Esta semana se presentarán las primeras denuncias penales contra República Ganadera mientras la empresa intenta encontrar una salida para proponer un acuerdo privado a los acreedores que le permita reestructurar la deuda y detener el concurso.
En ese sentido, la empresa pedirá a los inversores que no retiren el ganado de los campos ya que en la medida en que cuenten con esas cabezas de ganado podrán proponer el acuerdo de reestructuración. Desde que la empresa pidió a la Justicia el concurso voluntario, numerosos inversores han pedido llevarse el ganado, dijeron a El Observador fuentes del caso que señalaron que en estas horas se enviará una comunicación a los inversores.
Si bien en un primer momento la empresa Conexión Ganadera se interesó en la situación y ofreció intervenir, luego de que realizara una auditoría para conocer cuántas cabezas de ganado tiene la empresa y qué otros bienes posee, la muerte de su principal accionista Gustavo Basso, cambió la situación. Conexión Ganadera confirmó este lunes que no intervendrá en la salida de República Ganadera.
"Frente a varias consultas, queremos reafirmar que queda abortada la iniciativa de tender la mano a nuestros inversores que tenían inversiones en República Ganadera porque nos dedicaremos exclusivamente a nuestros inversores con quienes nos pondremos al día tras este inconveniente burocrático", señaló un comunicado firmado por el socio de la empresa Pablo Carrasco, al que accedió El Observador.
Ahora la empresa explora alternativas para llegar al acuerdo.
El repentino fallecimiento de Basso en un accidente de tránsito cambió la ecuación. De todos modos, la idea de República es presentar una propuesta en los próximos días que deberá ser aceptada por el 75% del capital de la empresa.
El Observador consultó al abogado Gerardo Azarola, quién firmó el pedido de concurso ante la Justicia pero el profesional declinó hacer declaraciones por el momento.
El pasivo de República Ganadera ronda entre US$ 75 y US$ 80 millones, incluyendo inversores y también acreedores comerciales como consignatarios, dueños de campos y proveedores de ración, por ejemplo.
Falsificación de firmas y ganado vendido
Por otra parte, hay al menos cinco abogados penalistas que están analizando los contratos y viendo caso a caso las situaciones de los inversores. Todos son coincidentes en que hay indicios de estafa, de apropiación indebida y falsificación de documento privado.
Las situaciones son casi tan variadas como inversores tiene República Gandera pero en la mayoría de los casos al consultar al Sistema Nacional de Información Ganadera surge que tienen menos animales de los que señalan los contratos o no tienen nada, en otro casos detectaron que su firma para vender o mover ganado fue falsificada como el de un caso que la persona que es zurda y el trazo de la firma es de una persona diestra. En otro caso, figura que el inversor tiene vacas preñadas y tenía novillos, y se trata de muchos menos animales de los que supuestamente deberían tener.
El penalista Jorge Barrera dijo a El Observador que presentará esta semana denuncias en representación de varios inversores que representan al menos US$ 2 millones. En su caso señaló que además de la apropiación indebida detectó que se falsificaron las firmas de las guías de ganado "de una manera muy burda y ostensible".
Su colega Nicolás Ghizzo también pudo detectar en varios contratos de unos 20 que analizó la falsificación de las guías, venta y trasiego de animales que no estaban autorizadas, y dijo que en ningún caso coincide lo que figura en los contratos con lo que registra el MGAP. Ghizzo señaló que "las irregularidades son notorias" y que el caso es más complejo que el de Larrarte, la otra empresa de inversiones ganaderas que dejó a un tendal de inversores en la duda de saber si podrán recuperar su dinero.
A ellos se sumó el abogado Camilo Silvera quién afirmó que luego de analizar una decena de contratos de clientes "es notorio que se trata de un caso de estafa. Para empezar no te pueden prometer una renta fija con un producto que es variable, como es la cría de ganado”, indicó.
República Ganadera ofrece una renta anual fija de 11% mientras otras del mercado ofrecen 2%.
A juicio de Silvera también hay apropiación indebida dado que los contratos aseguran que con la plata que colocó el inversor se adquiriría determinadas cabezas de ganado y en algunos casos no hay nada mientras que en otro hay menos de lo que se indica. "Eso demuestra que se trata de un esquema Ponzi", dijo. Es decir que se trata de una estafa piramidal donde se le paga a los nuevos inversores con lo que colocan los que se van sumando.
El abogado dijo que negociará en fiscalía. Silvera cree que el caso debería unificarse en la Fiscalía de Delitos económicos a cargo del fiscal Alejandro Machado que ya tiene el caso Larrarte.
También prepara denuncias el abogado Juan Pablo Decia, quien decidió esperar unos días más antes de presentar la denuncia a la espera de conocer la propuesta de acuerdo de la empresa. Por último, otro penalista Pablo Flores, presentará en estos días denuncias ante una seccional policial, según informó Montevideo Portal.
A su vez, hay un grupo de más de 600 inversores, muchos de ellos aún sin abogado contratado y sin tener claro qué vía tomarán para reclamarle a la empresa sus fondos que están conformando un colectivo y se contactan a través del mail [email protected]
Las explicaciones que ha dado la empresa a algunos abogados es que la sequía del año 2023 perjudicó la producción ganadera y eso los afectó al punto que perdieron liquidez y se vieron obligados a dejar de pagar los vencimientos de los contratos. Sin embargo, también se detectó que siguieron captando inversores en los últimos dos meses cuando ya la situación era crítica, y a esas personas se les informaba que habían sorteado la sequía con éxito.
