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Intendencias concurrirán a casas ante denuncias de reuniones de más de 10 personas
Tras la sesión del Congreso de Intendentes de este jueves, los jerarcas comunales establecieron criterios comunes para aplicar y fiscalizar el paquete de medidas dispuestas este miércoles por el gobierno nacional para reducir la movilidad de la población y frenar el crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus. Para ello, el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, y los intendentes Richard Sander y Andrés Lima, tuvieron una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para definir detalles que no estuvieron en los anuncios que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en su última conferencia de prensa.
Se acordó que las intendencias tendrán la tarea de exhortar a la población a evitar las reuniones que superen las 10 personas, y que acudirán a las viviendas en donde se registre esa situación, junto con la policía y personal del Ministerio de Salud Pública. Estos operativos serán de las mismas características que los que se vienen haciendo ante denuncias de fiestas clandestinas o ante las aglomeraciones que se generen en la vía pública, según dijo Vidalín a El Observador. Para esto último, sin embargo, los intendentes esperan que el Parlamento reglamente este viernes la limitación al derecho constitucional de reunión, y para lo cual se definirán parámetros que establezcan cuándo una concentración de personas contiene riesgo sanitario y debe ser disuelta.
El intendente de Durazno advirtió que la tarea de las autoridades será de "convencimiento o de persuasión" a que se eviten las reuniones domésticas que superen el número máximo, tal como también recomendó el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), al menos entre el 21 de diciembre y 10 de enero, el plazo de vigencia definido por el gobierno para la mayoría de las últimas medidas.
Otro de los puntos que a criterio de los jefes comunales no había quedado definido es la regulación de los establecimientos definidos como "afines" a los restaurantes, bares y pubs, que desde el 1° de diciembre no pueden permanecer abiertos luego de la medianoche. Con Delgado, los intendentes acordaron que el resto de los establecimientos que deberán acogerse a esa limitación son los shops de las estaciones de servicio y los supermercados que trabajan las 24 horas.
También se definió que, en las oficinas municipales en donde el teletrabajo obligatorio pueda resentir el servicio, se establezca un sistema de rotación semanal para los funcionarios y así evitar la suspensión total de la presencialidad.
Quedará para los próximos días la definición de las multas en los casos de incumplimiento de las medidas, así como la instrumentación de la fiscalización del uso del tapabocas, algo que también anunció Lacalle Pou, señalaron a El Observador fuentes políticas.
Termas abiertas
Como forma de incentivar el turismo siempre y cuando se cumplan los protocolos sanitarios –algo que este miércoles promovió Lacalle Pou–, la Intendencia de Salto decidió que no cerrará las termas del departamento, aunque tendrá el aforo limitado a 600 personas por día. Como argumento, el intendente Lima entiende que no se constató hasta el momento ningún caso de coronavirus en las piscinas.
Por contrapartida, el jerarca dispuso que el transporte público –que en Salto es municipal– quedará suspendido desde las 14 horas del sábado hasta las seis de la mañana del lunes, al menos desde el 21 de diciembre al 10 de enero, dijeron a El Observador allegados al jefe comunal.
A nivel general, los campings también continuarán abiertos, bajo estricto cumplimiento de la seguridad sanitaria.
