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2 de septiembre 2023 - 5:04hs

Dirigentes de las tres corrientes sindicales decididas a hacer un plebiscito por seguridad social lograron en la noche del miércoles un intrincado acuerdo que estuvo en peligro en varios momentos de la jornada. La línea de los comunistas debió ceder en favor de la unidad, que permitirá en la próxima Mesa Representativa de la central renovar la foto de la división interna, esta vez con dos tercios de la dirigencia votando unida el contenido de la papeleta

"Todo indica que esta propuesta puede tener un amplísimo respaldo", anunció de cara al próximo jueves Marcelo Abdala, al que de todas las filas coinciden en señalar como el gran artífice de que el PIT-CNT se embarque en una consulta popular hacia 2024. Fue el que lo puso en agenda en una primera etapa y, tras quedar en minoría con los más radicales, el de la cintura política para dar el brazo a torcer y negociar con ellos ciertos puntos de interés. 

El más sensible de ellos –y resistido por buena parte del Frente Amplio– fue el de la eliminación de las AFAP, impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y respaldada en una exigua mayoría en la central por los socialistas y la Coordinadora de Sindicatos. 

A grandes rasgos, el texto acordado busca suprimir a través de la Constitución el pilar de ahorro individual, con una transición regulada por ley dentro de los siguientes dos años de sancionada la enmienda y un posterior fideicomiso en la órbita del BPS que absorba los casi US$ 20 mil millones hoy gestionados por AFAP. 

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La corriente Gerardo Cuesta –que nuclea a la dirigencia más afín al Partido Comunista y representada en las conversaciones por el propio Abdala– negoció esa fórmula ante la iniciativa original de la ATSS. Ese primer texto –con el asesoramiento de los abogados Juan Ceretta y Valeria España– procuraba suprimir las administradoras privadas en un plazo no mayor a seis meses. El propio Ceretta había reconocido a El Observador que la suya era una redacción "mucho más detallista": "Deja menos margen a futuros gobiernos para cambiarlo".

Camilo dos Santos Archivo, fachada de República AFAP

"Entendimos que políticamente podía ser un problema, había que dar cierto aire", reconoció la titular de la ATSS, Karina Sosa. De prosperar la reforma constitucional, el próximo gobierno al menos tendría 24 meses para legislar el cierre de las AFAP.

Otras de las disposiciones manejadas en borradores –que finalmente quedarían por el camino– encomendaban a las cajas paraestatales a seguir las mismas medidas, establecía que el nuevo fideicomiso volcara al BPS "de forma semestral" sus utilidades, mencionaba directamente al Banco República como el administrador y planteaba que Rentas Generales soportara cualquier exoneración tributaria vinculada al sistema. 

Según supo El Observador, varios legisladores del Frente Amplio accedieron en reserva a estos contenidos en las horas previas a que la central anunciara el acuerdo, y los leían con alerta. La coalición de izquierdas se encamina a dar libertad de acción, con el MPP y los seregnistas manifiestamente en contra del mecanismo emprendido por el PIT-CNT, al que consideran un "importante error estratégico" que interfiere en la campaña de 2024. 

"Si quieren hacer campaña contra el FA, no nos vamos a prestar", había advertido hace días un dirigente del Partido Comunista a El Observador, en la incómoda posición de tener que conciliar con los radicales a nivel sindical, pero sin poder descuidar a nivel partidario el pragmatismo de una fuerza que aspira a llegar al poder, además de ser el principal soporte de la precandidatura de Carolina Cosse. 

El senador Óscar Andrade había prometido a los sindicalistas que "no van a estar solos" en lo que decidan, aunque la estructura se había limitado a comprar más tiempo para buscar "el más amplio consenso posible". Con dos tercios del PIT-CNT de acuerdo en la misma papeleta y el grueso de su base sindical jugada por la unidad, los comunistas tienen poco margen para desmarcarse de la consulta popular tan resistida por otros sectores. 

