El contralmirante retirado Otto Gossweiler fue en sus últimos años uno de los oficiales más críticos hacia la conducción de la Armada durante la administración de Javier García al frente del Ministerio de Defensa. El entonces director de Material Naval pasó a retiro voluntario en enero de 2023 luego de denunciar por acoso laboral a su comandante Jorge Wilson, tras una serie de sanciones, apelaciones y acusaciones cruzadas por presuntas irregularidades en la fuerza.
La gota que rebalsó el vaso fue una resolución de noviembre de 2022 en que Wilson le imputó diez días de arresto a rigor más diez días de arresto simple a domicilio por entender que había faltado a la verdad en el interrogatorio de una investigación interna, que también concluyó que hubo falta de controles en el Grupo de Buceo (Grubu) mientras Gossweiler era comandante de la Flota.
Luego de que en el gobierno pasado se desestimaran sus reclamos, ahora la ministra Sandra Lazo hizo lugar a parte de un recurso de revocación y jerárquico sobre aquellas sanciones.
Además de los días de arresto, el excomandante Wilson había pedido que a Gossweiler lo juzgara un Tribunal Especial de Ética y Conducta Militar de la Armada para “valorar su conducta”. Sin embargo, la jerarca del MPP determinó, más de dos años después, que “no correspondería” integrarlo porque la “conducta y responsabilidad” del contralmirante retirado “fue similar a la de otros oficiales”, por lo que “es violatorio del principio de igualdad” solo juzgarlo a él, según la resolución del 11 de setiembre a la que accedió El Observador.
Gossweiler había manifestado sentirse “agraviado” por la eventual constitución de ese tribunal y por “el cúmulo de sanciones, aislamiento y acciones directas contra su dignidad funcional e imagen pública”. Pese a la resolución del excomandante Wilson –que terminó motivando el pase a retiro del director de Material Naval–, fuentes de la anterior administración indicaron para esta nota que nunca se llegó a formar el tribunal y que lo prioritario fue el hallazgo de irregularidades.
De hecho, en la oposición ponen la lupa sobre el segundo considerando de la resolución de Lazo, quien mantuvo que el contralmirante retirado fue “responsable de las irregularidades existentes en la contratación del Grubu para efectuar trabajos en empresas públicas y privadas”, dado que fue comandante de la Flota entre febrero de 2020 y abril de 2022 y que “dependía de él”.
El Observador informó este jueves que cinco contralmirantes presentaron un reclamo al flamante comandante de la Armada, José Luis Elizondo, para que el gobierno derive a la Justicia una carta que Gossweiler publicó bajo el seudónimo “Almirante Canaris” en el semanario Búsqueda con lo que entienden como difamaciones y desprestigio hacia la fuerza.
La ministra Lazo contestó al respecto que “lo más preocupante” de esa misiva era su contenido y que no podía “mirar para el costado con algunos contenidos”. “Estamos analizando qué hacemos, si miramos solamente a quien está diciendo estas cosas o tenemos el deber como ciudadanos cuando se habla de presuntos delitos que eso sea analizado por la Justicia”. La jerarca del MPP agregó que no decidirá “a las corridas” y que no tiene “un tiempo estipulado” para resolver.
Sandra Lazo
Foto: Leonardo Carreño
García había desestimado recurso
Por este mismo caso, el entonces ministro Javier García había desestimado en noviembre de 2023 una apelación presentada por Gossweiler a la sanción de Wilson.
El contralmirante sostenía que no había informado al comandante en jefe sobre cómo se cobraban los fondos del Grubu por entender que “no era una novedad que correspondiera a una excepcionalidad” y que “asumió que ya tenía conocimiento a través de sus órganos auxiliares financieros de control”, al tiempo que los gastos de ese grupo ya estaban autorizados por ley como “potestad del comandante de la Flota” para “determinadas compras” –Gossweiler en este caso– “sin que eso implique autorizar u ordenar saltearse los procedimientos establecidos, ocultarlos o no rendirlos”. Agregó, en esa línea, que todos se depositaban en la Cuenta Única Nacional de la Armada.
