El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, visitó el 24 de febrero la cárcel de Domingo Arena, donde se encuentran varios de los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, y confirmó a El Observador que planea un nuevo proyecto de ley con "base jurídica" que pretende dar una "solución de fondo" a la situación de estas personas.
Lust aseguró que está estudiando la base argumentativa del proyecto, que informó será de un artículo, y detalló que estará listo a finales de marzo. Según declaró, el texto podrá generar un rechazo político, pero no cree que tenga una refutación "jurídica".
Lo ve, hasta ahora, como "un aporte a la discusión", a pesar de que no cree que se sancione porque a veces "lo político está por encima de lo jurídico", explicó.
El diputado de la coalición busca que los detenidos en Domingo Arena tengan "otro método de pena", como la prisión domiciliaria, o la libertad, y aclaró que "no entra" en la discusión de si las personas implicadas cometieron o no crímenes de lesa humanidad.
En la reunión los presos le transmitieron a Lust que creen estar "injustamente presos", y sostienen que "el sistema los olvidó", pero no hablaron de "lo que hicieron", contó el legislador de Cabildo Abierto.
Segundo intento
Este sería el segundo intento de Cabildo Abierto en busca de intentar sacar a los represores de Domingo Arena, junto con el proyecto de ley que pretende dar prisión domiciliaria a todas las personas mayores de 65 años.
Ese proyecto es impulsado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien el 24 de diciembre de 2021 también visitó Domingo Arena para saludar a los detenidos previo a Navidad, junto al senador Raúl Lozano.
En esta reunión los cabildantes transmitieron el proyecto a los presos, y Lozano declaró a El Observador que tenía confianza en que se llegarían a los votos necesarios para sancionar la ley con el apoyo de blancos y colorados.
Sin embargo, ninguno de los partidos de la coalición mostró su apoyo explícito a la iniciativa de Cabildo Abierto, y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, recomendó rechazar la iniciativa.
"No se puede establecer un régimen de prisión domiciliaria automática para un determinado grupo de población. Eso tiene que ser resuelto caso a caso. Al hacerlo con un automatismo de que sea obligatorio para el juez se rompe con toda la lógica del Código de Proceso Penal (CPP), que al país le costó décadas superar", dijo Petit en rueda de prensa el 23 de noviembre.
