El equipo de la Fiscalía de Lavado de Activos de 1º Turno, encabezado por el fiscal Enrique Rodríguez, que lleva adelante la indagatoria penal por el caso Conexión Ganadera, recibió a un grupo de representantes de los damnificados que en total llegan a 4.300.
En la reunión que se realizó este martes en la sede de fiscalía de la calle Cerrito, los damnificados expresaron preocupación por algunos aspectos de la investigación y algunos implicados en el caso que aún no han sido indagados o sobre los que entiende se debería poner el foco en la próxima etapa.
Según reconstruyó El Observador, tanto con fuentes de fiscalía como con fuentes de los damnificados, el tema de fondo planteado por el equipo fiscal fue la falta de recursos para investigar. Relataron que sólo cuentan con una contadora que la fiscalía de Corte les asignó dos veces por semana, y si bien todo el tiempo están recibiendo información de los organismos estatales como la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central o la Secretaría Antilvado, se les dificulta poder analizar esos informes.
Pusieron como ejemplo de la falta de recursos que aún no pudieron enviar un exhorto a Estados Unidos, con el fin de conseguir información sobre los negocios de los socios de Conexión Ganadera en ese país, porque no pudieron pagar el traductor para redactar el documento en inglés.
Ante ese panorama los inversores aseguraron que ellos pueden conseguir dinero ya que son más de 4.000. Y se ofrecieron a colaborar tanto en conseguir recursos económicos como con información sobre puntas de la investigación para que la fiscalía trabaje.
Una fuente de Fiscalía que participó de la reunión dijo que se harán gestiones para que la Fiscalía General de la Nación pague la traducción del exhorto a Estados Unidos. Si bien lo plantearon a la Suprema Corte de Justicia, desde Fiscalía dijeron que afirmaron que no le correspondía al Poder Judicial pagarlo sino a la Fiscalía. Aún no hay respuesta de la fiscal de Corte, Ferrero porque recién se comunicó, dijeron.
Por otra parte, el fiscal les pidió que si van a aportar información, sean concisos y aporten datos concretos sobre los que puedan trabajar. Les aclaró que se trata de una investigación muy compleja y de largo aliento, en la que lo que se sabe hasta ahora es "la punta del iceberg".
Asimismo, los inversores mencionaron que les preocupaba que hasta el momento no se hubiera puesto el foco en Martín Muttoni, el titular de MCO Agro, la segunda tomadora de ganado después de Hernandarias XIII, en la que figuraban como titulares Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow. Los campos de MCO Agro eran arrendados por Gustavo Basso, con lo cual Muttoni no se hacía responsable pero apuntaron a que debería tener US$ 15 millones en ganado. Sin emargo, apuntaron, Muttoni se presentó como acreedor en el concurso alegando que Basso le debía plata.
Los fiscales mencionaron que en el último informe elaborado por la Senaclaft aparece mencionado como aparece también Jorge Cunietti, considerado uno de los testaferros de Basso. Otros nombres que se mencionaron en la reunión fueron dos mandos medios de Conexión Ganadera, que manejaban los contratos de ganado y de terneros respectivamente, Diego Quiroga y Rodolfo Flores. Sobre Flores apuntaron que en noviembre, cuando la empresa ya tenía evidentes problemas le aseguraba a los inversores que estaba todo bien y les ofrecía renovar sus contratos, mes en el que él se jubiló.
Sobre el ganado se habló de que en base a información que han obtenido del concurso se confirmo que hay un 10% del ganado que debería haber ya que no hay más de 75.000 u 80.000 cabezas de ganado, cuando debería haber 730 mil. En tanto se mencionó que el pasivo de la empresa llega a los US$ 380 millones mientras que el activo sigue siendo una incógnita.
Un pedido de los damnificados, que aparentemente será contemplado por el fiscal, es que se citará a algunos inversores que pueden aportar datos. Concretamente se habló de citar a declarar a algunos de los cien que participaron de aquella reunión que se realizó en enero pasado, organizada por Pablo Carrasco y en la que estuvo el contador Ricardo Giovio con los inversores que tenían más dinero invertido (en algunos superaban el millón de dólares).
En la reunión el fiscal de Lavado Rodríguez estuvo acompañado de los fiscales adscriptos Andrea Graña y Federico Rodríguez y la coordinadora técnica, Marcia Duarte.
Damnificados de Conexión Ganadera
La reunión, solicitada por los representantes de las víctimas quienes también asistieron al Parlamento y fuero recibidos por el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz, duró más de dos horas.
Según informó la Fiscalía General de la Nación en su web, Rodríguez les explicó que en el futuro pueden producirse nuevas imputaciones o modificaciones a la ya existentes. Agregó que la carpeta de investigación ha estado disponible para las partes desde el primer momento.
Les confirmó que el 6 de octubre declarará Ana Iewdiukow para ser interrogada sobre movimientos de cuentas bancarias europeas pero no les dijo si pensaba pedir la imputación por lavado.
También estuvo en la conversación el cuestionamiento sobre el apartamento en el que la viuda de Basso, Daniela Cabral, cumple prisión domiciliaria en el edificio Imperiale de Punta del Este. Los damnificados le señalaron que ese apartamento forma parte de la herencia de Basso, decretada como parte del concurso, con lo cual les parecía "injusto" que el síndico Alfredo Ciavattone tenga que hacerse cargo de administrar el apartamento en el que la imputada cumple la prisión domiciliaria porque en definitiva es un gasto que están pagando todos.
Según relataron los inversores a El Observador, el fiscal les dijo que si bien no era resorte de la fiscalía determinar dónde cumple la prisión domiciliaria un imputado, iba a evaluar si se podía modificar esa situación. Sin embargo, la fuente de fiscalía que estuvo en la reunión aclaró que no habló de modificarlo justamente por considerar que no es un tema que decida el equipo investigador.
Justamente hoy se vence el plazo que tiene el fiscal para responder al planteo para modificar el lugar de la prisión domiciliaria que formuló uno de los abogados del caso, Juan Pablo Decia. La jueza del caso, Diovanet Olivera, le dio vista al fiscal para que exprese su opinión.
El reporte de la Fiscalía señaló que al finalizar la reunión, Rodríguez valoró el tono de la misma y el ánimo constructivo con el que se desarrolló.
