El Gran Chaparral, la mansión del empresario argentino Marcelo Balcedo en el departamento de Maldonado

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Argentina y Uruguay acuerdan repartirse bienes decomisados por causas investigadas en ambos países

El caso de Marcelo Balcedo fue el disparador de este entendimiento entre los gobiernos
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03 de abril de 2019 a las 14:17

Uruguay y Argentina firmaron en la tarde del martes un acuerdo marco para la restitución de bienes decomisado por la Justicia. El texto, que deberá ser refrendado en el Parlamento, sienta las bases para que ambos países puedan repartirse los bienes decomisados a aquellos delincuentes que hayan cometido crímenes a ambos márgenes del Río de la Plata.

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, destacó durante la firma en el Palacio Santos que este convenio es el primero en su tipo para ambos países, y agregó que se trata de “un paso y una señal muy importante” en el combate del narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos.

El canciller argentino, Jorge Fauire, explicó que el primer acercamiento para firmar este acuerdo se dio tras una reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y su par Mauricio Macri, en diciembre, cuando se habló sobre el caso del empresario y sindicalista Marcelo Balcedo, quien se encuentra detenido en Uruguay mientras es investigado por lavado de activos y está a la espera de una extradición a Argentina donde la Justicia de ese país lo indaga por presuntamente haberse quedado con entre US$ 9 millones y US$ 12 millones que pertenecían al Sindicato de Obreros, Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), además de por su vínculo con una banda narco de Rosario.

El canciller argentino Jorge Faurie y su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, durante la firma del acuerdo

La Justicia uruguaya incautó bienes de él y de su esposa, Paola Fiege, por unos US$ 20 millones. Argentina intenta a través de este acuerdo hacerse de parte de los bienes que podrían ser decomisados si Balcedo es condenado, de modo de restituir al Soeme. “El caso mencionado (Balcedo) causó una gran conmoción, porque fue la plata de tantos argentinos que alguien se robó en nombre de un sindicato y en lugar de usarla para el bien de los trabajadores, la usó para tener casas de lujo y comprarse autos”.

Nin explicó que por el momento el acuerdo marco no deja establecidos los porcentajes que le corresponden a cada país por los bienes incautados. Este punto se definirá caso a caso en función de una negociación entre la fiscalía de Uruguay y la procuraduría argentina, agregó el canciller uruguayo.

Lo que sí quedó establecido en el acuerdo es la forma en la que se hará tal negociación, las circunstancias en las que corresponderá el intercambio de bienes, la manera en que se hará el pago, entre otros puntos.

Si bien este es el único acuerdo bilateral firmado por ambos países, Uruguay ya había suscrito a un tratado de intercambio de bienes decomisados entre todos los países del Mercosur. Sin embargo, todavía no ha sido refrendado por el Parlamento.

El empresario Marcelo Balcedo junto a su esposa, Paola Fiege, en una audiencia judicial en 2018

Sobre este punto, Nin dijo que los gobiernos entendieron importante firmar un acuerdo marco específicamente con Argentina para fortalecer el trabajo conjunto de ambos países en materia de persecución de delitos trasnacionales, y dijo que esperaba que el Parlamento pudiera aprobarlo “a la brevedad” para que esté vigente cuanto antes.

Es que más allá del caso Balcedo, el acuerdo marco podrá servir para todos las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, tráfico de divisas, entre otros, que puedan involucrar a Argentina y Uruguay. De hecho, en el juzgado de Crimen Organizado de Uruguay se investiga el posible desvío de dinero obtenido del pago de coimas durante los gobiernos kirchneristas, en una causa por la que hay varios bienes embargados, entre ellas cinco propiedades en Carmelo y un terreno en Punta del Este.

Por esa causa ya fue decomisado y subastado por la suma de US$ 2 millones el campo El Entrevero, ubicado en la ruta 10 entre Punta del Este y José Ignacio. El bien era propiedad de Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Ese decomiso no estaría comprendido por ser previo al acuerdo, como sí podrían estarlo los otros bienes embargados por la causa de la llamada "ruta del dinero K" en Uruguay. 

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