La administración de García en Defensa consideró al respecto que en la investigación administrativa “se desprende” que Gossweiler “faltó a la verdad”, negó haber autorizado al Comando de la Flota (Comflo) “a realizar trabajos a terceros” y le dijo al comandante en jefe que “ya se venía realizando antes” de su llegada a Comflo y que “asumió” que Wilson “tenía conocimiento”.
Según el Ministerio de Defensa en aquel momento, el contralmirante sancionado también dijo en la investigación administrativa “desconocer que se cobraban trabajos en efectivo y que ese dinero quedara en el Grubu”, que negaba “haber dado alguna directiva sobre cómo usar los fondos recaudados”, no recordaba “haber autorizado a la Fuerza del Mar y a otras unidades dependientes (...) a solicitar dinero en efectivo al Grubu” y que negaba “haber ordenado al personal subalterno” que retire “dinero al contado del Grubu”.
Los considerandos firmados por el exministro García acreditan que Gossweiler “tenía conocimiento y autorizaba los trabajos que realizaba a terceros el Grubu”. El gobierno también sostuvo que “parte del dinero se depositaba en la Cuenta Única Nacional y parte quedaba en efectivo en la unidad y posteriormente era utilizado a discrecionalidad, siendo estas situaciones irregulares (...), independientemente de la inexistencia del reproche penal”.
En los recursos había también reclamos por los tiempos en que debió haber regido la investigación administrativa y la forma en que fue llevada a cabo por la instructora.
Cruce de versiones
La resolución de Wilson de noviembre de 2022 recurrida por Gossweiler a la que también accedió El Observador menciona que “la negación de los hechos” que realizó Gossweiler “tanto al momento de recibirse su declaración como en oportunidad de evacuar la vista conferida, agrava su responsabilidad e incide directamente en el plano de la ética que debe exigirse a todo marino militar, máxime cuando se trata de un oficial de la jerarquía de almirante”.
“La discordancia entre las declaraciones del citado oficial almirante y las de todos sus subordinados, contrastadas con los demás medios de prueba recibidos, obligan a concluir que el mismo faltó a la verdad al momento de brindar su testimonio, obligando por ende, a elevar estos antecedentes al Tribunal de Ética y Conducta Militar competente para valorar la conducta seguida por el mismo”.
Ante esto, Gossweiler aseguraba no haber faltado a la verdad en el interrogatorio y que no estaba al tanto de los resultados de una auditoría sobre las tareas del Grubu para terceros, dado que las actuaciones habían sido entre parte de enero y febrero cuando estaba de licencia, al tiempo que en marzo estuvo de misión oficial en el extranjero y que no había sido “informado personalmente”.
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El comandante Jorge Wilson junto al ministro de Defensa, Javier García
Presidencia
En la denuncia que elevó al ministro García, el contralmirante relató haber sido sancionado cuatro veces por el comandante Wilson, cantidad que consideraba injustificada y desproporcionada. La primera ocurrió luego de que Gossweiler denunciara “irregularidades” y “hechos con apariencia delictiva” en el pago de compensaciones adicionales en varias dependencias de la Dirección de Material Naval sin las “medidas de reserva pertinentes” para que no se filtraran públicamente, observación que luego mantuvo Armando Castaingdebat como ministro, tal como consignó Búsqueda en noviembre de 2024. Las acusaciones mencionaban a colaboradoras del comandante en jefe.
El contralmirante también había denunciado “posibles irregularidades” en el pago de horas extras fictas a los funcionarios civiles del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA).
Más adelante, en julio de 2024, Gossweiler fue sancionado por ordenar de forma unilateral que se cortara el pago por parte de la Armada de la luz, el agua y el gas al Club Naval y el Centro de Suboficiales Navales, por considerarlos irregulares al no percibirse por ello una contraprestación. La situación se regularizó tiempo después.
