El 23 de septiembre, pocos días antes de la amenaza a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, Gallup publicó el Law and Order Index, un índice que mide percepciones y experiencias inmediatas sobre seguridad y orden público en varios países. El índice se compone del promedio unificado de las respuestas a cuatro preguntas que indagan sobre confianza en la policía, sensación de seguridad al caminar solo de noche y experiencias recientes de robo o agresión. Los datos recogidos en el reporte de este año corresponden a 2024.
Hace una década que Uruguay se viene afianzando como uno de los países más estables de América Latina en este ranking. La nueva edición lo vuelve a ubicar en la franja alta de la región, con 75 puntos en una escala de 0 a 100, y desde 2020 es el país mejor evaluado de América del Sur. Se trata de un resultado que confirma una trayectoria en ascenso que se sostiene en el tiempo, dos factores que lo distinguen de la inestabilidad que se observa en otros países vecinos.
Pero el recorrido de Uruguay está lejos de haber sido lineal en este índice. Entre 2013 y 2015, el país se mantuvo en un rango de entre 61 y 62 puntos, un reflejo de un nivel de confianza moderado en las instituciones de seguridad, en línea con los países vecinos. A partir de 2016 se produce un salto hasta los 71 puntos, con valores similares entre 2017 y 2019, si bien con un retroceso a 67 puntos en 2018. Desde 2020, la percepción se estabilizó entre los 73 y los 75 puntos y consolidó al país en un nivel superior. El quiebre operado a mediados de la década pasada parece haber marcado un antes y un después en este sentido.
Si hacemos un puntaje promedio por presidencia, los datos ofrecen una lectura adicional. Durante los últimos dos años de José ‘Pepe’ Mujica (2013–2014), el promedio fue de 61,5 puntos, una valoración que representa el tramo más bajo de la serie. En el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015–2019) se alcanzó un promedio de 68,8 puntos y se produce un claro salto estructural hacia arriba en materia de seguridad ciudadana. Y ya con Luis Lacalle Pou (2020–2024), el promedio trepa a 74,6 puntos, lo que representa, de acuerdo al Law And Order Index, el nivel más alto de percepción de seguridad ciudadana en los últimos años para Uruguay.
La medición que se difundió en estos días corresponde al último año completo de Lacalle Pou. La próxima, que reflejará la percepción durante 2025, recién se publicará en 2026 y será el primer dato bajo el gobierno de Yamandú Orsi. En ese sentido, el atentado contra Ferrero -un hecho inédito en la historia reciente del país- puede constituir un punto de inflexión. La pregunta es si este episodio quedará como un hecho aislado o si, por el contrario, erosionará la confianza ciudadana en un país que, durante más de una década, supo construir una reputación de estabilidad y seguridad por encima de la media regional. Los puntajes de Chile, por ejemplo, muestran que todavía no ha logrado alcanzar la percepción de seguridad que tenía su población antes de la crisis social de 2019. Esto no se debe a un aumento inmediato de delitos, sino probablemente a la pérdida de confianza institucional y al clima de inseguridad subjetiva que generaron esos episodios.
Lo cierto es que Uruguay llega a este nuevo ciclo político con un capital simbólico y estadístico importante: ser visto, dentro y fuera de la región, como un país seguro. El desafío que se abre es sostener esa percepción en un contexto en el que la violencia cambia de forma y en el que un solo hecho grave puede tener efectos multiplicadores en la confianza social.
