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Socialistas impulsan juntar firmas a partir de 2023 para revocar reforma jubilatoria
La contundente victoria en el plebiscito de 1989 que obligó a indexar los aumentos jubilatorios al índice medio de salarios vuelve a sobrevolar en determinados sectores de la izquierda, que piensan en reeditar una hazaña similar que –entre otros puntos– eche por tierra el proyecto de reforma de la seguridad social postulado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El contexto esta vez es muy distinto al que hace décadas unió a todo el sistema político –salvo contadas excepciones–, empezando por el hecho de que la reforma actual tiene el respaldo, a priori, de toda la coalición oficialista. No obstante, surgen las primeras voces que durante el 2023 empujarán para recolectar las firmas equivalentes al 10% del padrón para reformar la Constitución.
Una de ellas proviene del Partido Socialista, que de forma explícita determinó en su Congreso que impulsará una reforma constitucional para las próximas elecciones para "pasar a la ofensiva" en pos de un "proyecto de largo plazo para el Uruguay del segundo centenario". Gerardo Rodríguez, uno de los exponentes de la dirección socialista, lo resume de esta manera: "El PS ya tiene una decisión orgánica. No incluye solo a la seguridad social, pero es algo que en este caso iría por una impugnación de esta propuesta del gobierno".
El dirigente afirmó que comenzarán a "militar" entre diversos sectores sociales la implementación de este cambio. En ese camino, que tiene algunos paralelismos con lo ocurrido en el referéndum contra 135 artículos de la LUC –donde Rodríguez fue uno de los protagonistas–, los socialistas avizoran algunos posibles aliados que aún no adelantan postura. Uno de ellos es la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), aunque su secretario general, Gustavo González –que integra la misma directiva del partido– se limitó a decir que no lo han discutido, y evitó emitir opinión.
En este caso, los pioneros de esta movida fueron los integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que desde marzo del año pasado pujan por allanar el camino hacia una contienda electoral. "La posición de ATSS es la del movimiento sindical y la de los congresos, que vienen ratificando que las AFAP deberían dejar de existir. Son el principal problema que desfinancia al BPS. La única manera de llegar a ese fin es mediante la consulta popular para plebiscito", declaró a El Observador la dirigente Karina Sosa.
El sindicato formó el año pasado el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social para sumar aliados a la causa –entre vecinos y militantes barriales–, aunque Sosa admitió que "el movimiento sindical todavía no acusa mucho recibo de esta posición". Tampoco lo hace aún la Organización de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), pese a la postura contraria hacia la reforma oficialista. Uno de los elementos que sobrevuelan el debate está en el reciente antecedente de la recolección de firmas contra la LUC.
La propia ATSS había impulsado una consulta popular durante la reforma de 1995 que instauró el régimen mixto, aunque no llegaron a las firmas requeridas. El dirigente Adolfo Bertoni había atribuido ese fracaso a las "demoras" propiciadas –a su entender– por el Frente Amplio y algunos sectores del PIT-CNT al no tomar definición por la papeleta a impulsar, dilatando la discusión por más de diez meses, tanto que cuando comenzaron la campaña, las AFAP ya habían logrado un importante número de afiliados.
Cautela en el FA y el PIT-CNT
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha procurado mantener a raya a la dirigencia opositora, sin una postura oficial, hasta que el oficialismo logre acordar un proyecto. El exsindicalista reiteró este lunes que la comisión encargada de estudiar la reforma deberá trabajar sobre el nuevo texto a ser firmado este jueves durante el Consejo de Ministros, tras el acuerdo anunciado por el presidente Lacalle Pou, y que ingresará al Parlamento el próximo viernes.
En el Partido Comunista, que también tiene un peso sustantivo en el PIT-CNT, ya han anticipado su casi segura negativa a alzar la mano para apoyar la política multicolor. Sin embargo, algunas voces dentro de esa corriente sugieren mayor cautela respecto a los procedimientos impulsados por los socialistas, que tienen menos peso tanto en la estructura frentista como sindical.
Tal es el caso del referente del Sindicato de la Construcción (Sunca), Daniel Diverio, quien ratificó su "rechazo a la reforma fundamentalmente por la forma en la que se llegó a eso", y por entender que "más que reformar la seguridad social es a pedir de boca de las AFAP". El dirigente del ala comunista del movimiento sindical sostuvo que "hoy lo que tenemos es la movilización en las calles", que "primero está ese paso", y que hoy no se discute una consulta popular, que en todo caso sería una etapa posterior.
Sergio Sommaruga, referente del llamado "Grupo de los 8" –considerada una de las corrientes radicales de la central, y bajo cuya ala está la ATSS– dijo que "el escenario de la recolección y la impugnación por vía plebiscitaria es una herramienta que no hay que descartar, pero que requiere de las consultas técnicas sobre su viabilidad".
En la misma línea que Diverio, aseguró: "Hoy hay que generar un nivel de masa crítica que permita paralizar la concreción de este proyecto. Los votos están muy justos, y ante la legítima presión democrática, pueden reconsiderar su voto". "Ese es el camino a seguir ahora. Más tarde habrá que evaluar el escenario que plantean. Pero no es mi primer hipótesis", concluyó.
