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5 de octubre 2025 - 5:00hs

Lleva en su mochila un paquete que desconoce qué es y para quién. Pesa unos pocos gramos y, a la velocidad con la que viaja en su moto, sin licencia para conducir, ni se siente la carga sobre la espalda. Le avisaron que lo iba a recibir un muchacho sin nombre, en tal esquina, a tal hora, con una gorra que le identifica. Más nada. Si todo sale como lo planeado (eso sí lo sabe) recibirá unos 5.000 pesos uruguayos en la mano. Dos viajes de esos valen lo mismo que la anualidad de la beca Butiá que el Estado les da los liceales para seguir estudiando.

El Chiqui tiene apenas 15 años y en la escala de la banda criminal del barrio es uno del montón. Pero al menos se siente alguien. No recuerda cuándo fue que probó su primer porro, pero sí que le siguió la merca y que puso freno antes de la pasta base. Eso le dio la confianza del clan familiar de la zona. No tanta como para coordinar un par de puntos de venta de drogas que, según los datos preliminares de un estudio liderado por el sociólogo Gabriel Tenenbaum, la paga asciende a entre $ 15.000 y $ 20.000 por semana. Pero sí lo suficiente como para, con algunos repartos, comprarse los championes de moda, un celular de última generación y algunas de esas pavadas que les ofrecen a los adolescentes por TikTok.

Transita por la vida con “lujos” impensados unos años atrás, cuando las comidas diarias eran solo las que le daban en la escuela, cuando el mate con un poco de azúcar era lo que lo mantenía despierto los fines de semana ante tamaña debilidad, según reconstruyó El Observador a partir de testimonios de ONG que trabajan en la zona oeste de Montevideo. Alcanza en pocos meses lo que su madre, jefa de hogar, ni siquiera consiguió limpiando casas durante años. Logra en un solo mes el equivalente a 253 horas de trabajo (formal o no) que declara un adolescente de su edad ante el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Este jueves el INE publicó los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del primer semestre del año. El economista Matías Brum analizó parte de ellos y calculó que los adolescentes de entre 14 y 17 años (que responden la encuesta) reciben, en promedio, 9.063 pesos al mes (un poco más que el salario mínimo si trabajasen las 40 horas semanales y no las 17 que suelen hacer).

Son unos 7.100 los adolescentes que admiten trabajar y recibir una remuneración por ello. Casi todos en la informalidad: la mayoría de ellos como peones de jardinería, cuidando a niños de otros, reparando vehículos o en un almacén.

La encuesta permite saber que unos 560 adolescentes son trabajadores en establecimientos familiares por los cuales no reciben remuneración alguna. “Y como es solo lo que se declara al INE, hay razones para pensar que eso es solo una punta del iceberg”, explica el economista Brum.

Por fuera de todos esos radares estatales, hay otros cientos (tal vez miles teniendo en cuenta la deserción estudiantil y la cifra de adolescentes que dicen no trabajar ni buscar empleo) que son captados por las economías ilegales que mueve el crimen organizado.

Hay razones para pensar que eso es solo una punta del iceberg Hay razones para pensar que eso es solo una punta del iceberg

“Lo que las economías ilegales proveen a muchos adolescentes es, en términos económicos, una pelea perdida. Hay poder. Hay armas. Encuentran ahí seguridad, sentido de pertenencia, estatus, acceso a consumo, incluso se provee justicia solo que de manera muy cruel y sangrienta. Al Estado uruguayo no le es opción competir desde lo económico. Para encontrar alternativas, necesitás estar en el territorio con todos los servicios del Estado. Con todos. No ceder”. Fernando Olivera, de la asociación civil Cippus, lleva años lidiando con el trabajo infantil. Y la diferencia que nota con el avance del crimen organizado (aunque no hablemos de grandes grupos, sino más bien clanes familiares) es el poderío que se maneja en dinero, armas y niveles de violencia.

Por la plata

Un amigo de El Chiqui “perdió”. Cayó preso. Lo mandaron al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescentes. Al Inisa. Los educadores lo vieron y, sin mediar siquiera una palabra, ya sabían que estaba vinculado “al narco”.

Las comillas no son casuales. No es una gran banda, ni manejan narco-avionetas o narco-barrios (como si fuera una serie de esas que pululan en streaming). Pero la pinta de estos adolescentes reclutados —a veces a precios de 4.000 pesos al día por hacer de “halcones” y dar señales cuando se acerca la policía— dista de la apariencia de otros jóvenes que caen por otros delitos. En el crimen organizado con vínculos con las drogas hay plata, mucha plata.

