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Fiscal general adjunto, Juan Gómez

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Las tres "dificultades prácticas" que planteó Fiscalía para que se centralicen investigaciones sobre lavado

Una de las tres fiscalías de Montevideo que iría a tener a su cargo esa tarea debió ser sacada del régimen de turnos ya que tiene 1.000 casos en carpeta

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20 de septiembre de 2021 a las 05:00

La Fiscalía General de la Nación expresó su beneplácito por la decisión de la Cámara de Diputados de retirar el artículo 241 de la Rendición de Cuentas, que proponía centralizar en fiscalías especializadas las investigaciones sobre lavado de activos. Una iniciativa que viene generando un intercambio entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo y que está lejos de resolverse. 

El proyecto, defendido por el Ministerio del Interior y por la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft), planteaba que los fiscales departamentales del interior tendrían competencia para tomar "medidas urgentes e impostergables" en relación a este tipo de delitos. Cumplida esa instancia, deberían remitir las actuaciones a la Fiscalía Penal de Estupefacientes de Montevideo, que tendría "competencia nacional" para continuar la investigación. 

"No nos duelen prendas para informar que la Fiscalía General de la Nación no fue consultada sobre la pertinencia y la necesidad de esta norma, variando lo que fue una práctica sana y absolutamente republicana de consultar a otros operadores", advirtió este miércoles el fiscal general adjunto, Juan Gómez, al exponer sobre el mensaje presupuestal en el Senado. 

La norma propuesta, remarcó, no apunta a lo que se busca y no es la vía correcta para un correcto combate al lavado de activos. Así, ante el planteo de algunos senadores nacionales de volver a incluir la propuesta en el texto, Gómez expresó su "deseo ferviente" de que el artículo retirado no se apruebe. 

La necesidad de centralizar la investigación sobre lavado de activos había sido defendida por el ministro Luis Alberto Heber, por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y especialmente por el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, bajo el argumento del bajo número de operaciones exitosas contra el lavado. 

A mediados de este mes Chediak había comparecido ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Allí explicó que, en un universo de más de 6.000 delitos precedentes del lavado de activos, sin contar rapiñas o hurtos, en 2019 hubo 44 imputaciones por lavado de activos, 37 por asistencia al lavado, cinco por posesión y tenencia de activos, dos por ocultamiento de este tipo de activos y ninguna por conversión o transferencia de bienes.

El año pasado se pasó a 73 imputaciones, mientras que entre enero y marzo de este año fueron 25 las imputaciones. "Tenemos un problema", advirtió Chediak. "Los números de imputaciones son bajos. Ni hablar de las condenas, que creo que los dedos de una mano bastarían para enumerarlas", señaló.

Sin embargo, para la directora de la Unidad Especializada de Litigación de la Fiscalía General de la Nación, Adriana Sampayo, si la norma prospera lo que ocurrirá es que los números bajen todavía más. Al respecto, Sampayo planteó tres dificultades prácticas. 

La primera sería la dificultad para los fiscales de investigar a distancia, ya que las tres fiscalías de Estupefacientes de Montevideo deberían abarcar casos de lavado de activos en todo el país, sin estar en el terreno donde ocurren los hechos que son el núcleo de los delitos que se investiga. 

A esto se suma, apuntó, que esas tres sedes cuentan con equipos de tres personas cada una, que tendrían que hacerse cargo de todos los casos y, sobre todo, lograr los resultados favorables esperados. 

Sampayo remarcó por otra parte que la propia norma marca que las primeras medidas deberán ser tomadas por el fiscal departamental del lugar donde ocurre el delito, lo que significaría un "quiebre" en la investigación, que podría ocasionar la pérdida de información recolectada en el sitio en el que ocurrió el hecho. 

Otra razón práctica, y la fundamental, es que se estaría separando la investigación del delito de lavado de lo que es el delito precedente que se comete en forma previa y por el que se generan los activos que después se lavan. 

En ese marco, dijo, habría un fiscal en el interior investigando a una persona por tráfico de drogas y otro colega en Montevideo investigando a la misma persona por el lavado generado por ese tráfico. Además de los efectos prácticos, se violentaría el artículo 32 del Código Penal, que define que cuándo hay casos conexos o cometidos por una sola persona, deben ser investigados en forma conjunta. 

La situación plantearía a su vez la posibilidad de que hubiera dos juicios orales hacia el mismo acusado. 

Al respecto, una de las tres fiscalía de Estupefacientes de Montevideo tuvo que ser retirada momentáneamente del régimen de turnos, ya que tenía 1.000 carpetas pendientes de investigación. 

Sampayo propuso la conformación de un grupo de trabajo entre todos los operadores intervinientes a los efectos de analizar un proyecto de modificación legal que permita que estos casos se puedan investigar y juzgar de forma más pronta de lo que se hace hoy. Algo imposible, reiteró, con la reforma hoy planteada. 

Ante la Fiscalía la senadora nacionalista Graciela Bianchi dejó en claro, "por razones de honestidad intelectual", que procurará que el artículo 241 vuelva a integrar la Rendición de Cuentas y sea aprobado. "Todos sabemos que detrás del lavado que nos interesa perseguir hay grandes organizaciones. Allí se necesita muchísima especialización, y no hay problemas de datos ni de pruebas porque la mayor parte de las cosas son electrónicas", dijo. "Si hay que trasladar testigos, se hará". 

"No todo el mundo está formado ni tiene por qué estarlo", apuntó. "Nosotros bregamos por los juzgados especializados y, en este caso, por una fiscalía especializada", sostuvo.

 

 

 

 

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