La jueza de Crimen Organizado del caso Conexión Ganadera, Diovanet Olivera, definirá este miércoles si prorroga las medidas cautelares de los socios de la empresa y los mantiene en prisión preventiva y domiciliaria por 180 días más, como pedirá el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez, dijeron fuentes del caso a El Observador.
Las medidas que están vigentes se vencen el 10 de febrero por lo que a la fiscalía solicitó la prórroga y como es de rigor, la jueza convocó a la audiencia para escuchar a las partes: fiscalía y defensas de los imputados. En ese sentido, serán trasladados al juzgado Pablo Carrasco desde la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Ana Iewdiukow desde la de Florida y Daniela Cabral desde su apartamento de Punta del Este, donde cumple prisión domiciliaria.
La jueza suele darle voz también en cada audiencia a los abogados que representan a las víctimas, aunque no sean parte del proceso.
Un grupo de damnificados se expresó en los últimos días por medio de un comunicado en el que cuestionó el avance de la investigación penal en torno a otros responsables de la estafa ganadera.
El comunicado, firmado por Matías Corts, afirma que de la estafa "no sólo participaron los cuatro directores”, sino que “están vinculados además sus familiares, existió la participación de tomadores de ganado y mandos medios, la probable omisión de agentes de control obligados por la ley de control y prevención de lavado de activos”.
Las victimas señalaron que "sería oportuno" investigar "la participación de funcionarios estatales para flexibilizar los controles". "La actividad de Conexión Ganadera, transcurrió bajo la luz del control estatal, hoy se sabe fehacientemente que adulteraban declaraciones juradas, que las guías eran falseadas, muerte de ganado no declaradas, y en función de esas guías podían acceder a préstamos bancarios, siendo, además, las Investigaciones internas con respecto a los controles pertinentes con respecto a su actividad, de carácter reservado", afirmaron.
Para este mes están previstas otras audiencias, ya que antes de que se iniciara la feria judicial el fiscal Rodríguez solicitó la imputación de Maximiliano Rodríguez, el dueño de Pasfer, una de las empresas tomadoras de ganado, a los que Gustavo Basso le llegó a girar US$ 23 millones desde cuentas de Conexión Ganadera.
El pedido del fiscal es por los delitos continuados de apropiación indebida y falsificación ideológica por particular.
También declararán ante fiscalía entre el 18 y el 24 de febrero, las hijas y el yerno de Basso, Agustina, Candelaria Basso y de Alfredo Rava, así como de Jorge Cunietti, con quién Basso tenía negocios y es señalado como uno de sus testaferros. También fijó las citaciones de tres de los cinco hijos de Carrasco: Marcela, Guadalupe y Valentín.
La denuncia por los mails
La fiscal de flagrancia Silvia Pérez investiga la denuncia que presentaron los abogados de la familia Basso Cabral por el hackeo de los mails de Basso, luego de que se divulgara el contenido de varios de esos mails.
Los abogados señalaron que no podrán ser utilizados en el juicio, ya que alegaron que la información surgió a raíz "de una actividad ilícita" como es el "hackeo y su ulterior difusión", según informó El país.
En el comunicado, los damnificados afirmaron al respecto que si bien por sí solos no son prueba determinante, el contenido de los mails "arrojará luz sobre la intencionalidad que se esconde detrás de mucha información otorgada por la Senaclaft y la UIAF, el convencimiento es absoluto que esta discusión que se está teniendo al día de hoy, no sería necesaria, si en febrero 2024 se hubiese dado lugar al secuestro y pericia de dispositivos móviles y unidades de registro contable utilizados por conexión ganadera. Donde probablemente tuviesen registrado el listado exacto de los movimientos, préstamos y gestiones realizadas en efectivo que quedarán por fuera del registro formal".
