El convenio, firmado durante la presidencia de José Mujica, fijó el 31 de diciembre de 2025 como plazo para dejar de utilizar este metal cuyos desechos son nocivos principalmente para el desarrollo de bebés y niños.
Pese a que la fecha se vence en menos de cuatro meses, la administración de Orsi debe resolver si pide una prórroga de un año más, ya que Efice –la principal empresa de producción de cloro– comunicó recientemente que no llega a reconvertirse antes.
La comunicación de la empresa, antecedida de algunas conversaciones informales con el gobierno, se produjo al evacuar una consulta realizada por el Ministerio de Ambiente. “El plan está muy avanzado, las inversiones están lanzadas, la planta de electrólisis y la planta de tratamiento de salmuera están viajando a Uruguay, pero se requiere más tiempo para poner a funcionar toda la planta completa”.
“Entendemos que la República Oriental del Uruguay puede y debe comunicar esta situación formalmente”, dice el documento enviado por la empresa al que accedió El Observador. Fuentes del gobierno dijeron que analizaran si se le otorga la prórroga.
En el escrito, la empresa señala que el “cese abrupto de la producción actual” al 31 de diciembre sin contar con la nueva planta operativa, tendría consecuencias sociales, económicas y sanitarias “muy graves”.
Menciona que 130 familias perderían su fuente directa de trabajo; que más de 500 tendrían dificultades porque realizan trabajo indirecto, y que el Estado dejaría de recibir millones de dólares en impuestos pagos por la empresa.
“Más de US$ 23 millones se dejarían de derramar en la economía por años, para beneficio de la sociedad y diferentes stakeholders”.
A su vez, se produciría un “desabastecimiento crítico de productos esenciales para la salud pública y el ambiente” como el cloro, la soda cáustica, el hipoclorito de sodio y el cloruro férrico, “insumos imprescindibles para la potabilización del agua, el tratamiento de efluentes y el saneamiento”.
Efice viene recibiendo prórrogas desde 2016. Ese año, la dirección nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgó cinco años para dejar de utilizar mercurio en la producción de cloro, pero la empresa solicitó –en 2021– una prórroga que le fue concedida hasta 2025. Esta última fecha es, a su vez, el límite fijado en el Convenio de Minamata.
“Ninguna parte permitirá, tomando para ello las medidas apropiadas, el uso de mercurio ni de compuestos de mercurio en los procesos de fabricación tras la fecha de eliminación especificada para cada proceso, salvo cuando la parte se haya inscrito para una exención” dice el artículo 5 del acuerdo.
Para la empresa “es claro que los impactos que pudo tener la producción de cloro-soda con tecnología de mercurio en más de 65 años de existencia de la planta no serán sustancialmente modificados por un año más de funcionamiento”.
Las dificultades
En el escrito entregado a Ambiente, Efice detalla que una de las máquinas nuevas –un electrolizador– está previsto que llegue a Montevideo el 15 de octubre, mientras que la planta de salmuera será embarcada el 10 de octubre.
“Si bien los elementos fundamentales de la obra están en viaje o en fase final para embarque, se han presentado dificultades no previstas, que implican una demora en el plazo total del proyecto”, dice.
Detalla que hubo demoras en elementos simples como la resolución de interferencias para el cruce de la ruta con las cañerías de efluentes y pluviales, pero también con equipos que tenían “plazos de entrega prolongados”.
Efice señala que la coyuntura del mercado internacional es incierta, con múltiples variables que han incidido en los procesos de compras de insumos. También menciona que hubo problemas y demoras administrativas en la formalización de las garantías ante el BROU “dificultaron los procesos de liberación de fondos, con el consiguiente retraso en obras y compras de equipamiento”.
Para la empresa, no se preveía en el momento de la ratificación de Uruguay del Convenio que hubiera una serie de “sucesos nuevos, totalmente externos y globales, imprevistos y excepcionales” que tuvieron un “significativo impacto en el financiamiento, la viabilidad económica y técnica de este tipo de proyectos”.
Dentro de estos, menciona que la pandemia del covid-19 y la guerra de Ucrania tuvieron impactos en los costos tanto de energía como de insumos específicos como los minerales. A su vez, hubo alargamientos importantes de los plazos de entrega, encarecimiento de la cadena logística, y aumentos exorbitantes de las tasas de interés internacionales.
“No resulta razonable ni alineado al espíritu del convenio que, en este contexto, los países que no solicitaron la extensión del plazo prevista, al momento de la ratificación hoy se vean perjudicados frente a los que tienen cinco años más de plazo con opción a cinco adicionales”, sentencia.
La línea de México
La empresa detalla que Argentina, Perú y Estados Unidos pidieron excepciones al convenio hasta 2030 que pueden ser prorrogables por cinco años más, mientras que México justificó su incumplimiento con argumentos que son “aplicables” al caso de Uruguay y han sido aceptados.
“En el caso de México, se tomó nota de su plan detallado, con cronograma, acciones implementadas y respaldo institucional, y se recomendó continuar el seguimiento del progreso mediante informes periódicos, sin aplicar medidas coercitivas”, dice y resalta que este antecedente resulta plenamente aplicable al caso uruguayo, donde los “niveles de avance técnico, compromiso financiero y respaldo institucional se encuentran en un estadio comparable o superior”.
