La medida implica la suspensión de actividades y el reemplazo total de las autoridades de la firma
El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió el miércoles 29 de octubre intervenir de forma preventiva a la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.
La decisión implica la suspensión de las actividades de la empresa y la sustitución total de sus autoridades estatutarias.
El BCU designó como interventora a la contadora Ana Chaves, quien asumirá las competencias correspondientes a los órganos sociales de la firma.
Pérez Marexiano se convirtió en noticia en abril pasado cuando los titulares de la compañía de Valores denunciaron por estafa y apropiación indebida a Ignacio González Palombo, a quien acusaron de captar inversores haciéndose pasar por empleado de la sociedad de bolsa.
El abogado Jorge Barrera presentó la denuncia en nombre de Pérez Marexiano contra González Palombo, pero luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia, y denunció a los directores de la sociedad de bolsa alegando que estaban al tanto de las maniobras del supuesto empleado ya que atendía a sus clientes desde las oficinas de la empresa.
El pasado 17 de octubre la Justicia prorrogó por otros 180 días las medidas cautelares contra González Palombo, a quien se le impuso la prohibición del país, mientras la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas sigue juntando pruebas para pedir la imputación.
La intervención dispuesta por el BCU se adoptó tras detectar graves incumplimientos en la gestión de la firma, entre ellas la existencia de una operativa no autorizada realizada por González Palombo, quien manejaba cuentas de clientes, daba órdenes de inversión y emitía estados de cuenta falsos sin estar vinculado formalmente.
Además, se da cuenta que el corredor de bolsa no controló adecuadamente esas operaciones, carecía de registros y procedimientos formales, y permitió el uso de fondos de unos clientes para cubrir operaciones de otros. Además, ocultó información relevante al regulador y presentaba debilidades en el control interno y en la prevención de lavado de activos.
El BCU consideró incumplidos numerosos artículos de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y de las leyes 17.613, 18.627 y 19.574, que regulan la ética, la conducta y la transparencia de los intermediarios financieros.
Por ello, el organismo dispuso la intervención y suspensión total de la empresa, la destitución de sus directores Carlos y Pedro Pérez, la notificación inmediata a los clientes y contrapartes, la entrega de toda la información financiera al BCU y la comunicación de los hechos al Ministerio Público ante la posible existencia de delitos.