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Fiscal analiza nuevos elementos sobre pasantías para definir si reabre caso Moreira

Eliana Travers citó para este viernes a tres ediles del Frente Amplio que declararán como testigos, y otros dos harán lo mismo el miércoles 23

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16 de septiembre de 2020 a las 05:04

La fiscal de Colonia Eliana Travers retomó esta semana la indagatoria contra el exintendente blanco y candidato a la reelección por el departamento, Carlos Moreira, por presuntas irregularidades con las pasantías otorgadas durante su gestión (2015–2020), según informaron a El Observador fuentes judiciales.

Travers citó para este viernes a tres ediles del Frente Amplio que declararán como testigos, y otros dos harán lo mismo el miércoles 23. En esas instancias, ratificarán la denuncia realizada contra Moreira en febrero de este año –que incluye renovaciones de pasantías de hijos de directores afines al jerarca–, y aportarán "nuevos elementos" que todavía no fueron evaluados por la fiscal. 

"Ahora se van a empezar a investigar las pasantías, cuáles se renovaron, cuáles están vinculadas a directores o familiares de directores. La idea es que se investigue, se ventile y se prueben" esas cosas, señaló a El Observador el abogado del Frente Amplio, Ismael Blanco.

Moreira –candidato favorito en las elecciones municipales para este 27 de setiembre– ya había sido investigado por Travers el año pasado, a raíz de la viralización en octubre de una serie de audios en los que el entonces jerarca parece ofrecer una pasantía a cambio de sexo a la edila María José García. Casi cuatro meses después, en febrero, la fiscal archivó el caso al entender que no había "elementos objetivos suficientes" como para imputar a Moreira por los delitos de abuso de funciones, concusión y abuso sexual, que fue lo que entonces analizó.

La decisión fue recurrida por el abogado de la edila García, Fernando Duro, y la fiscalía de Carmelo revisó lo actuado por Travers, aunque confirmó el archivo. Sin embargo, los ediles frenteamplistas, en lugar de también solicitar el reexamen del archivo, eligieron presentar más información que apunta a presuntos delitos contra la administración pública, y Travers se reunió con cinco ediles denunciantes este martes, que fueron acompañados por Blanco. Allí, según contó el edil Daniel Almada –coordinador de la bancada frenteamplista–, le preguntaron a la fiscal "a qué se debió la demora" en analizar la nueva documentación –presentada por ellos hace ya siete meses– y resolver si finalmente reabrirá el archivo de la causa o mantendrá la clausura.

Travers les contestó que mientras la fiscalía de Carmelo analizó el archivo, decidió esperar a la resolución porque no podía saber si sus colegas de Carmelo –Paola Nebot y Natalia Charquero– continuarían con la indagatoria o confirmarían el archivo, que fue lo que ocurrió el 17 de julio pasado.

Ahora, con ese obstáculo despejado, la fiscal comenzó a "estudiar los elementos" aportados por los testigos, que serán cotejados con las declaraciones que recibirá el viernes y miércoles próximos, y en función de eso evaluará "si hay mérito o justificaciones para reabrir el caso", contaron allegados a Travers.

"La fiscal se mostró muy comprometida con la causa, y de darle un cierre prolijo al tema con todos los elementos a la vista, algo que hasta ahora no ha ocurrido", señaló Almada.

Consultada sobre ese punto, Travers declinó hacer comentarios.

Las renovaciones cuestionadas y el pronunciamiento de la Jutep

Entre las presuntas irregularidades que Travers tiene en su carpeta, se encuentra la renovación de pasantías mediante un procedimiento presuntamente irregular a los hijos del subdirector de Acción Social de la comuna, Julio Castrillo, y del director de Relaciones Públicas, Jorge Torres, entre otros casos.

Según la denuncia, los hijos de esos funcionarios lograron, cada uno, que la administración les renovara siete veces la beca como pasantes. Las pasantías tienen una duración de seis meses, por lo que eso significa que los jóvenes trabajaron en la comuna como pasantes al menos tres años y medio.

En febrero, El Observador consultó a Castrillo sobre el tema, pero se negó a dar declaraciones, y Torres, por su parte, no contestó a los llamados y mensajes.

El entonces intendente Moreira también fue consultado. Primero respondió que tampoco iba a hacer declaraciones porque el tema estaba "en la Justicia”, pero luego aseguró:  “Yo ya contesté un pedido de informes (en referencia a la Jutep), así que no voy hacer declaraciones sobre el tema. Ha habido renovaciones de varios (pasantes) y más de una. Eso es lo que le puedo decir”. Ahora, tampoco respondió los llamados.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se expidió sobre el asunto el 7 de febrero, también a pedido del Frente Amplio. Se trata un informe que también forma parte de la carpeta de la fiscalía. 

El directorio del organismo –que en ese momento estaba integrado por Ricardo Gil Iribarne, Matilde Rodríguez y Daniel Borrelli– definió que la Intendencia de Colonia incumplió con las normas sobre pasantías establecidas por la propia comuna.

El organismo pedido a Moreira que explicara el régimen vigente de pasantías –el programa Primera Experiencia Laboral que creó el jerarca en su primera administración (1995)–, así como la cantidad de beneficiados desde julio de 2015 –cuando comenzó la actual administración– hasta la fecha. Como respuesta, la Jutep recibió la información que en ese período ingresaron un total de 788 pasantes a la Intendencia de Colonia. En ese período, además, la intendencia otorgó a 43 pasantes prórrogas, algunas por más de seis veces. 

El documento del organismo sostiene que el régimen no es acorde a la normativa nacional, que contradice "el espíritu del plan departamental", y que en las renovaciones "no hay ninguna referencia a la calificación de 'excelente'" ni se mencionaba "que se haya realizado el sorteo ante escribano".  

Además, criticó que "en la mayoría de los casos" los "fundamentos" de las renovaciones eran "breves y genéricos".

La Jutep también había concluido en ese informe que las conductas de Moreira y la edila García violaron "los principios de interés público, probidad, legalidad e imparcialidad", previstos en las normas de la función pública del decreto 30/003 y en la ley del Código de Ética del año pasado.

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