Eduardo Sierra Casal puede ser muchas cosas dependiendo de a quién se le pregunte, pero él prefiere definirse como el “hombre de consulta” al que recurren empresarios y políticos. Fue ayudante del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) hasta que migró a Ecuador, donde pasó a desempeñarse como secretario del presidente Abdalá Bucaram (1996-1997) hasta que le dieron un golpe de estado, y entonces quedó a la orden del legislador Fabián Alarcón, quien inmediatamente después ocupó el sillón presidencial por designación del congreso de ese país.
En junio de 2018, su consejo volvió a ser requerido. Esta vez por el exlegislador y dirigente de la agrupación Todo Por el Pueblo, Alem García, quien entonces le transmitió su intención de volver a la actividad política tras haber dejado de ocupar una banca en el Legislativo en el año 2000. “Le dije que para hacer política se necesita dinero”, contó Sierra a El Observador y tres meses más tarde, en setiembre, García le presentó al empresario multimillonario Juan Sartori.
Hoy, el nombre de Sierra es visto con recelo en el entorno de Sartori. A pesar de que él asegura que fue contactado para crear una estructura política en Canelones –y así lo confirman distintas fuentes consultadas- García negó que se trate de una figura importante en el departamento, y desde el comando de campaña señalaron que él es uno de los que prometió dinero en nombre del precandidato y que la mayoría de las agrupaciones que montó eran falsas.
La asesora de prensa de Sartori, Noelia Franco, dijo a El Observador que de las 40 agrupaciones que Sierra iba a presentar en apoyo del precandidato blanco, quedaron solo tres, luego de que se les aplicara un proceso de “depuración”. En abril, luego de que varios dirigentes se presentaran en el Directorio del Partido Nacional reclamando dinero impago por parte del empresario, el comando de campaña de Sartori emitió un comunicado en que señalaba que a nivel nacional había 40 casos de personas que reclamaban dinero que no les correspondía, de los cuales 20 eran de Canelones. Esas agrupaciones, estaban vinculadas a Sierra, señalaron desde el comando.
Otro que eligió tomar distancia de Sierra fue el dirigente del Movimiento Ciudadanos –uno de los grupos más grandes del sector en Canelones- Diego Burgueño: “Es una persona con la que no tengo interés de mezclarme ni política ni personalmente, pero la dejo ahí”, se limitó a decir.
Sierra aseguró que a él le encargaron crear agrupaciones en Canelones, porque es un “estructurista”, y dijo que allí cumplió un rol “técnico”, aunque se negó a responder si por aquella tarea recibió dinero. Además negó haber prometido dinero en nombre de Sartori, aunque reconoció que se topó con personas que solo pretendían hacer un negocio.
De todas formas, reconoció que él era quien “autorizaba los pagos” en el departamento, y quien montó el “organigrama de funcionamiento”. “Nos fueron dando recursos financieros y logísticos, porque sin dinero no se puede armar Canelones”, agregó. Sierra dijo que mensualmente recibía $ 10 mil por cada una de las cinco agrupaciones que tenía a su cargo, con el objetivo de distribuir el dinero según la necesidad. Esto sin contar los gastos en combustible de los seis autos que tenía para repartir entre los dirigentes, ni tampoco la comida.
Sierra solía visitar con frecuencia la sede de campaña de Sartori en Plaza Independencia 737, hasta que fue echado por la asesora de prensa de Sartori. Si bien figura en una lista como convencional, en el puesto 34, Sierra dijo que luego de que El Observador informara que él había sido perseguido por la Justicia de Ecuador, acusado de contrabandear ropa usada (una causa ya prescripta), hubo una intención de dejarlo al margen para no dañar la imagen de Sartori.
Una investigación llevada adelante por la policía ecuatoriana estableció que Sierra -en 1998 designado coordinador del programa de donativos de la Unidad para la Prevención del Fenómeno del Niño-, presuntamente había utilizado nombres de falsas fundaciones para ingresar al país vestimenta para luego ponerla a la venta en distintas tiendas de Guayaquil, las cuales no pagaron impuestos de importación porque se las hacía pasar como donaciones.
La Justicia de ese país ordenó su captura, pero para entonces Sierra se encontraba en Panamá, junto al expresidente Bucaram, quien se había refugiado en ese país tras el golpe. En enero de 2001 la Justicia ecuatoriana solicitó su captura pero tras detenerlo, el 4 de abril de 2001 Panamá negó la posibilidad de extraditarlo, alegando que la captura tenía motivaciones políticas.
Sierra aseguró que la causa en su contra fue inventada, a raíz de que él había denunciado irregularidades del gobierno de Alarcón. Sierra ya no es perseguido por la Justicia de Ecuador, según consta en dos documentos de la Corte Superior de Guayaquil que da por prescrita la causa en setiembre de 2008.
Asimismo, consta otro proceso por el que un juzgado de Portoviejo lo condenó el 2 de enero de 2003 a cumplir cuatro años de prisión por haber cometido delitos aduaneros. Este caso prescribió el 28 de diciembre de 2012 debido a que se superó el límite de tiempo para capturarlo y hacerle cumplir su pena. Sierra no reconoció este proceso, que consta en los registros públicos de la Justicia de Ecuador, y aseguró que nunca se presentó porque se trató de un proceso ilegal del que nunca fue notificado, y esa es una prueba más de que detrás de él "hay motivaciones políticas", dijo.
Sierra vivió en Panamá hasta 2004. De regreso en Uruguay, en 2008, impulsó el Instituto Latinoamericano de Educación Tecnológica en Lechería y Productos Agroindustriales que fue declarado de interés departamental por la Intendencia de San José el cual estaba enfocado a jóvenes provenientes de familias carenciadas. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a prosperar. Algunos productores de San José que habían entregado leche al proyecto se quedaron sin cobrar. Sierra afirmó que cuando el proyecto comenzó a tener problemas él ya se había retirado. Agregó que perdió dinero con aquella iniciativa.
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