El proyecto de ley de Presupuesto no prevé recursos para realizar las encuestas de victimización –que comenzaron en 2024– y eso hace “inviable” continuar con este trabajo que permitió conocer el año pasado que menos del 30% de los delitos se denuncian.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo están intentando buscar una solución que permita seguir adelante con las encuestas y por eso están dialogando con distintos organismos multilaterales para conseguir financiamiento.
“Para nosotros es muy relevante la encuesta de victimización; naturalmente, es un dato muy importante. Obviamente, estamos procurando y buscando, de alguna manera, entre recursos públicos y en colaboración con organismos multilaterales, la manera de realizar esa encuesta, que va a dar un insumo muy importante para la evaluación de las políticas en un área muy sensible para la población”, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en el Parlamento ante las preguntas de los diputados de la oposición por este tema.
Las encuestas de victimización permiten realizar una medición confiable sobre la violencia, la criminalidad, la percepción de inseguridad en el país y el desempeño de las autoridades, según definía el Instituto Nacional de Estadística al anunciar su lanzamiento en 2024.
El INE había pedido casi 40 millones de pesos para costear cada una de las dos encuestas nacionales de victimización que pretendía realizar hasta que acabe el período de gobierno (se hace una cada dos años y luego se hace un seguimiento con un bloque dentro de la Encuesta Continua de Hogares). Pero eso no se incluyó en el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento.
“Sin encuestas de victimización estás trabajando a ciegas. Estamos en un contexto latinoamericano donde delitos propios del crimen organizado crecen y no se denuncian. Uruguay venía con décadas de atraso en no usar estas herramientas de medición, dio un salto, y es riesgoso dar marcha atrás. Hace muy difícil combatir el delito”, había dicho el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, el lunes 22 de setiembre cuando El Observador dio cuenta de que no habían recursos para continuar con esta política.
Ante la comparecencia de Presidencia en la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el diputado blanco y exsubsecretario de Interior, Pablo Abdala, consultó a las autoridades por la falta de fondos.
“Todos coincidimos en que (los datos de denuncias) resultan absolutamente insuficientes, porque hay un subregistro en la comisión de delitos, una cifra oculta, una cifra negra, y todos sabemos que no todos los delitos se denuncian”, aseguró antes de consultar sobre la información disponible sobre este tema.
Fue entonces que Sánchez aseguró que “la recomendación de los organismos internacionales siempre es que colaboran con la realización de un conjunto de estas investigaciones, pero posteriormente se deben incorporar a la acción del propio gobierno”. Sin embargo, aclaró que en el Poder Ejecutivo creen “que todavía no estamos en esa etapa” de financiarlo con fondos propios y, por lo tanto, el gobierno están “buscando colaboración con otros organismos multilaterales para realizar dicha encuesta”.