El amigo de El Chiqui forma parte de ese 28% que entra al Inisa, con privación de libertad, por delitos vinculados al narcotráfico.

Jaime Saavedra, presidente de la Institución, lo había dicho en un reel que se viralizó tras el aniversario de la ONG Gurises Unidos: “Quiero decirles esto con toda claridad, ¡no vamos a competir con la plata! Siempre lo que otorga el narco es mucho más que aquello que yo puede ofrecerles si les consigo un laburito en la Colonia Berro, en el batallón nueve. No compito por ahí. Compito desde el amor, desde la piedad. Es decir, hay otra vida posible para vos. Porque esta vida que te trajo hasta acá, no de casualidad, es una vida de porquería”.

¡No vamos a competir con la plata! Siempre lo que otorga el narco es mucho más que aquello que yo puede ofrecerles si les consigo un laburito ¡No vamos a competir con la plata! Siempre lo que otorga el narco es mucho más que aquello que yo puede ofrecerles si les consigo un laburito

El dinero no compra amor, pero sí satisface deseos inmediatos. Da algunos accesos a quienes las puertas siempre se les cerraron. A los que, cuenta el antropólogo Marcelo Rossal, muchas veces son las instituciones del Estado las que generan violencia y castigo: “Nadie hace una huelga cuando se violentan los derechos de un chiquilín pobre”. Ni porque huyan.

La diferencia con lo que pasaba años atrás, dice Rossal, es que ahora “la violencia extrema provee económicamente”.

La presa fácil

La historia, narrada por un fiscal de Adolescentes que prefirió el anonimato, fue tan rápida como absurda. Un rata —así le llaman a aquellos adictos a la pasta base que no pueden parar de consumir— debía el dinero de unas pocas dosis y andaba merodeando el punto de venta para conseguir más. Y más. Los rata “molestan”, no son negocio. Acaban avivando a la policía dónde está cada boca.

El adulto que cuidaba el punto de venta se cansó. Le dio el revólver al adolescente que lo acompañaba y, medio en broma y medio en serio, le desafió:

—¿No te da para limpiar al rata este?

El adolescente no tardó ni 15 segundos. Le pegó uno, dos, tres… varios tiros. Lo mató.

En la adolescencia sucede un fenómeno que los neurocientíficos describen como “la tormenta perfecta”. Casi todo el cerebro está desarrollado, son capaces de reaccionar con velocidad, pero el lóbulo frontal —ese que es clave en la toma de decisiones y la evaluación de daños que implica esa decisión— no alcanzó su clímax de formación.

Eso, en un contexto en el que “todo es ya” porque gira a la velocidad de una historia de Instagram, y donde está la presión (o la amenaza de un adulto), hace que muchos adolescentes maten (se maten) por nada.

Un sicariato ronda los 100.000 pesos y pueden ascender a varias decenas de miles más si se trata de la cabeza de la fiscal de Corte. Por lo general esas tareas, cuando son por encargo y plata, las hace un adulto. A los adolescentes les pagan menos. Y a los más pobres y adictos se los “recompensa” con consumo al tiempo que se los expone a las tareas de más riesgo. Lo dice un informe especial al que accedió El Observador en base a la policía especializada.

La cuenta es simple. Cada dosis de pasta base cuesta, como mínimo, un boleto de ómnibus capitalino (más de 50 pesos sin la STM). Un consumidor problemático, en promedio, llega a fumarse 38 dosis diarias. No lo hace todos los días a esa cantidad, ni siempre tiene plata para tales fines. Pero, según los cálculos de la Junta Nacional de Drogas, ese adicto gasta más que un salario mínimo nacional al mes solo en uno de los estupefacientes “más baratos” por gramo.

“En algunos casos de la explotación sexual, esa vulnerabilidad se ve todavía más: es a cambio de una pilcha nueva, de algo de alcohol, de un colchón cómodo donde pasar la noche”, complementa Olivera de Cippus.

El informe policial al que accedió El Observador, siguiendo a la academia, lo dice de otro modo: “Lo que motiva a muchos jóvenes no es solo el dinero, sino la combinación de exclusión social, búsqueda de identidad, protección percibida y coacción estructural”. “Lo que motiva a muchos jóvenes no es solo el dinero, sino la combinación de exclusión social, búsqueda de identidad, protección percibida y coacción estructural”.

