Y más allá de conversaciones informales, la negociación, que tuvo su puntapié en una reunión entre Guido Manini Ríos y Yamandú Orsi en julio, comenzó a encausarse a fines de la semana anterior cuando formalmente Cabildo Abierto planteó cuáles eran sus planteos para acompañar el proyecto. El viernes 3, tal como informó El Observador, los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita fueron recibidos por un grupo de legisladores del Frente Amplio y allí plantearon que pretendían más recursos para los salarios de los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas y recursos para Sanidad Militar.
¿Cuáles fueron las reasignaciones?
Si bien las reasignaciones aun no se votaron, el acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto ya está sellado y lo acordado se votará en el último día de la discusión en el plenario.
La principal reasignación solicitada por Cabildo es para el salario de los rangos más bajos de las Fuerzas Armadas. Se trata de adelantar una partida que estaba previsto que se empezara a pagar en 2027 y que ahora se aumenta un poco y se paga a partir del año que viene.
Es un aumento de salario para los grados más bajos que va creciendo de forma gradual hasta llegar a los $ 1.000 en 2029. En 2026 el aumento es de $ 500, en 2027 y 2028 se le adicionarán $ 200 cada año y finalmente en 2029 otros $ 100.
Esta partida le corresponderá a al personal militar que va desde alférez, desde la jerarquía de soldado de primera hasta la jerarquía de sub oficial mayor, combatiente y no combatiente, aprendiz y cadete del escalafón K "Personal Militar" y también para los civiles equiparados a un grado militar. A 2029 serán casi $ 390 millones que se destinarán a este rubro.
Estos ajustes se le suman a los incrementos salariales que le correspondan por la negociación colectiva de los funcionarios públicos.
¿De dónde sale la plata para financiar este aumento? En su mayoría del propio Ministerio de Defensa ya que se reasigna una partida que tenía esa cartera en la Dirección General de Secretaría bajo el objeto de gasto “partidas globales a distribuir”.
La otra reasignación realizada a pedido de Cabildo Abierto fue una partida de $ 15,6 millones para incrementar la compensación de aquellos profesionales de la salud que cumplan funciones bajo el régimen de alta dedicación en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
Además, Sanidad Militar también recibe una partida de $ 22 millones anuales para “contratar personal sanitario necesario para situaciones de contingencia y/o emergencia para tareas relacionadas a su misión de Reserva Estratégica, cuyo aumento de volumen no pueda ser afrontado con el personal permanente”.
“Los contratos tendrán duración mientras se mantenga la emergencia o contingencia. El personal contratado no adquirirá la calidad de funcionario público”, agrega el artículo. El dinero de ambas reasignaciones sale del mismo lugar que el aumento salarial.
Además, hay una reasignación de unos $ 5 millones para un programa contra el acoso escolar que fue un aditivo impulsada por la diputada Silvana Pérez Bonavita.
En total, el oficialismo destina unos $ 430 millones para atender las demandas de Cabildo Abierto pero una parte de esa plata (para el salario de la tropa) ya estaba asignada en el proyecto inicial aunque era menos. Las nuevas reasignaciones son unos $ 250 millones.
Todas las otras reasignaciones que se anunciaron el sábado (Udelar, UTEC, Fiscalía, entre otros) implican unos $ 500 millones. En ese caso se toma dinero del Ministerio de Economía y de la plata que estaba asignada al pago de un préstamo de la CAF que se renegoció y se va a pagar con otros plazos.
Deudores y forestación
A estas reasignaciones se le suman otros dos compromisos acordados por el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Apenas termine la discusión del proyecto de Presupuesto, los diputados empezarán a discutir dos proyectos: uno sobre deudores –ya presentado por el FA en la comisión de Hacienda– y otro para regular la actividad forestal.
Al atender estos dos temas –sumado a lo del Presupuesto– el oficialismo está dando respuesta a los planteos que Guido Manini Ríos le había transmitido al presidente Yamandú Orsi en una reunión que mantuvieron a mediados de julio. Tras ese planteo de Cabildo Abierto –en ese encuentro también participaron Perrone y Pérez Bonavita– las conversaciones se trasladaron al Parlamento y los detalles se terminaron de cerrar en las reuniones de viernes y sábado.
La idea de Perrone es que antes de fin de año ambos proyectos estén aprobados al menos en la cámara baja. “Son dos temas que venimos trabajando desde hace tiempo”, señaló. Desde el Frente Amplio reconocen este compromiso y destacan que son dos temas que interesan en la bancada del oficialismo.
“El control de la tasa de usura implica abordar un problema social que tenemos. Hay que ver porque cuando uno se pone muy duro con los controles la gente pasa al mercado informal”, dijo en el programa De No Olvidar del canal Topic el diputado frenteamplista Alejandro Zavala.
Una de las diferencias que Cabildo ya marcó con el proyecto que presentó el oficialismo es que no contempla las deudas con el Estado.
Respecto a regular la forestación, todavía están analizando si retoman el proyecto que ambos partidos apoyaron en la legislatura pasada –vetado por el entonces presidente Luis Lacalle Pou– o si presentan uno nuevo.
“Nosotros estamos de acuerdo, hay que tener algunos límites a las plantaciones forestales. Hay que regular el uso del suelo, los mejores suelos deberían usarse para otro tipo de producción”, agregó Zavala sobre este tema.
Antes de asumir el gobierno, el entonces designado ministro de Ganadería Alfredo Fratti dijo que el tema de la forestación “es una discusión que hay que volver a dar”. “Me parece que es una cosa de sentido común; por ahora no he encontrado razones para decir que está bien que se planten árboles en cualquier lado (…) El campo es tuyo, pero son regulaciones que se llevan adelante por el interés nacional”, dijo en una entrevista con Brecha en enero.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, no se ha expresado activamente sobre este tema pero cuando se dio la discusión en el período pasado difundió en sus redes sociales columnas de opinión que defendían la postura de dar el debate y revisar la regulación.
Lo que falta
El Frente Amplio decidió adelantar la votación de los cambios tributarios para asegurarse el aumento de ingresos que prevé el proyecto. De esa forma, en el segundo día de discusión logró, con el apoyo de Cabildo Abierto, aprobar uno de los pasajes más complejos del texto.
Sin embargo, aun quedan otros que también generaron diferencias y que los dejaron para el final –al igual que todos los aditivos–. Entre esos artículos que quedaron para el último días está el levantamiento del secreto bancario y los impuestos a los agroquímicos.
Sobre el primer tema, el Poder Ejecutivo había planteado inicialmente eliminar la intervención judicial del proceso por que el la Dirección General Impositiva podía acceder a los datos de las cuentas. Sin embargo, y tras las críticas de la oposición, la restituyó pero le puso plazo: los jueces tienen 10 días hábiles para expedirse, si no lo hacen se considera que se está otorgando la autorización.
Sin embargo, esa propuesta tampoco convence a la oposición y Cabildo Abierto, por ahora, no la acompaña. El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó una propuesta alternativa que eleva a 15 días el plazo que tiene el juzgado y, además, prevé la notificación al implicado –algo que no está previsto en la propuesta inicial– y le da 6 días para responder. Además, los bancos tienen diez días hábiles desde que reciben la notificación del Banco Central para responder.
El otro tema que también generó polémica y todavía no fue aprobado –se postergó por falta de acuerdo– es el que plantea gravar con IMESI los productos fitosanitarios –conocidos como plaguicidas o agroquímicos– que contengan “sustancias activas de alta peligrosidad”. En este caso el que presentó una propuesta alternativa fue el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, porque pretende que lo recaudado vaya a políticas ambientales.
