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Caso María: jueza española suspendió fecha de entrega de la niña

Según el experto en derecho internacional privado Carlos Álvarez Cozzi, si las mujeres siguen en el consulado y se incumple la entrega, Uruguay se expone a una demanda internacional 

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08 de octubre de 2019 a las 21:21

La jueza española Cristina Marrero Pérez, que había resuelto que la entrega de la hija de María a su padre debía concretarse este miércoles  en el municipio catalán de Gavá, emitió una nueva sentencia en la que dejó sin efecto esa fecha, según informó El País y confirmó El Observador con las activistas feministas Andrea Tuana y Teresa Herrera, que están en permanente contacto con la familia.

El anterior fallo de la magistrada, ordenaba que la entrega fuera ejecutada en el consulado uruguayo en Barcelona el viernes 4, pero la Cancillería uruguaya se opuso a cumplirla por un error legal, ya que "ningún consulado en el mundo es el brazo ejecutor de una sentencia judicial del país donde está alojado el consulado", según explicó Nin Novoa este lunes en conferencia de prensa este lunes. El fallo, asimismo, desestimó las pericias realizadas por el INAU en Uruguay que habían definido que las mujeres habían sufrido violencia doméstica durante "largos años". Las nuevas pericias realizadas en España, en cambio, señalan que "existe un alto riesgo para la menor" si continúa viviendo con la madre y por eso otorgan la tenencia al padre.

Pero la madre y la niña, que ahora tiene 7 años, continúan alojadas en el consulado, al que llegaron el viernes para cumplir con la primera de las sentencias, que disponía que fuera el cónsul uruguayo –Juan Pablo Tagliafico– el encargado de cumplir con la orden.

Desde este fin de semana, por otra parte, el consulado fue rodeado por policías, y allí permanecen actualmente, para cuidar de que la mujer no se lleve a la menor a otra jurisdicción, aseguró a El Observador el catedrático experto en derecho internacional privado, Carlos Álvarez Cozzi.

"La niña y la madre en algún momento van a salir, y la jueza seguramente quiera evitar que se tomen un buque hacia Francia, lo que complicaría aún más las cosas", aseguró.

Para el profesor, la Cancillería se expone a un conflicto diplomático si mantiene a la mujer y la niña dentro del consulado, ya que de ese modo se está evitando cumplir una decisión judicial de un país extranjero: "La sentencia ya está dictada y no se puede cambiar, eso es un principio universal. La niña tiene que ser entregada", explicó Álvarez Cozzi.

Agregó que si Tagliafico mantiene dentro de los muros del edificio diplomático a María y la menor, "Uruguay podría tener un reclamo de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y una demanda en la Corte Internacional de Justicia por incumplir un fallo judicial". 

El caso
La niña había llegado a Uruguay en 2016 acompañada de la madre para pasar las vacaciones con su familia. Sin embargo, la mujer decidió no retornar: fue entonces que alegó que la niña había sido víctima de abuso y violencia doméstica. El padre de la pequeña solicitó en respuesta la restitución internacional a España, alegando que existía "una retención ilícita" en Uruguay ya que él la había autorizado a viajar por vacaciones pero no para quedarse. Tras dos años de litigio, en junio de 2018 finalmente la Suprema Corte de Justicia de Uruguay definió que la niña debía volver, cuando se cumplieran algunas medidas cautelares, como la restricción de comunicación y acercamiento del padre a la menor, dada la denuncia de la madre y mientras se investigaban esos hechos. Si bien la madre presentó unos informes psicológicos que daban cuenta de violencia sufrida por la niña, un grupo de peritos españoles determinó que no se podría probar el abuso del padre hacia la niña y por lo tanto no se podía determinar "la presencia o ausencia de la situación abusiva denunciada” por la madre.
En el fallo de la justicia española al que accedió El Observador, y en donde la jueza Marrero decidió con fecha del 30 de setiembre otorgarle la tenencia al padre de la niña, se hizo lugar al reclamo de los fiscales españoles que intervinieron en el caso y quienes señalaron en una audiencia el 24 de setiembre que no admitían las pericias realizadas en Uruguay por el INAU.
Los organismos estatales redactaron ese informe porque, de acuerdo a sus propias pericias, la madre y la niña "fueron víctimas por largos años de violencia doméstica en España" por lo que entregarlas a las autoridades españolas las exponía "a una nueva revictimización, sumada al daño psíquico que implica el retorno forzado a un lugar que identifica con experiencias de violencia”. Eso, ahora, también quedó descartado por la justicia española.

 

 

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