7 de noviembre de 2011 21:29 hs

Una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) determinó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CASH es en realidad una “empresa comercial”, y que por tanto debe pagar impuestos al Patrimonio y a la Renta de Industria y Comercio (IRIC, actual IRAE).

El Tribunal entendió que el formato cooperativo utilizado “fue una máscara para evadir impuestos”. Esa posición, interpretada por unanimidad en el TCA, determinó que CASH deba reliquidar tributos y enfrentar multas a favor de la Dirección General de Impositiva (DGI) por unos US$ 20 millones, según la resolución judicial a la que accedió El Observador.

Cash es una administradora de créditos fundada en 1997 que tiene 200.000 socios y atiende a un público de bajos recursos. El presidente del consejo directivo de CASH, Eduardo Caimi, afirmó ayer a El Observador que “se acatará el fallo” del Tribunal y “se pagará como corresponde”. Afirmó que Cash “es una cooperativa” y corrigió varios aspectos de su accionar que habían sido cuestionados, dijo Caimi. En las próximas horas pedirán una entrevista con el director de Rentas Pablo Ferreri.

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El fallo
La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo comunicada en octubre a las partes refiere al período 1997–2001 y establece que la Cooperativa CASH deberá, por concepto de mora y defraudación, pagar al Estado impuestos y recargos por unos US$ 20 millones. Además, según supo El Observador de fuentes judiciales, hay otro litigio entre esa firma y la DGI que refiere al lapso 2002–2007, sobre el cual el TCA aún no se expidió, y “es por un monto superior al anterior”.

El TCA afirmó que CASH es una “empresa comercial” y sostuvo que existen “convincentes elementos de juicio que avalan” que no se está ante una cooperativa.
Según el Tribunal, cuya sentencia es inapelable, “no se respetaba el criterio de reparto de rendimientos, es decir que no se distribuían en proporción a las operaciones realizadas como está legalmente requerido para ser considera una cooperativa”.

Determinó también que CASH “concentra su capital social en un número reducido de socios (23 de entre 19.000), los que en el año 2001 eran dueños del 86,96% del capital”.
También se observó que se otorgaron préstamos “a personas que jamás llegaban a integrar el capital social”. En la “cooperativa” –continúa el fallo– tampoco se respetaba el “principio de control democrático porque los socios menores no tenían injerencia alguna en el control sobre la gestión de la cooperativa, la que se manejaba por un número reducido de socios”.

En el extenso informe de 26 carillas, el Tribunal afirmó que “existen pruebas para considerar “que el formato cooperativo (utilizado por CASH) fue una máscara utilizada por sus dueños para evadir impuestos”. “La accionante (CASH), bajo la forma de una cooperativa que no tributa realizó actividad mercantil en tanto prestadora de dinero en forma profesional.

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