En familia

“Antes, si venías de un contexto vulnerable y a los 14 años no empezabas a trabajar, te daban una patada de tu casa. Ahora no te echan, porque el crimen organizado se convirtió en el trabajo de la familia, en el nuevo quiosquito”. El antropólogo Rossal lleva años estudiando a la sociedad uruguaya y resume así la complejidad con la que fue sedimentándose la alternativa de la economía ilegal en muchas familias.

El Chiqui no comparte la misma sangre que el clan familiar del barrio, pero lo fueron queriendo, poco a poco, como uno más. En esa lógica filial, explica el sociólogo Tenenbaum, “los más alejados, los de menos escalafón, los que pasan a veces muchas horas haciendo de perros y están más expuestos son los más descartables. Son los que la familia no los va a ir a llorar”.

También son los que tienen menos protección el día después de una detención. No les ponen grande abogados. Solo se limitan a hacer silencio.

Tras el llamado doble homicidio en el Marconi, la Suprema Corte de Justicia desestimó el pedido de la defensa para que le quiten las penas al adolescente involucrado. El joven no emitió ninguna palabra, solo salió silbando. Lo defendió un abogado de renombre, porque, según la hipótesis que manejaba la policía, era de los cercanos a una banda local (de esos que hay que proteger y no soltarle la mano).

Pasó unos meses en el Inisa, se escapó en una salida deportiva y poco tiempo después apareció muerto de nueve balazos. Este año.

Tenenbaum es categórico: “De los que mueven el dinero de verdad o lo lavan casi no se habla”.

¿Liceo o narco?

No todos los adolescentes que se desvinculan del sistema educativo entran al “mundo narco”. En realidad son los menos si se tiene en cuenta la alta deserción (poco más de la mitad de los jóvenes de 21 a 23 años tiene acabado el bachillerato), y el volumen de las cerca de 200 bandas de crimen organizado que la policía estima operan en Uruguay.

El trabajo —formal e informal— puede que sea una de las causas del abandono, pero tampoco se sabe si es la principal. La Encuesta Continua de Hogares, por su manera de preguntar y el tamaño de jóvenes que responden, tiene limitaciones para saber a ciencia cierta las motivaciones que hay detrás. La mayoría suele responder la primera opción que les figura: “Porque no me interesa lo que estudio”.

La Administración Nacional de Educación Pública está haciendo grupos focales con adolescentes para profundizar en el tema y saber si el problema es de dinero, de otros asuntos o un mix.

Es cierto que para El Chiqui dos viajes de paquetes “a ciegas” le equivalen una beca Butiá. Pero las autoridades educativas entienden que para otros tantos jóvenes, los 10.000 pesos anuales que se calculan ahora (que llegan a unos 14.000 adolescentes) y cuya meta es acercarse al 25% de la matrícula de educación media pública para 2030, esos pesos son clave.

Y en eso hay coincidencia entre los distintos partidos políticos.

No es por una lógica de competirle al narco, sino por rescatar lo máximo posible a aquellos a los que el Estado dejó a la deriva. Por eso incluso se cambiarán la manera en que se da el dinero, pasará a ser mensual, asociada a la asistencia, gradual hasta que para quienes están en el último año de bachillerato y en peores condiciones económicas se alcance un salario mínimo.

La cuenta coincide con el cálculo del economista Brum sobre lo que gana un adolescente de 14 a 17 años si trabajase en 40 horas semanales.

Esta semana, en entrevista con El Observador, el sociólogo Pablo Menese hizo referencia a que el sistema educativo es la gran malla de protección social que tiene Uruguay. Y la permanencia en esa malla tiene un componente de mercado (oferta-demanda) y otros más psicosocial: “Con el tiempo se fue viendo que los aspectos de convivencia, de sentirse parte de un proyecto o una comunidad, lo emocional, el autocontrol juegan un rol clave en esa permanencia en un centro educativo, en no ser tentado a un laburo, o ser madre adolescente, ni que hablar por el narco”.

*El Chiqui no se llama El Chiqui, su nombre fue cambiado para preservar su identidad.

**Los estimados de pagas en el mercado ilícito de drogas son variables. Esta nota usa, de distintas fuentes, aproximaciones en base a testimonios.

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