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Juez argentino reconstruyó últimas horas de Michelini y Gutiérrez Ruiz

Rafecas confirmó que los políticos uruguayos estuvieron en cautiverio en el centro Bacacay
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24 de diciembre de 2022 a las 05:00

En la causa que en Argentina se conoce como Primer Cuerpo de Ejército en la que se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, faltaba una pieza del rompecabezas. El juez federal Daniel Rafecas logró encajar esa pieza y confirmar que el senador uruguayo Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, antes de ser asesinados, permanecieron cautivos en el centro de detención Bacacay, en donde fueron sometidos a torturas.

La casa ubicada en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Flores, estaba en la misma manzana de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que funcionó en la dictadura argentina (1976-1983). Según explicó el juez Rafecas a El Observador pudo confirmar la sospecha que tenía en base a información que fue recopilando en la causa sobre que antes de Orletti funcionó Bacacay y que allí fueron llevados los políticos uruguayos detenidos junto a Rosario Barredo y William Whitelaw en mayo de 1976 en Buenos Aires.

El magistrado confirmó que dispuso la detención de seis agentes de la SIDE que la próxima semana serán interrogados. En esa causa judicial ya hay entre 12 y 15 condenados por su participación en Orletti pero ahora se abre otro capítulo de la causa con las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes, en Bacacay.  

Una investigación de 17 años

Hasta el momento, en la investigación se había probado que Gutiérrez Ruiz y Michelini habían sido detenidos el 18 de mayo de 1976 en un operativo ilegal, y que habían permanecido cautivos en un sitio no identificado, para luego ser asesinados a tiros dentro del auto marca Torino en el que fueron encontrados el 21 de mayo, junto a Barredo y Withelaw.

La pareja había sido secuestrada el 13 de mayo junto a la hija de Barredo, Gabriela de 4 años, y los hijos de ambos, María Victoria de 1 año y medio, y Máximo de apenas dos meses de edad. Ahora se confirmó que los cinco permanecieron en cautiverio en Bacacay hasta que la pareja fue trasladada para ser ejecutada.

La investigación del juez Rafecas determinó que el centro de detención y tortura de Bacacay 3570, funcionó entre marzo y mayo de 1976. 

Rafecas inició la investigación en 2005 poco tiempo después de asumir como juez federal de Buenos Aires en 2004. La indagatoria se inscribe dentro de lo que fue la coordinación de militares de los países del Cono Sur para torturar y asesinar a opositores a las dictaduras y que operó en la década de 1970, denominado Plan Cóndor.

La mención a la existencia de una base en la calle Bacacay, que habría existido con anterioridad al centro de detención “Orletti”-surgió desde el inicio de la investigación, sin embargo, los datos que recabados en el expediente eran insuficientes para identificar la casa. 

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar en Argentina, en los cuales se consignó que el inmueble había sido alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, quien como se probó en el Juzgado Federal 3, habría actuado con varios integrantes de la Secretaría de Inteligencia. Algunos de los condenados  por esa causa son Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz, quienes se probó que actuaron bajo las órdenes de varios militares de la SIDE.  

La vivienda, que hoy es una casa de familia y sobre la cual el juez Rafecas dictó la prohibición de innovar, es decir que no se podrá vender ni reformar, conserva aún el pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas algunas de las víctimas.

Según los avances que se han realizado en la causa, se ha acreditado al menos el cautiverio de 31 personas en este centro clandestino, que fueron sometidas a tormentos, y el homicidio de nueve de ellas. 

Rafecas contó a El Observador que una de las pruebas fundamentales para acreditar el cautiverio de Michelini y Gutiérrez Ruiz en este centro clandestino, fue la declaración de Gabriela Schroeder, quien si bien tenía 4 años al ser secuestrada, brindó específicas referencias con respecto al lugar de cautiverio, que permitieron su identificación como Bacacay. 

“Ella recordaba el sótano de la casa que era muy particular y detalles del baño, el patio descubierto, la entrada del lugar, la cocina, los pisos del inmueble, la habitación en la cual permaneció junto a sus hermanos, y los ruidos que se escuchaban desde el lugar”, contó el juez. Esa descripción además fue coincidente con los relatos de otras víctimas que se probó permanecieron en Bacacay, como Anita Larrea de Jaroslavsky, Emma Le Bocec o Cristina Micieli, y con las aportadas por María Ester Poggi, compradora del inmueble de Bacacay en el año 1977.

De hecho, la propietaria de la casa recordó haber visto fotos de Automotores Orletti, donde se suponía que podían haber estado cautivos. 

También resultó revelador el testimonio del uruguayo Juan Ignacio Azarola Saint, quién estuvo cautivo en la misma fecha y recordó que se escuchaba corretear y jugar, a un niño y a una niña de alrededor de 4 a 6 años de edad, a quienes se les prohibía acercarse a determinadas habitaciones del centro clandestino. El testigo dijo que pensaba que se trataba de los hijos de Gutiérrez Ruiz, quien juntamente con Michelini, habían sido secuestrados 48 horas antes. 

La investigación del juez Rafecas logró probar además que el Grupo Operativo que conformaba la llamada OT 18 en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado, no sólo conformó Automotores Orletti, sino también Bacacay, y quedó demostrado que comenzó a usarse como centro de detención desde marzo de 1976.
Según explicó el juez resultó importante también la información proporcionada por un periodista que había tenido una fluida comunicación con uno de los victimarios, que terminó identificándose como Miguel Ángel Furci –condenado por su actuación en Orletti-, en donde aparecen múltiples datos que fueron corroborados en la investigación, y entre ellos, la referencia a que el personal responsable del secuestro de Zelman Michelini y Gutiérrez Ruiz era el destinado a la base de Bacacay.
También declararon Juan Pablo Gutiérrez Ruiz y Zelmar Eduardo Michelini, hijos de las víctimas, y a partir de dichos elementos y otros agregados a la causa, concluyó que el personal que intervino en ambos operativos era el mismo que actuaba en la base de Bacacay, surgiendo especiales referencias a Aníbal Gordon, y a Osvaldo “Paqui” Forese. 

El juez también valoró que Margarita Michelini, hija del senador, fue secuestrada por Paqui y llevada a Orletti, donde varios victimarios resaltaban el parecido con su padre, y que fue ella quien en Montevideo, vio la máquina de escribir que los mismos perpetradores habían secuestrado en el operativo llevado a cabo en el Hotel Liberty.

De esta forma, Rafecas probó que bajo la órbita de la entonces SIDE funcionó primero Bacacay, y luego Orletti, centros de detención que compartieron el mismo personal de mando y que Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, permanecieron en Bacacay, hasta que fueron sacados para su posterior homicidio.

Los detenidos

La orden de detención del juez Rafecas incluye a seis agentes que cumplieron funciones en la SIDE. Ellos son el agente de Inteligencia Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, quien falleció en octubre pasado, antes de que se emitiera la orden de detención. Los otros detenidos son César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Patricio Miguel Finnen y Luis Nelson González. Rafecas también libró una orden de detención internacional para Daniel Oscar Cherutti, quien está radicado en Italia. 

Si bien estas personas ya venían siendo indagadas, las defensas pidieron más tiempo para estudiar las pruebas. Es por ello que la semana que viene serán interrogados por el juez y luego Rafecas dictará la resolución. Si son imputados deberán cumplir prisión preventiva mientras aguardan el inicio del  juicio oral en los próximos meses. En Argentina el proceso penal es similar al actual de Uruguay. l

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