Nacional > CASO TRANSHOTEL
En un club y ante más de 100 personas, fiscal Romano se reunió con damnificados de Transhotel
Este sábado por la mañana el fiscal Fernando Romano llegó al Club Welcome para reunirse con más de 100 de los 700 damnificados de la agencia de viajes Transhotel, tras varias protestas de distintos afectados por las demoras en la investigación por los servicios que pagaron a la empresa y no le fueron otorgados, que comenzó en setiembre de 2022.
Sin embargo, distintas fuentes indicaron que la reunión "fue positiva" tanto para "los damnificados como para Fiscalía". Además, el fiscal le dijo a las personas presentes que cuenta con los "elementos suficientes" para "formalizar" la investigación contra Radamés Montero y Miguel Cammarota, responsables de Transhotel detenidos desde octubre, confirmó a El Observador Graciana Abelenda, abogada de varios de los damnificados por la empresa junto a Santiago Alonso, quien también participó como orador de la reunión.
Según Abelenda, el fiscal no informó cuándo imputará a los empresarios ni por qué delitos, pero aseguró que trabaja en tres posibles delitos: "Libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida o estafa".
Además, le explicó a los asistentes "qué implica cada delito". Los damnificados se mostraron interesados en el causal de "estafa", ya que una condena por este delito implicaría que los responsables no podrían "realizar actividades vinculadas al turismo" por un período de tiempo. "Los damnificados, más allá de resarcimiento, buscan que no haya más damnificados", explicó la abogada de los afectados.
La molestia por la demora y los casos de varios implicados
Desde la defensa de los damnificados indicaron que la reunión surge luego del reclamo de varias personas por la falta de novedades en la investigación penal. Desde octubre de 2022 Montero y Cammarota cuentan con medidas limitativas, como la fijación de domicilio o la imposibilidad de salir del país.
Ante el público presente en las gradas de Welcome, Romano declaró que la investigación sobre el accionar de Transhotel sigue en curso, pero que se atrasó debido a que parte de su equipo se trasladó a la Fiscalía que investiga el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.
La explicación, según Abelenda, dejó conformes a la mayoría de los damnificados presentes, que llegaron en un número "mayor" al que esperaban ya que "el 60% de los 700 vive en el interior".
Muchos de ellos, continuó la abogada, transmitieron su situación al fiscal, en casos que entendían se enmarcaban en los distintos delitos que indicó Romano. Algunos indicaron que "siguen pagando cuotas" de los viajes que no les entregaron, otros que "compraron cuando Montero ya sabía que no podía cumplir", por lo que creen que el caso del responsable debería enmarcarse en una estafa.
Otras personas detallaron que se presentaron ante Transhotel a reclamar sus servicios pagados cuando se conocieron las primeras denuncias y la empresa seguía abierta, y la agencia les brindó "cheques sin fondo".
Algunos de los presentes preguntaron "qué pasó con el dinero" que abonaron, ya que fueron informados por su defensa que el total de deudas de la agencia con los damnificados asciende a los 2 millones de dólares, y que Montero solicitó dos préstamos, uno al Banco República por US$ 300 mil y otro a Itaú por US$ 50 mil, para pagar lo que debía, pero no se lo otorgaron.
Además, al menos tres afectados comentaron en la reunión que "fueron contactados por gente" que luego de no recibir sus viajes les ofrecían los mismos servicios "con precios bonificados", y sospechan que se trató de empleados de Transhotel que conocían cuáles eran los viajes o paquetes que habían pagado. Romano les confirmó a esos usuarios que "se está investigando a otros funcionarios" de la empresa, dijo Abelenda.
¿Cómo avanzan las otras dos vías de investigación del caso Transhotel?
Además de la vía penal, el caso de Transhotel también es investigado en la justicia civil y en la administrativa.
En lo civil la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) otorgó 15 días hábiles desde el pasado 15 de mayo para que los afectados presenten pruebas para el "incidente de calificación", un informe que determinará si existe un grado de "culpabilidad" en el accionar de los dueños de la agencia de viajes, afirmó Abelenda.
Además, la defensa de los viajeros impugnó a mediados de este mes la lista de activos de la empresa, que según un informe de la empresa Bavastro asciende a 110.230 Unidades Indexadas (UI), repartidos en varios inmuebles y un auto. Los abogados defensores cuentan con indicios de que Transhotel contaba con "una flota" de transportes a su disposición al momento de su cierre que no fue declarada.
El informe de Bavastro fue presentado anexo a una verificación de créditos realizada por las autoridades del concurso, que ascendía a $ 52 millones (unos US$ 1,3 millones). Sin embargo, la abogada Abelenda indicó que esta verificación no se pudo culminar porque nueve meses después del inicio del caso "se siguen presentando acreedores".
Por ejemplo, según el decreto 735/2023 del Poder Judicial al que accedió El Observador, el 16 de mayo se presentó a la lista de acreedores de Transhotel la empresa Elbysul S.A., acusando que la agencia le debe $ 11.794.828.
En lo que respecta a la vía administrativa, los usuarios afectados esperan por el pago de la parte que les corresponde de la garantía que Transhotel dejó al Ministerio de Turismo, que asciende a un total de US$ 285 mil y que será repartida en un "prorrateo" entre todos los que denunciaron la situación ante la cartera.
Abelenda destacó que Turismo se comprometió a pagar esta garantía "antes de fin de año", y afirmó asciende a un promedio de cerca del 25% de lo adeudado para cada cliente.
