El Banco Central (BCU) se dispone a modificar la forma de cálculo de la tasa para los micropréstamos, factor que actualmente impide desarrollar el sector, según dijeron a El Observador fuentes de las administradoras que se dedican a ese segmento.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), junto a técnicos del Ministerio de Economía, analizaron el tema y presentaron un informe al BCU que actualmente revisa la forma de fijar la tasa. La respuesta se espera para los próximos meses y las administradoras confían en que será favorable a sus intereses.
Hoy el tope de los microcréditos ronda 22% anual y por la ley de usura, para su fijación, se consulta a los bancos e instituciones de intermediación financiera que no trabajan ese segmento del mercado, por lo que la información que aportan no se ajusta a la realidad de las prestadoras de microcréditos.
Actualmente varias de las empresas y organizaciones de esa rama de actividad operan con números en rojo e intentan mejorar su productividad para mantener el negocio. Incluso la estatal República Microfinanzas trabaja a pérdida y espera equilibrar sus cuentas el año próximo.
El tema se analizará mañana en el Palacio Legislativo, de la hora 9 a las 12, en una jornada que organizó la Cámara de Representantes.
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Lacalle Pou, señaló a El Observador que la idea es ver el funcionamiento del sistema y mejorarlo, “porque apunta a ayudar al emprendedor de bajos recursos que quiere salir del informalismo. No es posible que a estas personas se les exija abrir una unipersonal, pagar DGI y BPS para después ponerse a producir. Hay que bajar a la cancha y ayudar al que quiere trabajar”, dijo.
En expansión
Las empresas consultadas por El Observador coinciden en señalar que el microcrédito en Uruguay está en pleno desarrollo y tiene un amplio terreno para crecer. De todos modos reconocen que enfrentan varias limitantes. Una de ellas es la tasa a que están habilitadas a cobrar, y que hoy les mantiene trabajando por debajo de los costos operativos. Además deben cobrar IVA en sus préstamos. Por otro lado, están impedidos de recibir ahorros, lo que limita sus fuentes de fondeo.
Luis Murias, gerente general de República Microfinanzas, explicó a El Observador que los costos de transacción del sector son más altos que los de un banco por la metodología que deben utilizar para disminuir riesgos. Por ejemplo, se va a la casa o al taller del cliente que solicita el crédito, se recoge información que no está escrita, se hace un seguimiento y un análisis de riesgo.
Un informe de Juan Voelker, del estudio CPA/Ferrere, determinó que la tasa por los microcréditos debería ser 37,2% para asegurar la sustentabilidad de las administradoras.
República Microfinanzas desde su creación el 1º de marzo de 2010 otorgó 9.171 créditos por US$16 millones. Desde mediados del año pasado, en acuerdo con el Ministerio de Ganadería, se incorporó como clientes a 900 productores lecheros. Murias estimó que en 2012, la empresa –que es propiedad del Banco República– alcanzará por primera vez el punto de equilibrio en sus balances.
Por su parte, Jorge Naya, gerente de Fundasol, señaló que en el caso de su organización “el microcrédito es un instrumento de capacitación que se vuelca a emprendimientos productivos”.
Fundasol tiene una cartera de US$ 7 millones y el promedio de los créditos otorgados es de US$1.200. Naya dijo que el sector “crece de la mano de la mejora de la economía”, pero a un ritmo más lento. Reconoció que la tasa que están habilitados a cobrar “ es un problema” para el desarrollo de las firmas porque el funcionamiento de las administradoras requiere de mucho personal. Martín Machado, gerente financiero de Fucac, señaló a El Observador que la ley de usura desconoce los costos asociados a la metodología de las microfinanzas para disminuir riesgos. “Con la actual tasa se torna no atractivo el mercado y disminuye la oferta. De no mejorarse el sistema, los que hoy requieren microcréditos deberán recurrir a prestamistas o a créditos al consumo que son más costosos”, explicó. Fucac tiene 130 mil socios y de ellos 7.500 son unidades productivas.
De enero a octubre de 2011 otorgó 4.000 microcréditos por un monto de US$ 4 millones. l