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Casos que se retoman: Brissa, ANCAP, Bascou, Toriani y Sanabria
La actividad se reinicia a partir del 1 de febrero. Estos son los casos que volverán a considerarse
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22 de enero de 2018 a las 05:00
La investigación en torno a ANCAP
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El fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu tienen previsto que el caso culmine entre febrero o marzo de este año, casi dos años después de que cuatro partidos de la oposición presentaran la denuncia ante la Justicia. Eso significa que, al poco tiempo de culminada la feria, Pacheco decidirá si pide procesamientos para los exjerarcas y mandos medios del ente petrolero que están siendo indagados desde febrero de 2017.
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Sendic fue el último en declarar –el 25 de octubre- y el 7 de noviembre Pacheco pidió a un equipo multidisciplinario, que trabaja para Crimen Organizado cuando se lo solicitan, que analice algunos aspectos del uso de las tarjetas corporativas de ALUR por parte del senador y expresidente frenteamplista de ese organismo, Leonardo de León. El informe también llegará después de la feria y una vez que lo tenga en sus manos, el fiscal citará como indagados al senador y al exgerente general de ALUR, Manuel González.
En su última actuación sobre la causa, Pacheco resolvió prescindir de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la investigación, luego de que la defensa de Sendic y de De León presentara un escrito en el que pedía que no participara porque consideraba que "carecía de objetividad". La jueza Larrieu dio lugar a que la Jutep quedara por fuera y también a "la apertura de sobres de las declaraciones juradas de bienes e ingresos" de exjerarcas de ANCAP. El pedido fue realizado con carácter "urgente" porque se quiere acelerar el proceso.
Juicio oral en caso Brissa
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El día previo a que comenzara la feria judicial mayor, el fiscal de Homicidio Juan Gómez solicitó la pena máxima para el asesino de Brissa González, la niña de 12 años de quien abusó y luego mató. La pena solicitada para el presunto homicida, William Pintos, implica 30 años de cárcel y una extensión por seguridad de 15 años y es lo máximo que prevé el Código Penal por el delito de homicidio especialmente agravado.
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El hombre se encuentra en la cárcel ya que en noviembre, cuando el cuerpo de la niña fue encontrado en el balneario canario Las Vegas, el fiscal había solicitado al juez Ricardo Míguez seis meses de prisión preventiva como medida cautelar. Una vez que se termine la feria, se realizará el juicio oral, del que no participará el juez Míguez ya que el nuevo Código del Proceso Penal establece que haya dos jueces para los procesos: uno para la audiencia previa, en la que se pueden pedir medidas cautelares, y otro para el juicio oral.
El proceso tiene varias etapas, ya que primero se le debe comunicar a la defensa de Pintos el pedido de la fiscalía, después hay una audiencia de control de acusación y luego se sabrá qué juez se hará cargo del caso. El fiscal tendrá que presentarle al magistrado las pruebas que recabó para pedir la pena máxima para Pintos.
La investigación al intendente Bascou
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Cuando culmine la feria judicial mayor, también se retomará el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien tiene varias denuncias en su contra. Por un lado, la Justicia investiga si el jerarca emitió cheques sin fondos por una suma mayor a los US$ 400 mil. Esa investigación se está llevando adelante en dos juzgados porque los demandantes se presentaron en momentos diferentes y los expedientes no se unificaron. De todos modos, a pedido de la defensa del intendente, esas denuncias se unirán en un solo juzgado. Por este caso, el intendente ya declaró ante la Justicia en setiembre y aunque reconoció que "hubo cheques que no se pudieron cubrir" dijo sentirse "tranquilo".
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A su vez, el intendente fue denunciado por el Frente Amplio en octubre por haberle vendido nafta a la comuna de la que es jerarca en las estaciones de servicio de las que es dueño. A fines de noviembre, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) consideró en un informe que Bascou violó varias normas establecidas en el decreto que define las normas de la función pública y obtuvo beneficios económicos por la compra de combustible del gobierno departamental a estaciones de servicio que eran de su propiedad.
Toriani y los servicios en Rivera
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El cese de la feria volverá a traer al Hospital de Rivera a la órbita judicial. En setiembre, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la entonces fiscal de Rivera Patricia Rodríguez la información sobre la contratación por parte del Hospital de Rivera (ASSE) de tomografías a una mutualista de Brasil. Rodríguez encontró mérito para empezar una investigación judicial y le solicitó información a ASSE, que ya fue entregada.
El caso está un tanto retrasado porque por la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, Rodríguez fue trasladada y quien quedó en su lugar, Betina Ramos, deberá seguir analizando el expediente de la causa.
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La Justicia intenta determinar por qué se decidió contratar a una mutualista de Brasil, cuando en la zona hay otros centros de salud públicos que prestan el mismo servicio. En el remitido, el fiscal de Corte indicaba que en la información sobre tomografías que se hicieron en el instituto Hugolino Andrade de Santana do Livramento pedidas por médicos y jerarcas del hospital de ese departamento hay hechos "con apariencia delictiva".
Sanabria y el presunto lavado de activos
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En su último día como fiscal especializado en Crimen Organizado –antes de comenzar a trabajar en Flagrancia por el nuevo Código del Proceso Penal- Carlos Negro solicitó a la jueza Beatriz Larrieu el procesamiento con prisión del extitular del Cambio Nelson, Francisco Sanabria, por el delito de lavado de activos.
Si bien el 31 de octubre el pedido de Negro ya estaba en el despacho de Larrieu, el pronunciamiento de la jueza no llegó antes de la feria porque el defensor de Sanabria, Jorge Barrera, solicitó a la magistrada más pruebas como la incorporación de material del Juzgado de Concurso sobre el cambio e informes contables técnicos, entre otros.
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Un informe del Banco Central detectó que 380 clientes tenían saldos acreedores por valores que oscilaban desde US$ 10 mil a US$ 700 mil en la casa cambiaria que era propiedad del diputado suplente colorado. En total, se presentaron a concurso más de 100 acreedores del cambio.
