Con Adrián Peña en vida, el Senado estuvo a un voto de la mayoría especial para obligar a las intendencias a que todas las nuevas contrataciones sean por concurso o sorteo. El Partido Nacional se abroqueló tras la voz cantante de sus intendentes que, entre varios argumentos, esgrimieron: “Los 19 gobiernos departamentales del Uruguay tienen un estatuto del funcionario que prevé el concurso como vía de acceso. Por lo tanto, la norma en sí misma, además de inconstitucional, es innecesaria”.
Estas fueron las palabras del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, ante la Comisión de Constitución el pasado 5 de marzo. Pero lo cierto es que al cierre del 2023 hubo once de las 19 intendencias que hicieron más designaciones directas que concursos, sorteos, o cualquier otro mecanismo de contratación no discrecional.
Así lo declararon ante la Oficina Nacional del Servicio Civil, según surge de los datos elevados en la Rendición de Cuentas que procesó El Observador.
En Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Treinta y Tres –blancas todas ellas–, Rivera (Partido Colorado) y Salto (Frente Amplio), las intendencias usaron más veces “el dedo” en el correr del año que los concursos, sorteos, listas de aspirantes o cualquiera de los otros mecanismos menos discrecionales.
La administración de Pablo Caram en Artigas y la de Richard Sander en Rivera directamente declararon no haber realizado ningún concurso o sorteo a lo largo del año 2023.
En estas dos intendencias, así como también en Río Negro y Lavalleja, los ingresos “a dedo” fueron más del 90% del total de altas de personal en las comunas, sean funcionarios públicos o no.
La "caja negra"
Entre destituciones, renuncias, fallecimientos, finalizaciones de contratos o renovaciones de vínculos que ya venían de antes, es importante aclarar que los ingresos a las comunas no suponen necesariamente un aumento de las plantillas o del rubro cero, y que de hecho el tamaño de las estructuras se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas, con subas en algunos departamentos y disminuciones en otros.
La interpretación de los números rendidos por las comunas a la ONSC nunca es trabajo sencillo y abre la puerta a su utilización política, tal vez porque la realidad en cada departamento “es una caja negra” sobre la que “no existe sistematización” ni “criterio único” a nivel nacional, tal como explica el investigador Martín Freigedo.
Pero sí admiten conclusiones gruesas: hay “un problema estructural” con “una burocracia no presupuestada que es permeable al manejo discrecional” de cada intendente y que las juntas departamentales suelen ser “débiles” –dados los escasos márgenes de maniobra para la oposición– como para exigir controles más fuertes. “Efectivamente hay discrecionalidad a la hora del ingreso”, sostiene este doctor en Ciencias Sociales.
Las rendiciones de las intendencias dan cuenta de que el año pasado al menos uno de cada tres ingresos (36%) a las comunas fueron por designación directa, con importantes extremos para cada lado. Una de las novedades este año fue que el informe subsanó un reclamo de los blancos para poner en tela de juicio los números, en tanto la Intendencia de Lavalleja registraba como designaciones los nombramientos “a dedo” renovados mes a mes, lo que hacía disparar el promedio nacional.
De todos modos, al descontar a funcionarios electos y transformaciones de vínculos laborales, las designaciones directas representan casi la mitad (46%) de los ingresos a las intendencias, de acuerdo a un análisis en manos del Frente Amplio al que accedió El Observador.
20240514 Senador Sergio Botana
Foto: Leonardo Carreño.
El nacionalista Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, señaló que “la información no es seria” porque la Oficina que las recopila “no tiene competencia” sobre el asunto y la “recoge de modo voluntario”. El organismo, no obstante, ha aclarado en el pasado que las cifras informadas surgen de las rendiciones de las propias intendencias y que incluso son remitidas al Parlamento con su aval previo.
El investigador Freigedo coincidió en que “no existe un diagnóstico desde ningún organismo que evalúe cómo es la designación de los funcionarios en los gobiernos departamentales".
"Son datos duros que políticamente alguien puede decir que no son reales, pero la realidad es que son 19 realidades, no hay un criterio único. La autonomía te brinda disparidades, cada una con sus propias escalafones y organización, y en las juntas departamentales la oposición hace pedidos de informes que básicamente no tienen respuesta. Y hay un problema que está asociado a la autonomía de los gobiernos departamentales, porque si te metés con ellos estás violando la autonomía”, planteó Freigedo, quien justamente coordina un trabajo en profundidad que procura sistematizar los datos.
La mitad de los funcionarios no son presupuestados
Para el investigador supone un “problema estructural” el “muy bajo porcentaje de funcionarios presupuestados”.
El informe adjunto a la Rendición de Cuentas del gobierno identifica que casi la mitad (49,8%) de los trabajadores municipales están presupuestados, mientras que un porcentaje prácticamente similar (47%) son contratos permanentes o son zafrales y eventuales, justamente las dos categorías en que ocurren el grueso de las designaciones “a dedo”.
“La pregunta es por qué no se hace (la presupuestación). Y la razón es que puede ser un botín político. Al no presupuestar podés utilizar eso como moneda de cambio, te da la discrecionalidad política para, por ejemplo, competencias internas entre sectores de un partido, lo que le permite a cada uno designar funcionarios en base a oportunidades políticas”, argumenta Freigedo.
“Montevideo, Canelones e incluso Maldonado son los más avanzados en este sistema, con más concursos. También son gobiernos departamentales más grandes, donde tenés lugar tanto para la discrecionalidad como para los concursos”, añade.
Robert Silva
Foto: Leonardo Carreño.
“Lo que está claro es que este proyecto de ley no resuelve el tema de la presupuestación”, planteaba en el Senado, antes de ser la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll. “El funcionario entró por concurso o por sorteo, pero cuando termina el período de gobierno, si en el siguiente gana otro partido la intendencia, a todos esos el nuevo intendente los cesa y contrata a otros”, dijo a nombre de la Federación de Municipales, a la que renunció la semana pasada.
Todo esto sin tomar en cuenta en otras modalidades discrecionales, como los convenios de intendencias con organizaciones. El caso más sonado en este período ha sido entre intendencias blancas y la Fundación A Ganar.
El sector Ciudadanos del Partido Colorado –a impulso del entonces precandidato Robert Silva– procuró tras la muerte de Adrián Peña conseguir las firmas para convocar a un plebiscito y modificar la Constitución de la República. La movida generó un cisma en la propia colectividad de Fructuoso Rivera, los blancos volvieron a cerrar filas en contra y el Frente Amplio, que coqueteó con la idea de extender la obligación de los concursos para todo el Estado, se terminó bajando por la votación contraria de un tercio de su Mesa Política.
