El fiscal Ricardo Perciballe dijo que nunca se enteró del pedido del magistrado
El juez de feria Sebastián Puñales no autorizó al general retirado Daniel Castellá a concurrir al velorio de su hermano porque Fiscalía no le respondió un oficio que hizo consultando al respecto.
La información fue proporcionada por el juez Raúl Oxandabarat, vocero del Poder Judicial. Puñales no había querido explicar las razones de su decisión.
Según consta en el expediente, el 16 de enero el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) remitió una solicitud de autorización para que Castellá pudiera ser conducido a una empresa fúnebre para participar del velatorio de su hermano Arturo Castellá, previsto para realizarse ese mismo día entre el mediodía y la medianoche. Se aclaraba que, en caso de autorizarse, la conducción sería acompañada por una custodia de la cárcel de Domingo Arena.
El mismo día, Puñales dictó una resolución indicando: “Téngase presente lo manifestado por Fiscalía. De la solicitud que precede vista a la Fiscalía. Notifíquese urgiéndose”.
La resolución fue enviada a las 11:04 del viernes 16 a la “mesa de giro”. Nunca llegó una respuesta de la Fiscalía.
“En pocas palabras, el juez requirió el parecer de la Fiscalía, pero ésta no respondió en tiempo, por lo que no llegó a autorizar la conducción”, dijo Oxandabarat.
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe, que interviene en la causa por la que Castellá fue condenado, dijo que el pedido de autorización nunca le llegó y nunca se enteró de la situación.
“No, no supe. Yo estuve de guardia del 6 al 18 de enero. Hasta el viernes 16 estuve en la oficina y no había llegado nada. Desconozco que pasó después”, señaló.
Perciballe señaló que si bien los jueces “siempre” piden autorización a la Fiscalía como una forma de “respaldo”, no hay una norma específica que los obligue. Y agregó que él personalmente no tiene una posición genérica tomada sobre pedidos para asistir a funerales de familiares cercanos, sino que los evalúa caso a caso.
Fuentes del Poder Judicial dijeron que es “muy discutible” que el juez debiera pedir autorización al fiscal en un caso de este tipo. Señalaron que al cursar un pedido a Fiscalía, de muy improbable respuesta a tiempo, Puñales evitó tomar una decisión, pero en los hechos imposibilitó que Castellá concurriera al velatorio de su hermano.
Agregaron que el juez pudo autorizar y en forma simultánea notificar a la Fiscalía mediante una llamada telefónica.
El general Castellá fue condenado en diciembre a 13 años y seis meses de prisión por la causa conocida como el “caso Roslik”. Se le imputaron delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves.
Su hermano Arturo, que falleció el viernes 16 a los 76 años, integró el MLN-Tupamaros y estuvo detenido entre 1972 y 1981.
Otro de los hermanos Castellá, Gabriel, ocupó dos veces la subsecretaría de Defensa, en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio.