“Le pido, solicito o exhorto a las bancadas parlamentarias de los partidos políticos que aceleren el tratamiento de la ley de lavado remitida hace ya un tiempo por la Presidencia de la República”.
El 29 de setiembre Uruguay amanecía conmovido por la noticia del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el presidente Yamandú Orsi, luego de reunirse con las principales autoridades de los partidos políticos, pedía en conferencia que el Parlamento acelerara el tratamiento de un proyecto de ley que, decía el presidente, golpeaba “donde hay que golpear” al narcotráfico.
En ese momento el Senado recogió el guante y pese a algunas diferencias iniciales, menos de diez días después del mensaje del mandatario aprobó el proyecto por amplia mayoría. Sin embargo, al llegar a Diputados la discusión se empantanó y los partidos decidieron postergar la votación para febrero pero de una forma inusual: aprobaron en general el texto por amplia mayoría y dejaron la discusión del articulado para 2026.
¿Por qué se tomó esa decisión? Los partidos pretendían dar una señal de que se quería avanzar en el tema pero que, al mismo tiempo, el texto tiene aspectos a mejorar.
El Frente Amplio pretendía votar el proyecto en la jornada de este miércoles pero finalmente primó la postura planteada inicialmente por el diputado Gustavo Salle –opositor a la iniciativa del gobierno– de dejar el proyecto para el año que viene. Los blancos rápidamente se plegaron a Identidad Soberana pero los colorados tuvieron dudas hasta último momento ya que algunos entendían que los senadores habían asumido el compromiso de votar el proyecto antes de que termine el año.
Luego de varios cuartos intermedios, negociaciones, reclamos y discusiones, los partidos acordaron este camino intermedio que deja la aprobación para dentro de dos meses. Uno de los argumentos es que el Senado iba a tratar el proyecto –en su rol de tercera cámara– recién en 2026 por lo que no había apuro para aprobarlo ahora.
El proyecto
El texto aprobado por la Cámara de Senadores reúne amplio consenso entre los partidos de la cámara baja ya que a grandes rasgos la norma actualiza la ley vigente desde 2017. Muchos cambios tienen que ver con adaptar el lenguaje para que sea compatible con el nuevo Código del Proceso Penal.
Sin embargo, algunos artículos generan controversia. Uno de esos es el que elimina la fiscalía especializada en lavado de activos. Las pocas condenas conseguidas desde su creación sumado a algunos problemas de procedimiento llevaron a que el Poder Ejecutivo decidiera impulsar su eliminación para que todas las fiscalías investiguen el blanqueo de capitales.
Sin embargo, el Partido Nacional y una parte de los colorados se oponían a ese pasaje. En las negociaciones de las últimas horas, el oficialismo había avanzado en un posible acuerdo con los diputados de Unir para Crecer, sector que lidera Andrés Ojeda y que en el Senado votó ese pasaje, que aclaraba que los recursos se iban a utilizar para abrir otra fiscalía y que las causas actuales que tiene esa dependencia las continuaría investigando el fiscal Enrique Rodríguez. Sin embargo, la decisión final quedará para febrero.
Otro de los puntos que genera controversia está vinculado a las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). El artículo 4 del proyecto establece una serie de cometidos para la secretaría y permite que realice inspecciones de bienes muebles o inmuebles “detentados u ocupados” por los sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación “directa o indirecta” en negocios que se estén investigando.
Además, habilita a que la Senaclaft pueda “requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos” y solo establece la necesidad de una orden judicial para inspeccionar domicilios particulares. Y eso es lo que no convence a la oposición. En este tema también hubo negociaciones e incluso el diputado blanco Pablo Abdala redactó un aditivo que incluía la intervención judicial y que el Frente Amplio se había comprometido a estudiarlo.
Finalmente, cerca de la medianoche todos los partidos políticos, menos Identidad Soberana, votaron el proyecto en general y luego decidieron levantar la sesión para que la discusión continúe dentro de dos meses.
