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Caso Astesiano: las condenas, los que están en la mira y el rol de Lacalle

La causa ya tiene seis imputados, un condenado y al menos dos indagados más
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13 de febrero de 2023 a las 05:00

Es como si fuera un goteo constante. A nivel de la prensa, pero también en la fiscalía, las novedades y derivaciones del caso que involucra al exjefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, aparecen un día sí y otro también. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, ya imputó a seis personas en alguna de las líneas de investigación que tiene abiertas y condenó a una persona mediante un juicio abreviado. 

Hay cuatro investigaciones fiscales que involucran de forma directa o indirecta a Alejandro Astesiano: su rol en la banda que tramitaba pasaportes para ciudadanos rusos, los vínculos del excustodio con las jerarquías policiales, el posible espionaje a dos senadores del Frente Amplio y al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; y las filtraciones que se generaron a la prensa. 

A continuación, las claves del caso que involucra a quien fue un hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou. 

Los pasaportes

En enero de este año el responsable del área de Seguridad y Pasaportes de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), Juan Martínez, llevó pruebas a la Fiscalía de que había ciudadanos rusos que buscaban acceder a pasaportes uruguayos de forma ilegítima.

Martínez identificó a un gestor –el ciudadano ruso Alexey Slivaev– que era quien conseguía a los clientes y los ponía en contacto con el escribano Álvaro Fernández, que era el principal encargado de realizar el papeleo. Durante 2013 y 2018 la adulteración de las partidas se hacía en Rusia y la fiscal presume el aval del excónsul de Uruguay en Rusia, Stéfano di Conza. Pero hay más diplomáticos bajo la lupa.

Por esta línea de investigación están imputados Astesiano, Slivaev, Di Conza, Fernández y Patricia Medina (expareja de Fernández). Roman Karpov, que fue detenido mientras intentaba obtener el pasaporte con una partida de nacimiento adulterada, fue condenado a través de un proceso abreviado. 

Alejandro Astesiano, el excustodio presidencial, era el que tenía el contacto con los funcionarios públicos y, según Fernández, era el encargado de “apurar” los trámites. La investigación sobre los pasaportes fue el punto de partida que derivó en el resto de las líneas que ahora también se siguen a partir de los chats encontrados en el celular de Astesiano. 

Contacto con policías

A raíz del análisis de los chats de Astesiano, se abrió una investigación paralela que investiga sus “vínculos” con funcionarios públicos por otros temas y posibles favores que se hubieran dado por fuera del marco de la ley. Uno de los puntos claves en esta investigación son los vínculos del excustodio con la cúpula de la Policía, removida el martes 7 pero que se mantendrá en funciones hasta marzo. 

En esta línea de investigación hay dos jerarcas policiales indagados: el exsubdirector nacional, Hector Ferreira, que presentó renuncia en diciembre, y el director de Inteligencia, Claudio Correa, que sigue en funciones. Al mismo tiempo, el actual subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, fue imputado este viernes 

En los chats de Astesiano con los jerarcas policiales figuran varios favores personales que involucraban recursos del Estado y también intercambio de información reservada. Asimismo, Astesiano le pidió a Berriel que averiguara a dónde se proponía viajar la esposa del presidente, Lorena Ponce de León, que para ese momento ya se encontraba separada del mandatario. 

Correa, en tanto, fue quien detuvo a Astesiano en la residencia de Suárez y Reyes al regreso del viaje a Costa Rica con el presidente Lacalle Pou y es sospechoso de haber borrado información del teléfono de Astesiano.

Henry de León, titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), también estuvo indagado en esta causa pero finalmente fue desvinculado del tema. Tras estar de licencia, De León volvió a cumplir sus funciones este mes. 

Posible espionaje

Otra de las líneas de investigación que tiene abierta la fiscal Gabriela Fossati está vinculada al posible espionaje o seguimiento a dos senadores del Frente Amplio y al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. 

En noviembre, La Diaria divulgó conversaciones por Whatsapp en las que desde Vertical Skies (Lunacar SA), una empresa dedicada a brindar soluciones en seguridad y gestión de riesgo, le solicitaron a Astesiano realizar dos fichas de los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Katoen Natie. De los chats se desprende que le pagaron al excustodio por esa tarea.

Los senadores presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía y eso derivó en una nueva línea de investigación. 

Astesiano también utilizó el sistema de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior para documentar los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el día que chocó alcoholizado en Punta Carretas y envió las imágenes al Ministerio del Interior. 

El exjefe de seguridad compartió con el subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, el material gráfico con el recorrido del auto de Marcelo Abdala antes del choque y le envió un audio al secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez: “Hay que matarlo a este hijo de puta”.

Filtraciones

La última línea de investigación que abrió la fiscal, de la que se conocen pocos avances hasta ahora, fue para investigar las filtraciones de chats del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, informó en rueda de prensa el abogado Andrés Ojeda y confirmaron fuentes de fiscalía a El Observador.

En esta línea de investigación hasta ahora no hay imputados ni personas indagadas. 

El rol de Lacalle Pou

El presidente manifestó desde el primer momento que nunca desconfió de Astesiano y que se vio muy afectado por su detención y posterior formalización. El presidente, si bien hasta ahora no ha sido señalado judicialmente, estuvo bajo la lupa en dos oportunidades.

La primera fue cuando detuvieron al excustodio y se conoció que tenía un extenso legajo con más de 30 indagatorias policiales, además de una condena por estafa en 2014. Si bien por la cantidad de tiempo transcurrido desde la condena ya había vuelto a ser un primario legal, la pena estaba extinguida y podía conseguir un certificado de buena conducta como cualquier persona sin antecedentes.

Sin embargo, el presidente afirmó que antes de entrar al gobierno había pedido el legajo de todos sus custodios y esa información no constaba. En ese momento descubrieron que alguien había desindexado de Policía Científica la cédula de Astesiano y por eso no surgía.

Además, tal como informó El Observador, el celular de Astesiano era propiedad de Presidencia y que, para entregarlo voluntariamente, le pusieron a la fiscal como “requisito” apartar de la investigación los chats con Lacalle Pou. Luego de que El Observador publicara esa noticia, los chats del presidente fueron sumados a la causa judicial. Lacalle declaró como testigo ante la fiscal Fossati en diciembre.

Más allá de la investigación judicial, Lacalle ha tenido que responder políticamente por las andanzas de su excustodio. Consultado este jueves 9 sobre el tema, prefirió apuntar contra los medios que publican la información y no sobre el tema de fondo. 

"Van filtrando información, ponen la música y vamos bailando", ironizó el mandatario en una rueda de prensa y aseguró que hay dos medios que publican la información y que tienen "vinculaciones políticas". 

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