Toma declaró por el sumario iniciado por Presidencia

Según informaron a El Observador fuentes del caso, Toma declaró ante Elizabeth Muñoz, la funcionaria de Presidencia designada como sumariante en este proceso. El sumario contra el actual fiscal de gobierno—quien fue preventivamente separado del cargo por seis meses– , fue dispuesto por el presidente Luis Lacalle Pou el 9 de diciembre pasado, tras recibir la recomendación de un abogado que analizó la investigación administrativa realizada por el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez.

Toma, sin embargo, recurrió la investigación y acusó al primer mandatario de prejuzgarlo, someterlo a un proceso sin garantías, y aseguró además que el gobierno había filtrado información a la prensa para perjudicarlo. En un escrito al que días atrás accedió El Observador, el exjerarca de la última administración del Frente Amplio calificó de "penoso asunto" el proceso al que fue sometido, afirmó que se le negó el derecho de defensa y el debido proceso, y que las filtraciones le generaron un "sufrimiento intenso". Además, dijo que la acusación sobre los viajes es "absurda" y que se le debería agradecer por su tarea, gracias a la cual el Estado ganó todos los juicios internacionales en los que se le requirió actuar.

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Por contrapartida, Lacalle Pou defendió la investigación administrativa que desembocó en este sumario y aseguró que el procedimiento estuvo ajustado a derecho. En una resolución firmada el 6 de enero, rechazó los comentarios del sumariado, y envió el escrito a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), con un señalamiento de que las consideraciones de Toma carecían del “más mínimo fundamento” y buscan desacreditar la imagen de la administración pública.

"El funcionario sumariado realiza afirmaciones falsas, acusando al Poder Ejecutivo de haber entregado el expediente de la investigación administrativa a la prensa, lo cual constituye para un funcionario de su jerarquía dependiente de dicho poder del Estado, una conducta impropia, indecorosa y de la más absoluta falta de ética", sostuvo un pasaje del texto, que lleva también la firma del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

Ahora, en el sumario, el Poder Ejecutivo buscará determinar la responsabilidad de Toma en "eventuales faltas administrativas graves impropias de un funcionario público de su jerarquía". 

El fondo del asunto por el que es juzgado Toma son los viajes que hizo junto con Giuliana Pérez, contadora de la Secretaría Antilavado recién recibida, durante el juicio del Plan Cóndor y el juicio que Aratirí realizó al Estado Uruguayo.

Tanto Toma como su abogado, Daniel Ochs, han defendido la legalidad de los viajes impugnados. El constitucionalista afirmó en el escrito de la apelación que la "imputación (es) completamente absurda" y que las misiones oficiales le fueron encomendadas por el Poder Ejecutivo, y no decididas desde la Secretaría de la Presidencia. 

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Asimismo, se destacó el resultado de esas actuaciones, ya que fue el encargado de "diseñar la estrategia y supervisar los equipos de actuación en cinco juicios arbitrales que tuvo el Uruguay como parte demandada, en los que se le demandaron unos US$ 5.000 millones". Se mencionó expresamente que ellos son: la demanda de Philip Morris, la demanda de Italba Corporation, la demanda de Conecta S.A., la demanda de Montevideo Gas; además de las demanda de Aratirí y el reclamo ante la Justicia de la República de Italia, como parte civil damnificada por delitos de lesa humanidad perpetrados por militares en la pasada dictadura.

Los viajes que hizo por concepto de estos dos últimos litigios fue denunciado en la Jutep en 2019. Tras haberlo archivado por parte de su directorio anterior, las actuales autoridades del organismo retomaron el tema y también se pronunciarán al respecto.

El Ejecutivo actuó puesto que Toma volvió al cargo de fiscal de Gobierno que había dejado en reserva mientras acompañó a Tabaré Vázquez en su último gobierno.