría contraviniendo el espíritu de la norma que es evitar la depreciación del dinero mientras se dilucide el proceso penal", señalaron.
