Inteligencia artificial para detectar las estafas
Las estafan eran hace menos de una década el séptimo delito más denunciado (en 2018 hubo 500 registros por mes). El año pasado, en cambio, se posicionó en el tercer lugar (2.500 denuncias mensuales). Y eso que aquellos que avisan a las autoridades sobre el hecho son una mínima cantidad de los damnificados.
Con este diagnóstico sobre la mesa, la Fiscalía General de la Nación propuso el uso de una herramienta de inteligencia artificial para la detección de patrones comunes en las denuncias de estafas.
La lógica detrás es que la estafa, sobre todo online, no es otra cosa que “engañar mediante estratagemas”. Esas “destrezas” muchas veces siguen un mismo “modus operandi”, y eso lo podría identificar la inteligencia artificial tras la lectura de documentos extensos, videos, audios y otra información que se aporte a la hora de la denuncia.
La evidencia lo indica: por cada estafador hay más de un estafado. Si se capta el patrón de comportamiento de esa estafa, entiende Fiscalía, se podría anticipar a algunos delitos y, a la vez, darle más confianza a la población para que denuncie (reducir la cifra negra).
Cupos máximos en las cárceles
La población detrás de las rejas es la que más crece en un país que tiende a achicarse. Uruguay —sin guerras, narcoestado o dictadura— está entre los diez países con mayores tasas de prisionización. Y a este ritmo, el período de gobierno acabará con unos 20.000 privados de libertad.
Esa sobrepoblación no solo causa el efecto contrario al deseado (la reincidencia en lugar de la rehabilitación), sino que afecta a las familias de los presos y quebranta los derechos humanos más básicos que Uruguay ratificó de los tratados internacionales.
La asociación Familias Presentes propuso entonces el establecimiento de una regla de numerus clausus (de capacidad máxima). Los centros penitenciarios no pueden exceder el número de plazas disponibles, no puede haber hacinamiento. Eso supone aumentar las medidas alternativas a la prisión o liberar a aquellos de menor riesgo a los efectos de disponer de más plazas. En los lugares en que la ocupación llega al 100%, no puede ingresar un nuevo recluso hasta que haya espacio. Sería un límite legal a la privación de libertad.
El pedido de esta ONG va muy de la mano con otro concepto que salió en los encuentros por seguridad: “revisar la dosimetría penal para establecer proporcionalidad entre los delitos”. Eso involucra a los legisladores a la hora de modificar penas y a los jueces en sus fallos.
La comisión de seguridad pública-privada
En Uruguay hay más guardias de seguridad privada que policías ejecutivos en actividad. Empresas y trabajadores del rubro ofrecieron una colaboración para que los 23.243 pares de ojos de esos privados sirvan para ver lo que no logra ver la seguridad pública.
Eso supone que se compartan datos, que haya sistemas de denuncias internas, que los circuitos cerrados de videovigilancia sean de acceso para la Policía, que las alarmas y sistemas electrónicos estén conectados con la respuesta inmediata, que haya medidas preventivas con uso de drones. No implica costos, sino reorganizar lo que ya existe.
Casas con custodia policial
La Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía relocalizó, a través de su plan de protección, a cerca de 500 personas en ocho años. Familias que vieron lo que otros no querían que se vea, o que fueron amenazadas, amedrentadas.
Esa protección transitoria no es suficiente para dar respuesta a la criminalidad del país, reconoció Manuela Reguera, directora de la Unidad, quien propuso la creación de casas de seguridad para casos de riego alto.
“Las casas de seguridad con custodia policial durante los momentos previos a la declaración, tal y como indica la experiencia en otros países, podría ser un dispositivo que contribuya a la protección”, justificó en el intercambio.
Más allá de la custodia de policías, en la previa a la declaración judicial se incluye el acompañamiento psicológico, alimenticio y de otros servicios que les permitan a los testigos clave no ceder ante la presión de los criminales.
Nodos comunitarios de convivencia
La policía sola no puede. Incluso hay veces que su sola presencia puede ser una complicación más que una ayuda. La ONG La Vida Vale propuso la creación de ocho nodos comunitarios de convivencia en la periferia de Montevideo, y una misma cantidad en capitales departamentales del interior, para que sean los responsable de acompañar el cumplimiento de medidas alternativas a las cárceles, recibir a los recién liberados el día después de la prisión, dar seguimiento y derivar a personas cuyas trayectorias los dejan en una vulneración que es tierra fértil para el delito (por problemas de salud mental, de falta de empleo, de consumo problemático de drogas, de situación de calle…).
Es una propuesta que integra a ONGs con el Estado para que los servicios estén en el territorio, deje de cederse ante el crimen organizado y, sobre todo, no haya dos oficinas del Estado haciendo lo mismo sin comunicación.
Subastar motos después de tres meses
Las empresas de seguridad privada están notando que muchas rapiñas que se cometen contra los comercios que custodian tienen un denominador común: van dos personas en una mota, el casco las cubre, una se baja, delinque, y luego huyen.
Cuando esas motos son encontradas, quedan en depósitos policiales a veces por más de dos años sin posibilidad de hacer nada con ellas. Fue entonces que propusieron cambiar la ley para que luego de 90 días de haber sido incautada, la moto pueda ser subastada o destruida. Eso liberaría espacio, acortaría tiempos y dotaría a la Policía de más recursos.
Respuesta nacional frente al cibercrimen
La Unidad de Cibercrimen de la Policía reconoció que el país corre de atrás frente al delito digital. En esa línea, propuso que el Estado tenga, a través de esa misma dependencia, la capacidad integral de prevenir, investigar y responder a esta tendencia.
Eso supone la recepción de denuncias online, chatbot de asesoramiento, terminales de autogestión, capacitación de operadores, la ampliación y modernización del laboratorio forense digital, la cooperación con los bancos de plaza, entre otras acciones.
Masificación de las cámaras Gesell
La Justicia uruguaya no es del todo amigable con los niños. Las cámaras Gesell, esa sala de observación con dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral que se usa para entrevistar a los pequeños sin exponerlos ante el imputado y evitar la revictimización, tienen poca masividad y disponibilidad.
Por eso el Poder Judicial propuso la instalación de al menos 40 cámaras de este tipo, de manera tal que cada dos turnos haya una que permita darle a los menores las garantías de un correcto tratamiento de sus derechos.
Destrucción de armas y prohibición de la herencia
Las armas de fuego son el principal vector de los homicidios. En los encuentros de seguridad hubo un eje entero dedicado al tema. Dentro de las propuestas asociadas está que, en el marco de la ley de violencia de género, toda arma usada en ese hecho violento sea destruida (si así lo dispone el juez). Y, a la vez, hubo quienes plantearon que la limitación implique más pericias psicológicas de los portadores, el que haya limites de entre dos a tres armas por familia que tenga autorización, y que se suprima la herencia (las armas no se heredan como un bien).
La búsqueda del dinero detrás del asesinato
En el Ministerio del Interior hay una disputa sobre cuál es la mejor manera de clasificar los homicidios. Sea cual sea la terminología, la evidencia muestra que en los últimos 20 años se han duplicado los asesinatos en Montevideo y que la judicialización del caso suele estar vinculada a quién fue el victimario.
Pero, ¿qué hay del dinero? En el encuentro emergió la siguiente propuesta: “Abrir investigaciones patrimoniales paralelas en los casos de homicidio para identificar vínculos potenciales entre violencia letal y flujos financieros”.
