El Senado chileno aprueba una ley corta para dar curso al sistema privado de salud

Se trata de un proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric en mayo de 2023 como una manera de dar una salida a las aseguradoras de salud privada tras un fallo de la Corte Suprema que las obliga a ajustar el valor de sus planes y devolver cobros en exceso a sus afiliados, los que la Superintendencia de Salud calculó en unos U$S 1.180 millones.

Tras el cierre de la sesión de este lunes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, manifestó estar satisfecha con la aprobación, pero indicó que el Ejecutivo insistirá con las materias no aprobadas en la Cámara de Diputados.

“El proyecto permite dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema. Esto quiere decir que, una vez aprobado, las personas van a ver una rebaja en sus cobros”, explicó Aguilera. La discusión en el Senado, pese a ser aprobada en general, contaba con unas 30 indicaciones que debían ser acordadas en el Senado.

Una de las más discutidas por la oposición fue la que presentó el Gobierno para que las ISAPRES solo apliquen aumentos en sus precios, previa autorización de un Consejo Consultivo, un órgano que será creado por la nueva ley.

Este aumento podría llegar hasta 41% en algunos casos, con el fin de lograr el equilibrio financiero de la industria. Eso se debe a que las ISAPRES dicen que, de cumplir la sentencia de la Corte Suprema, podrían enfrentar la quiebra, dejando a los cerca de tres millones de afiliados a la deriva.

El tema de los aumentos había sido rechazado en la Comisión de Salud del Senado, dominado por la oposición, y luego repuesto por la Comisión de Hacienda del Senado, con mayoría oficialista. Finalmente fue aprobado aunque con la condición de que el aumento tenga un límite menor al 41%.

Frente a esta solicitud, la ministra de Salud Aguilera se comprometió a ingresar una modificación en la Cámara de Diputados para establecer el aumento después de que se haga público el Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

“El cumplimiento de la sentencia provocará un desajuste abrupto en los ingresos y egresos de las ISAPRES y en atención a ese desbalance estamos apostando a este ajuste extraordinario. Por eso hemos dicho que estamos disponibles a establecer un techo, y lo haremos saber en la Cámara de Diputados”, explicó la ministra.

Otro tema controversial en el Senado fue “la mutualización” de la deuda de las aseguradoras privadas con sus afiliados “por cobros excesivos”. Los cálculos de la Superintendencia los cifran en unos U$S 1.180 millones, pero el Comité Técnico Asesor creado por la Comisión de Salud del Senado, aplicó un criterio diferente y rebajó el monto a U$S 451 millones.

El nuevo parámetro no fue aceptado por el Ejecutivo que considera que, de aplicarse, no se estaría cumpliendo el fallo de la Corte Suprema.

A raíz de esto, el secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, adelantó que el Gobierno evaluará enviar una “reserva de inconstitucionalidad”, por considerar inadmisible los cambios propuestos en el proyecto que pone las cargas sobre los afiliados y no sobre las empresas privadas.

Otra de las indicaciones con las que la Administración de Boric insistirá en la Cámara de Diputados será con la continuidad de la cobertura de enfermedades catastróficas por parte de Fondo Nacional de Salud (FONASA), en caso de la quiebra de una ISAPRE.

Pese a los temas que quedan pendientes para Diputados, la ministra de Salud manifestó su satisfacción por la aprobación de la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa, (MCC) que permitiría a los afiliados al sistema público “la posibilidad de contratar cobertura de aseguradores privados con prestadores privados”.

Asimismo, la ministra sostuvo que con esta aprobación el Gobierno cumple con los plazos establecidos para avanzar en entregar una solución a la crisis del sistema de salud privado, luego del fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022.

(Con información de agencia)