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Con 30% de sobrepoblación, el hacinamiento convierte a las cárceles uruguayas en una olla a presión
En Uruguay no se encarcela por defender a las mujeres, como le ocurrió al iraní Amir Nasr-Azadan. Tampoco por cuestionar la versión oficial de una intervención militar, como le sucedió al opositor ruso Ilia Yashi. Mucho menos por objeción de consciencia, como le pasó al multimillonario chino Sun Dawu. Pero Uruguay —sin guerras ni dictadura— tiene más porcentaje de presos que Irán, Rusia, China y la media mundial.
Según datos del Ministerio del Interior a los que accedió El Observador, el 2022 cerró con 14.501 personas detrás de las rejas en cárceles uruguayas. Eso significa que hay 408 reclusos cada 100.000 habitantes, o, lo que es lo mismo, la tasa de encarcelamiento triplica a la media mundial estimada por Naciones Unidas.
Y esta superpoblación —fruto de una puerta giratoria que recibe más de un ingreso nuevo por hora— está trayendo sus consecuencias.
Porque la cantidad de plazas disponibles en las unidades penitenciarias del país no crecieron al ritmo de la demanda (o, mejor dicho, los presos crecieron mucho más que los lugares para encerrarlos). Al término del año había 30% más reclusos que cupos disponibles para ellos, según la estimación del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Es decir, hay 11.147 plazas para 14.501 presos.
La cárcel de Santiago Vázquez —exComcar cuyo nombre formal es “Unidad N° 4”— cuenta con poco más de 3.000 plazas. Sin embargo, el año acabó con 4.378 personas encerradas allí. En Salto, los más de 500 reclusos casi triplican los cupos disponibles. Y en Artigas los duplican.
“El hacinamiento distorsiona distintas dimensiones de la vida en prisión”, insisten desde la oficina del comisionado para las cárceles. Porque además de la afectación de los derechos básicos —como el acceso a los servicios más elementales—, “la disminución de los espacios aumenta la presión en la convivencia y en las posibilidades de conflicto”.
Una mirada a destiempo puede ser el detonante de una trifulca. La puja por un colchón puede ser nafta pura en medio de un incendio. En este sentido, El Observador había informado que los criminólogos Olga Sánchez de Ribera y Nicolás Trajtenberg investigaron los hechos violentos en uno de los módulos de la cárcel de Santiago Vázquez y descubrieron que los incidentes reportados oficialmente fueron solo el 15% de los eventos que, según encuestas y entrevistas, realmente ocurrieron.
El problema del hacinamiento carcelario no es nuevo. Cuando el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, visitó las cárceles uruguayas, hace más de una década, fue lapidario: “los detenidos son alojados en condiciones deplorables, en celdas sobrepobladas que no tienen las instalaciones sanitarias adecuadas ni lugares para dormir (…) El pueblo de Uruguay, un país reconocido por su democracia y desarrollo social, no merece este sistema penitenciario”.
Y si bien desde entonces las sucesivas administraciones adoptaron medidas, el incremento de personas privadas de libertad fue más acelerado que cualquier otro cambio. El 1% de la población uruguaya pasó al menos una noche detrás de las rejas en el último lustro.
Pero, al contrario de lo que indica el razonamiento más primario, lo que falta no son cárceles. Al menos eso opinan los expertos. "Sabemos que cuantas más cárceles se construyan, más se llenarán. Los jueces siempre están bajo presión en ese sentido", había dicho a la BBC Sacha Darke, profesor adjunto en Criminología en la Universidad de Westminster, en Reino Unido, quien se especializa en los sistemas penitenciarios en América Latina.
Ocurre que, salvo Surinam, todo el resto de países de Sudamérica tienen sobrepoblación carcelaria. Y, según los medios informativos ecuatorianos, ese hacinamiento fue la gota que derramó el vaso en los motines que dejaron más de un centenar de muertos allí.
El comisionado penitenciario en Uruguay había advertido en su último informe elevado al Parlamento: “Hay un porcentaje relevante de personas que son ingresadas a la cárcel y que podrían, sin riesgo de su seguridad ni de la de terceros, cumplir su rendición de cuentas con la sociedad con una medida alternativa con control de cumplimiento y asistencia en rehabilitación. La sobre utilización de la cárcel como medida de ejecución penal genera hacinamiento y este genera nuevas bandas, contagio delictivo, destrucción de las habilidades pro sociales y contagia las violencias de todos”.
Las mujeres
De cada diez personas distintas que ingresaron a la prisión en Uruguay en el último lustro, nueve eran hombres. Los reclusos, en ese sentido, siguen teniendo la cara de un varón de entre 20 y 34 años que, casi en su mayoría, cumplen una condena menor a cinco años.
Pero, de manera más silenciosa, en estos últimos cinco años fue dándose otro fenómeno que quedó desdibujado entre la multitud: se duplicó la cantidad de mujeres presas.
El semanario Búsqueda informó la semana pasada que al menos 40 mujeres fueron encarceladas el último año por haber intentado entrar drogas a un centro de reclusión. Y el semanario Brecha publicó la misma semana que la senadora oficialista Carmen Sanguinetti reconoció un problema en la ley de urgente consideración que merece las disculpas y la reformulación sobre este nivel de encarcelamiento.
El artículo 74 de la LUC elevó las penas para quienes intentan entran estupefacientes a las cárceles, lo que, en la práctica, afecta en particular a las mujeres que son las que suelen hacer las visitas. La normativa, a su vez, prohíbe redimir pena por estudio o trabajo, por lo cual esas reclusas empiezan a acumularse en las cárceles femeninas.
Según el comisionado parlamentario para las cárceles, la unidad penitenciaria N° 5 (más conocida como cárcel femenina) cuenta con 390 plazas. Según los datos actualizados del Ministerio del Interior, en esa prisión están detenidas 664 mujeres. Es decir: la población reclusa supera en un 70% a los cupos disponibles.
Sin condena
Cuando el relator Nowak visitó Uruguay, hace más de una década, había advertido por el porcentaje desmedido personas que estaban presas sin condena firme. Por entonces regía otro código del proceso penal y más del 60% de los reclusos eran simples procesados.
El cambio del código redujo significativamente esos guarismos, al punto que en 2022 se registraban 1.114 presos sin condena de un total de 14.501 privados de libertad, un 7,6%.
Pero a los expertos este porcentaje sigue sin conformarlos. Por un lado, hay quienes se quejan del uso desproporcionado de la formalización con privación de libertad de manera preventiva. Porque si bien el nuevo código solo permite la prisión preventiva si hay peligro de fuga, peligro para la víctima o entorpecimiento de la investigación (artículo 224), la interpretación sigue siendo vaga.
Por otro, según los datos del Ministerio del Interior, hay 143 procesados en prisión. Eso significa que hay más de 100 personas que están detrás de las rejas, sin condena, todavía por el código viejo que entró en vigencia hace cinco años.
