A las 11:53 del miércoles, el nacionalista Alfonso Lereté adjuntó en un documento de Word el proyecto de ley de tenencia compartida cocinado entre blancos, colorados y Cabildo Abierto, y a esa hora lo mandó por WhatsApp al coordinador de diputados del Frente Amplio, Gonzalo Civila.
"Texto. Remite Lereté", le escribió a su colega socialista, porque no lo tenía agendado. Para esa hora ya estaba escrito el informe en minoría de la representante opositora Cecilia Bottino con referencias a disposiciones que desde la noche del martes habían quedado modificadas en el borrador para una sesión que inicialmente estaba citada para arrancar a las 11.
Ese mensaje de Lereté, un suceso a priori protocolar, terminó atravesando todo el debate que se extendió hasta altas horas de la noche. Al cierre de esta edición los diputados continuaban discutiendo.
Las largas idas y vueltas, plagadas de cuartos intermedios y el pedido del Frente Amplio para que el nuevo texto negociado retornara a la comisión para un estudio más profundo, terminaron teniendo mucho más de ideológico que de contenido de los artículos.
La oposición arremetió contra la coalición por la "forma" en que se había acordado "entre cuatro paredes" sobre temas de tanta sensibilidad y apeló a los varios cuestionamientos que la redacción anterior había recibido de parte de organizaciones sociales y organismos internacionales, pero al ser consultado sobre el texto final -y en especial las modificaciones al controvertido artículo 4°- el coordinador Civila zanjó: "No podemos expedirnos sobre un texto que no pudimos estudiar".
"No dudo en categorizarlo como el peor de la legislatura", sostuvo a su turno Bottino, en el entendido que "pone en riesgo la integridad" de niños y adolescentes, al tiempo que acusó que la tenencia compartida era una de las "monedas de cambio" de Cabildo Abierto para aprobar la reforma de la seguridad social.
La diputada herrerista Alexandra Inzaurralde describió que la redacción final "fue abrir como un pimpollo lo que establecía el proceso original" que había pasado desde el Senado, pese a que Cabildo Abierto había insistido en su interna en la necesidad de preservar dichas disposiciones, impulsada por la fuerza política desde setiembre de 2020.
Ante la falta de votos en el oficialismo, sin embargo, -sin el apoyo del Partido Independiente y con las dudas esgrimidas ya desde la cámara alta por Ciudadanos-, los conducidos por Guido Manini Ríos se vieron forzados a negociar: "Era importante tener los votos, ya que sabíamos que estaban muy contados, y llegamos a esta última redacción que dejó conforme a todos los partidos", reconoció el cabildante Álvaro Perrone a El Observador.
La nacionalista Inzaurralde sintetizó en su discurso que el proyecto supone "un cambio de paradigma": "Aún por encima de la mujer va a estar siempre el niño", afirmó en sesión. El colorado Ope Pasquet, uno de los responsables de blindar jurídicamente la redacción junto a blancos y cabildantes -en especial la del artículo 4°- afirmó, en tanto, que con el nuevo texto "no hay un riesgo para los niños" y que "no hay un daño que temer" ante las "prudentes medidas" escritas.
Ese punto establece a grandes rasgos la figura de un defensor del niño y explica cómo se fija el régimen de tenencia o de visitas una vez que actuó un juzgado de urgencia ante una denuncia. El progenitor denunciado podrá llevar el caso ante el juzgado de familia, que determinará el proceso tras escuchar a las partes así como al defensor del menor.
La diputada de Ciudadanos, María Eugenia Roselló, acompañó el articulado en general pero anunció su contrariedad hacia el inciso VIII del artículo 4°, que establece que "deberá respetarse el derecho a las visitas con la persona denunciada" incluso cuando se haya decretado la aplicación de medidas cautelares, "toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente", al tiempo que la redacción detalla "modalidades" posibles como ser en lugares públicos o bajo vigilancia.
Roselló consideró al respecto que "el solo hecho de exponerlos es maltrato". Por otro lado, en línea con las disertaciones brindadas desde todas las tiendas, llamó a que el proyecto sea "el puntapié inicial" para solucionar con recursos en las próximas rendiciones de cuentas las falencias que imperan hoy en los procedimientos de los juzgados.
Los cambios realizados al texto lograron alinear a toda la coalición, incluso al diputado ahora independiente, Eduardo Lust, que había sido muy crítico con el proyecto.
La diputada frentista Cristina Lustemberg fue una de las que más entró en detalle respecto a la nueva redacción acordada por el oficialismo, pese a que aclaró lo corto del tiempo que su equipo de asesores dispuso para abordarlo. La dirigente, especializada en asuntos de salud e infancia, aseguró que aún con las modificaciones "no puede legislarse sobre la patología y el caso concreto" cuestionó que se "desarticula la matriz de protección ya existente".
Lustemberg arremetió también contra el hecho de que "no hay estadísticas respecto al número de denuncias falsas" contra padres, en referencia a los argumentos que sustentan algunas declaraciones desde el oficialismo.
Al cierre de esta edición, al mismo tiempo en que la coalición cerraba al más alto nivel el acuerdo en torno a la reforma jubilatoria -cuyo ingreso a cámara interrumpió por unos segundos el debate por la tenencia compartida- el grueso del oficialismo logró blindar una de sus más discutidas iniciativas, en carpeta casi desde el comienzo de la legislatura.
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