Lo más significativo del proceso político, legislativo y gubernativo de la llamada “ley forestal” es que ha estado ajustada a las reglas de juego de la democracia y apegada al cumplimiento del ordenamiento jurídico de una república. Por otra parte, quitando el chisporroteo político que generó la acción de una mayoría circunstancial en el Parlamento, aun reconociendo que el episodio generó malestar en el oficialismo, no parece haber puesto en cuestión la marcha del gobierno multicolor.
El presidente Luis Lacalle Pou desdramatizó el suceso político. Tanto por el lado de que su socio Cabildo Abierto haya avanzado hasta el final con el opositor Frente Amplio, en una propuesta legislativa que prohíbe la plantación de árboles con destino industrial en tierras que no sean de prioridad forestal, entre otras limitaciones, como el veto que introdujo el Poder Ejecutivo.
Es acertado dejar la pasión a un lado, más allá de que la manera en cómo marca perfil el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no solo en el tema forestal, incomoda al gobernante Partido Nacional y también al coaligado Partido Colorado.
Un análisis desapasionado en torno a la “ley forestal” está lejos de mostrar un final alarmista; incluso muestra una vez más que la institucionalidad goza de buena salud.
Compartimos los fundamentos del Poder Ejecutivo para vetar la ley, pero ello no supone que Cabildo Abierto no tenga derecho a promover sus propias iniciativas que hablan de su orientación ideológica como de su estrategia política, dos aspectos que la ciudadanía premiará o no en las urnas. El mismo argumento es válido para el Frente Amplio que votó junto a los legisladores cabildantes y de espaldas a la política forestal de sus tres períodos de gobierno.
Por el lado del Poder Ejecutivo, además de sus esclarecedores argumentos para salvaguardar derechos de propiedad, libertad y de trabajo y honrar la tradición de seguridad jurídica del país, actuó conforme al poder de veto que consagra la Constitución para impedir cambios que son notoriamente nocivos.
Nada más alejado de un “avasallamiento” de un poder sobre el otro como se escuchó decir en estos días.
Es una prerrogativa de una larga tradición en las democracias liberales presidenciales o semipresenciales para impedir el Poder Legislativo ilimitado y reforzar los contrapesos entre los poderes. Este último aspecto explica que la Asamblea General tenga facultades para levantar el veto del Poder Ejecutivo con mayorías especiales.
Un veto largamente anunciado que abrió un período para la negociación política, un lapso en que el Poder Ejecutivo extendió su mano con la aprobación de un decreto que recoge buena parte de las inquietudes de Cabildo Abierto en el cuidado ambiental en relación a las plantaciones forestales aunque no llega a limitar la expansión de actividad forestal, que preocupa a los cabildantes por desarraigo de pequeños productores.
Obviamente que el mejor escenario hubiese sido que los partidos de la coalición multicolor actuaran unidos y que no existiera molestia con el proceder de ninguno de ellos.
Pero más importante es que el presidente defienda una histórica política de Estado, que es una piedra angular para el futuro del país, que respetaron todos los partidos en la posición de gobierno nacional, y que siga cumpliendo su palabra de que bregará porque los uruguayos tengan más libertad, en un sentido amplio del término, al final de su mandato.