Uno de los abogados de Manini reveló que estrategia del candidato es ampararse en los fueros

"¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo: cuando el fiscal lo cite a la formalización, que es lo que parece que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la Constitución. Hay un procedimiento para eso y con eso el proceso se detiene. (Luego) va a la Suprema Corte de Justicia –eso va a llevar el tiempo que la Suprema Corte de Justicia le de para resolverlo– y cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, va a tener la inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue, el Parlamento tiene que votarle el desafuero y estamos hablando de algo casi imposible que suceda", señaló en aquella oportunidad.

"Eso después hay que instrumentarlo, pero él (Manini Ríos) problema no tiene", agregó Lust quien integra la defensa del general junto al exjuez Juan Carlos Fernández Lecchini y a Marcos Pacheco. 

Este jueves la defensa de Manini Ríos presentó —tal como lo había adelantado Lust— dos recursos de inconstitucionalidad y de esta forma se suspendió la audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli tenía previsto solicitar a la magistrada que lo imputara por la omisión de denunciar delitos de los que tomó conocimiento en razón de su cargo, por no informar a las autoridades sobre la confesión de José Nino Gavazzo de haber tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

Pero ahora, luego de haber ejecutado el plan que ya había comentado en Diario de Campaña, Lust dijo ante los medios que el excomandante en jefe del Ejército no buscó "congelar un proceso" sino intentar que "el estado de derecho vuelva a su vigencia".

Pacheco también cayó en una contradicción. "Si el fiscal tiene los elementos, que empiece el juicio ya, ¿qué va a esperar? Nosotros nos vamos a oponer a cualquier otro tipo de pedido para alargar este caso", dijo el jueves en la mañana al programa Doble Click de Del Sol FM. Sin embargo, horas después, Pacheco presentó los recursos para, justamente, alargar el caso.  

Los recursos fueron dirigidos específicamente contra dos normas: la Ley 19.334 que crea a la Fiscalía como un ente autónomo y varios artículos de la ley 19.293 que establece el Nuevo Código de Proceso Penal.

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Luego de una hora y media de análisis en la tarde de este jueves, la jueza Marcela Vargas aceptó los recursos de inconstitucionalidad y, por lo tanto, el expediente se elevó a la Suprema Corte de Justicia para que allí sea revisado, analizado y resuelto. 

Si da cabida a los recursos, la Corte demora en promedio seis meses en pronunciarse pero hay antecedentes de fallos en los que se declaró la constitucionalidad de ambas leyes. Por ejemplo, en 2018 cuando los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana impugnaron la constitucionalidad del nuevo proceso penal en una causa en la que defendían a un abogado que había amenazado de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Teniendo en cuenta que tres de los ministros que firmaron esa sentencia continúan en la Corte (el presidente Eduardo Turell, Elena Martínez, y Bernadette Minvielle), podrían fallar por lo que se denomina resolución anticipada. El artículo 519 del Código General del Proceso define que los integrantes de la SCJ pueden fallar con celeridad cuando "existiere jurisprudencia en el caso planteado y se declarare por ese órgano judicial que mantendrá su anterior criterio" o en los casos en que los ministros entiendan que la interposición del recurso se hizo con "notoria finalidad de retardar o dilatar innecesariamente la secuela principal sobre el fondo del asunto".