El fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez investiga el caso Portfolio Ganadero, como un caso de lavado y por eso se ha centrado en rastrear el dinero que tanto el empresario Alejandro Berrutti como su esposa y socia, María José Argenti, pueden tener en el exterior así como la participación en sociedades.
Para ello pidió a la justicia que emitiera una alerta plateada a Interpol, medida que ya se ha tomado en otros casos de fondos ganaderos como República Ganadera y permite ahorrar tiempo ya que cuando se envía un pedido de información por canales oficiales, la respuesta suele tardar seis meses en promedio.
Otra medida que tomó el fiscal y su equipo fue obtener que la justicia decretara un embargo genérico contra Berrutti y Argenti para impedir que puedan movilizar bienes. La defensa de Berrutti, conformada or los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, pidió el levantamiento de ese embargo.
Todo ello fue comunicado este lunes por el fiscal Rodríguez a un grupo de abogados que representa a las víctimas y con quienes se reunió, según reconstruyó El Observador. El fiscal les dijo que les va a dar traslado a los abogados para que respondan al planteo de la defensa, como coadyuvantes en el proceso. Ya les adelantó que defenderá el embargo.
También les dijo que la investigación se mantiene reservada por 180 días mientras esperan que se completen los informes de la Secretaría Antilavado sobre los titulares de las sociedades para lo cual se ordenó levantamiento del secreto bancario, tributario, registral, se solicitó información al Ministerio de Ganadería y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, conocer cuáles son los beneficiarios finales de distintas razones sociales bajo las que actuaba Berrutti: Byasa, Reina Vaca, Oro Rojo y Berrutti-Argenti, entre otras.
El fiscal les comunicó que no llegará antes de la feria de enero a pedir la imputación pero sostuvo que si tiene pensado solicitar las medidas limitativas para que los indagados no puedan salir del país y queden sujetos al proceso.
Rodríguez solicitó a la justicia y se libró una orden de averiguación de paradero para los dos extranjeros que se habían asociado a Barrutti y no han podido ser ubicados.
Se trata del colombiano Manuel Cabrales, presidente y director del “Fondo” Ganadero Pampas, y del venezolano George Walter Pereira. Ese era uno de los negocios que Berrutti le ofrecía a los inversores, ya que luego de firmar el contrato pasaban a ser accionistas. A cambio, recibían semestralmente un interés del 9%. El Banco Central (BCU) había a Pampas en febrero de 2024 a que dejaran de emitir mensajes al público.
Al venirse a pique las empresas de Berrutti y empezar a presentarse la denuncias penales -hasta el momento van 82 denuncias que pueden representar a más de un inversor- se tomó conocimiento que desde enero de 2024 era una empresa inexistente, señaló la abogada Graciana Abelenda quien estuvo en la reunión.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Decia, calificó de "muy positiva" el encuentro con el equipo fiscal para conocer la estrategia de la investigación. Otros abogados que participaron de la reunión fueron Santiago Alonso, Nicolás Ghizzo, Carlos Esponda, Paulo Priliac, una abogada del estudio Silva Manta y otra de Ferrere Abogados.
Justicia dio prórroga a la síndico en la verificación de créditos
En el ámbito del concurso, donde está fijado un embargo por US$ 13 millones, la sindico Stella Borja le pidió al juez una prórroga del plazo para la presentación del listado de acreedores e inventario de activos, la cual tendría como nueva fecha el 17 de diciembre, dijo Abelenda.
Ante esa decisión el juez aplazó la Junta de Acreedores de los cuatro concursos (Byasa, Reina Vaca, Oro Rojo y Alejandro Luis Berrutti) para el 19 de marzo de 2026. En ese momento se resolverá si es posible mantener cada empresa en marcha mediante un Acuerdo de Reorganización o se avanza sobre la liquidación y se venden los bienes de esas empresas.
La decisión de prorrogar la verificación generó que aún no se conozca el monto exacto de la deuda, el valor de los bienes y derechos y a cuánto asciende el déficit patrimonial.
Abelenda afirmó que en las actuales condiciones, sin contar con esa información, "es inviable" cualquier Acuerdo de Reorganización. La propuesta que Berrutti ha hecho pública plantea devolver parte de lo invertido a un plazo de 12 años.
La abogada agregó que "en primera instancia los únicos que reúnen todas las características de acreedores serían aquellos damnificados que firmaron contratos de capitalización, mientras quienes suscribieron acuerdos de accionistas probablemente se susciten discusiones, a pesar de que son inversionistas que confiaron sus ahorros a Portfolio Capital, a cambio de una renta fija anual, y que carecían de injerencia sobre las decisiones sociales y/o no realizaban los actos típicos de cualquier accionista de una razón social".
En otro orden, informó que Borja viene trabajando en la reducción de costos y entre las medidas que tomará, entregará a sus propietarios la casa ubicada en Mantua 7011, ya que el personal que trabajaba allí fue desvinculado.
En las últimas semanas se conoció que Berrutti sigue operando a través de una sociedad llamada Rey Toro con oficinas en avenida de las Américas, informó Eduardo Preve, información que se le entregó también al fiscal para que sea investigada.
