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Narcos utilizaron canal libre de controles para enviar 4.500 kilos de droga a Alemania
El informe de las autoridades alemanas que señala que el contenedor con 4.500 kilos de cocaína que fue incautado en el Puerto de Hamburgo partió desde Uruguay ya con la droga en su interior, encendió las alarmas en la Dirección Nacional de Aduanas y en la Administración Nacional de Puertos.
Pero, aunque el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, anunció este jueves que se adquirirá un escáner valuado en US$ 3 millones para registrar contenedores y se instalará una oficina de Inteligencia de Prefectura en Aduanas para mejorar sus análisis de riesgo, esas medidas podrían no evitar que se produzca un episodio similar.
Es que según supo El Observador, el contenedor con 4.500 kilos de droga salió del puerto de Montevideo por el llamado “canal verde” de las exportaciones, una categoría que reciben aquellos cargamentos que revisten muy bajo riesgo. El dirigente del sindicato de aduaneros, Basilio Pintos, señaló que el 95% de las exportaciones caen en esa categoría, en la que no se hace ninguna revisión, ni documental, ni a través del escáner con el que ya cuenta el puerto.
El otro 5% corresponde a mercaderías que salen bajo el llamado “canal rojo”, aquel que supone mayor riesgo y en el que los funcionarios están obligados a revisar la documentación así como a inspeccionar personalmente las cargas. Aquellas exportaciones a destinos poco frecuentes o exportadores sin antecedentes de ventas fuera del país, suelen ser puestos en esa categoría.
El contenedor con droga salió por el canal verde como la amplia mayoría de las exportaciones por tratarse de soja, y porque la empresa exportadora tiene antecedentes de venta de este producto. El Observador pudo constatar que en 2018, esa firma vendió con destino a Bélgica tres cargamentos cuyo valor totalizó US$ 90 mil.
El Observador se comunicó con el despachante de Aduana que participó de la operación, quien dijo que tanto su cliente como él no fueron hasta el momento citados por la fiscalía. El caso es manejado con reserva por la fiscal Mónica Ferrero, pero según señalaron fuentes del caso, ya se han tomado declaraciones.
Una de las lineas de investigación que sigue la Fiscalía es que la empresa exportadora no fue la que cargó el contenedor, sino que para eso se contrató a una firma ubicada en Los Cerrillos. Los investigadores intentan determinar si efectivamente fue en esa etapa que se cargó la droga.
El directorio de la ANP resolvió el miércoles tomar nuevas medidas de seguridad para frenar el tráfico de bienes ilegales en contenedores que parten del Puerto de Montevideo. “Una confirmación de tal hipótesis supone un cambio inmediato en el análisis de riesgo a que está expuesto el puerto de Montevideo. Las medidas se impondrán con carácter reservado y serán dadas como órdenes de funcionamiento a las áreas dependientes de ANP y como sugerencias ante las instituciones de Prefectura y la Dirección Nacional de Aduanas. Estas medidas son independientes de las que quepan por la responsabilidad de las empresas si estas tienen vinculación con ANP (agentes, operadores y despachantes)”, señala la resolución que fue divulgada en Twitter por el organismo.
En abril, la aduana alemana había descubierto 440 kilos de cocaína en un contenedor cargado con sacos de arroz uruguayo. Sin embargo, en aquella oportunidad las autoridades comprobaron que la droga no había sido cargada en Uruguay, sino en Santos, donde el contenedor había hecho escala.
El riesgo de la cadena contaminada
Marcel Barceló, especialista en seguridad en logística del comercio exterior y ex asesor de la Aduana en el armado del programa de Operador Económico Calificado (2013-2015), dijo a El Observador que “es materialmente imposible controlar todos los contenedores” que salen del puerto, por lo que mecanismos como los niveles de riesgo suelen ser útiles para concentrarse en aquellas cargas sospechosas.
De todas formas, Barceló dijo que para engañar a las autoridades, los narcotraficantes pueden adquirir una empresa legalmente constituida que ya tenga una reputación exportadora, o bien “contaminar” parte del proceso logístico, muchas veces a espaldas de la firma que exporta. El especialista señaló que en Uruguay la percepción del riesgo es baja, pero este tipo de situaciones se dieron con frecuencia en países como Perú o México.
“Estamos preparados para que no nos saquen cosas de nuestros contenedores, pero no para que nos pongan nada”, opinó.
El programa de Operador Económico Calificado de la Aduana busca que empresas que participan de la cadena logística sigan un estándar de seguridad y de control, de modo de que puedan tener mayor trazabilidad de sus procesos, y evitar así que la carga se contamine o que al menos se pueda identificar en qué punto pudo haberse introducido algún bien ilegal, como droga o contrabando.
Para Barceló, episodios como el registrado con la droga incautada en Hamburgo, puede tener efectos económicos negativos si la situación se vuelve habitual. “Si desde el exterior se percibe que la carga que viene de Uruguay tiene mayor riesgo, entonces se la inspecciona con mayor rigurosidad, lo que aumenta los costos”, explicó.
Este jueves el canal internacional alemán Deutsche Welle publicó un informe que señala a Uruguay como el “nuevo centro mundial del narcotráfico”. El editor de InSight Crime, una red de periodistas con sede en Washington que se especializa en investigar el crimen organizado en América Latina, Chris Dalby, dijo a la DW que Uruguay junto con países como Costa Rica y Chile, históricamente ha sido considerado un país “bastante estable y seguro”, una reputación que “ya no refleja la realidad de hoy".
Según Dalby, Uruguay no tiene grandes problemas de violencia, lo que provocó que las autoridades sean más complacientes y que los controles fronterizos sean “insuficientes” en comparación con otros países latinoamericanos. “Esta vulnerabilidad está siendo explotada por los carteles de drogas de América Latina, junto con sus clientes en Europa”, dijo.
"La cocaína boliviana ha estado en el mercado europeo a través de Uruguay durante al menos 10 años", dijo Dalby. Las autoridades en Uruguay se dieron cuenta del problema desde hace mucho tiempo, pero darse cuenta de el problema no necesariamente significa que hicieron algo al respecto", agregó.
