24 de diciembre 2025 - 13:15hs

El Poder Ejecutivo aprobó este martes el decreto para reglamentar la Ley 20.376, llamada de de Creación de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. La norma impulsada durante dos legislaturas por la hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había sido votada por el Parlamento en setiembre de 2024 pero hasta ahora no se había reglamentado, lo que le valió críticas tanto dentro del oficialismo como de la oposición.

El decreto reglamentario firmado por el presidente Yamandú Orsi pone en funcionamiento un diseño organizacional con distintos actores que deberán coordinar entre sí para la "ejecución de políticas públicas" en esta materia.

Primero, instituye un Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia que se encargará del "diseño y la planificación de las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia" y "deberá aprobar la Estrategia Nacional para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y disponer la forma de su ejecución y coordinación entre sectoriales".

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Estará integrado por el presidente o a quien designa en representación de Presidencia de la República, por los ministros de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Salud Pública, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Trabajo, Economía, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; un representante del Consejo Directivo Central de Administración Nacional de Educación Pública; uno por el Banco de Previsión Social; otro por la Administración de Servicios de Salud del Estado; por el INAU y por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El organismo será coordinado por el Mides y podrá ser convocado por cualquiera de las sectoriales, por la OPP o por el MEF mediante "solicitud fundada" al ministro de Desarrollo Social.

El gabinete deberá actuar en consulta con un Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente que había sido creado por la ley, a quien deberá remitirle los "documentos estratégicos" que redacte o enviarle el orden del día para que el Consejo se pronuncie sobre los temas a tratar.

El decreto también pone en funcionamiento una Unidad de Coordinación Presupuestal para diseñar la planificación presupuestal y su monitoreo de las políticas de infancia. Deberá estar integrada por dos representantes del MEF, del Mides y de la OPP.

El texto define además que una Comisión Especial podrá actuar en situaciones de "atención transitoria" cuando determinados casos que tengan una prestación asignada en una sectorial correspondiente "no estén siendo cubiertas". Esta comisión será designada por el Gabinete con la integración del Mides, OPP y el MSP.

Estos casos de "atención transitoria" involucran "emergencias" que "alcanzan su máximo grado de gravedad y requieren una intervención urgente" porque podrían implicar "la pérdida de vida" de un niño, o cuando ante una medida del Poder Judicial "se originen diferencias entre las sectoriales involucradas respecto a quién corresponde el cumplimiento de la medida". En estos casos, la situación deberá ser puesta en conocimiento por parte del juez al Mides para convocar a la Comisión Especial, que "resolverá la controversia planteada".

Junto con la Agesic, la Unidad de Coordinación Presupuestal deberá elaborar "un plan de trabajo para la implementación de un Sistema Único de Información y Seguimiento de mujeres gestantes y sus familias". El plan será presentado al Gabinete para su consideración, en un plazo máximo de 90 días a contar de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación Presupuestal.

Este plan deberá recabar la información proveniente del Sistema Informático Perinatal, el certificado de nacido vivo, el certificado de defunción, el Sistema de Información para la Infancia, así como otros sistemas integrados actualmente al Sistema Integrado de Información del Área Social y en datos del Instituto Nacional de Estadística; también de los sistemas de seguimiento de ejecución presupuestal y de metas institucionales.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había respaldado la ley meses atrás pero había dejado entrever que podía requerir ajustes, al declarar ante el Parlamento que se debía una conversación con Lustemberg y que "hay oportunidad de hacerlo mejor".

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Cristina Lustemberg Yamandú Orsi Ministra de Salud Pública

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