"Yo creo que (lo acordado en el PIT-CNT) va en coincidencia general con la apuesta a lograr una redacción de consenso de la papeleta, que ya había fijado los tres elementos principales", adelantó el dirigente del Gas y titular de la Conferencia Departamental del PCU en Montevideo, Alejandro Acosta. 

Cuando dirigentes como Abdala, Karina Sosa (ATSS), Gerardo Rodríguez (Fancap) y Juan González (Postales) –entre otros– sellaban en la noche del miércoles el acuerdo, el referente por la corriente moderada Articulación, Milton Castellanos, ya se había retirado de la reunión, y transmitía a los suyos que no había acuerdo en la comisión.

La delegada de En Lucha –el otro espacio sindical que ha arremetido contra un plebiscito– pidió por su parte a los compañeros que no hablaran ante el Secretariado Ejecutivo de un "acuerdo" dentro del equipo designado para redactar la papeleta, sino de un consenso entre las partes interesadas que no los abarcaba a ellos. 

Las filiales más críticas con el plebiscito empiezan a plantearse no plegarse a la campaña y dar libertad de acción a sus afiliados, o al menos analizar la magnitud de aportes extraordinarios a invertir por una causa que consideran un error político y jurídico. 

Foto: Leonardo Carreño. Sede del PIT-CNT

"La experiencia indica que si el carro va directo a la victoria, se suben todos, y que quedás manejando solo cuando va a la derrota", dijo al respecto el socialista Gerardo Rodríguez (Fancap), uno de los pioneros en la larga discusión para alinear a la izquierda en el referéndum por la LUC, y que ahora lleva insistiendo hace más de un año en un plebiscito por seguridad social. "Si esto va a la victoria, te aseguro que no va a haber lugar en el carro para la foto", sentenció a El Observador. 

También Marcelo Abdala defiende que incluso una eventual derrota en las urnas significa una "batalla a dos tiempos", con una izquierda que llega a las elecciones con todo su músculo militante activo y que, de acceder al gobierno, igual ha anunciado un diálogo social para volver a reformar el sistema.

Varios discrepan de plano, como el propio exministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien pese a su histórico rechazo a las AFAP, admitió a Búsqueda:  "Una herramienta inadecuada en su contenido y con pocos apoyos políticos y sociales le crea una expectativa a la gente que no solamente genera una frustración, sino además consolida aún más un sistema".

AFAP y constitucionalista en contra

"En términos generales parece ir a contrapelo de a dónde se mueve el mundo en sistema previsionales. Todos los sistemas en general están tratando tener en el ahorro individual una contención a lo que no pueden sostener los sistemas de reparto por la propia demografía, que es una variable que no está bajo el control de nadie", cuestionó el presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), Sebastián Peaguda, quien añadió a El Observador que la papeleta del PIT-CNT "pone el eje en quién administra los recursos en vez de administrarlos en términos de sostenibilidad financiera". 

"Hay que entender que el ahorro de los trabajadores con cuentas individuales, aunque no sea líquido hoy, es patrimonio de ellos, no del Estado", afirmó el representante de las tres administradoras privadas, quien no descartó un "asesoramiento externo" a futuro en caso de prosperar la recolección de firmas en estos términos. 

El constitucionalista Martín Risso evaluó en tanto que "si se da la opción a los trabajadores como a los Cincuentones, ahí cada uno toma su decisión, el problema es que pasan todos (de AFAP al BPS)".

En entrevista con En Perspectiva, cuestionó la "inexistencia de gradualidad" en la enmienda propuesta por la central sindical –al poder abarcar por su redacción incluso a actuales jubilados por el sistema mixto–, y cuestionó: "Me podrán decir que el BPS va a pagar exactamente lo mismo… pero no es lo mismo. Una cosa es que una parte la pague las AFAP y otra el BPS, y no que todo pase al BPS. Colocan a todos en un régimen de una cierta incertidumbre". 

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