Imad Mohammed lleva 32 años trabajando como profesor en una escuela pública del Estado de Al Jazirah, en Sudán, y ve cómo se desmorona su economía y la de su familia, con cinco miembros para sustentar, con la guerra que estalló en su país entre dos generales rivales. Ahora, cuenta a la agencia de noticias AFP, “sólo puedo garantizarles la comida una vez al día, pero no sé cuánto puede durar esto”.
Si bien está a salvo de los brutales combates que se libran en el territorio, la escasez económica que conlleva el conflicto, provocó que él, como otros tantos funcionarios, se quedaran sin sueldo a cobrar desde que el Ejército regular sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido se levantaron en armas entre ellos.
Desde el pasado 15 de abril, fecha en que los primeros combates comenzaron a sacudir la ciudad de Jartum, los bancos cerraron y las sucursales del resto del país tropezaron con las serias dificultades para seguir funcionando al quedar desconectadas de la capital.
Desde esa fatídica fecha, los únicos trabajadores gubernamentales que reciben sus salarios son los militares. Mientras tanto, cerca de un millón de funcionarios públicos sobreviven a duras penas con sus ahorros o gracias a las redes de ayuda social.
El jefe del Comité de Profesores Sudanés Ammar Youssef dice que “lo que están atravesando los profesores y sus familias, tanto en el sector público como en el privado, es, sencilla y terriblemente catastrófico”.
Y señala que la pérdida de ingresos y el hecho de encontrarse sumidos en la pobreza se suma al horror de la guerra, que ya lleva más de 3.000 personas muertas y tres millones de desplazados.
Tan sólo de la capital Jartum huyeron más de un millón y medio de habitantes. Para hacerlo, y escapar de los bombardeos aéreos, el fuego de la artillería y los combates callejeros, tuvieron que utilizar el poco dinero de que disponían cuando estalló el conflicto.
Los que no tenían ahorros suficientes, quedaron abandonados a su suerte en la ciudad. Y al hambre, tuvieron que sumar la incapacidad de hacer frente a los altos precios del transporte, provocados por la suba demencial del precio del combustible, que se multiplicó por 20 en dos meses.
Así lo señala Youssef: “No sólo pasamos lo indecible para dar de comer a nuestras familias una vez al día, sino que tampoco podemos permitirnos llevarlas a algún lugar seguro, fuera de las zonas de combate”.
La situación de los docentes, entre otros funcionarios del Estado, ya era mala antes del conflicto. “La educación pública emplea a más de 300.000 personas que ya antes de la guerra no cobraban lo suficiente. Pero ahora se hizo imposible contactar con el Ministerio de Educación para llevarle nuestras protestas”, dice Youssef. Y agrega, fatídico: “De manera que los que no murieron de un balazo se van a morir de hambre”.
Si bien los sindicatos advirtieron que podrían convocar a huelgas por el no pago de los salarios, saben que cualquier medida que adopten intensificará aún más las tensiones. De todos modos, poco queda para perder, y una coalición de representantes de médicos, ingenieros, docentes y periodistas anunciaron que tomarán “medidas de escalada si no se pagan los sueldos”.
Es que, como señala Naciones Unidas (ONU), con el desproporcionado aumento del precio de los alimentos, con los servicios básicos cada vez más escasos y con los salarios congelados, más de la mitad de este país con 48 millones de habitantes dependen de la ayuda humanitaria que tarda en llegar.
En Darfur (oeste), una de las áreas más afectadas por los combates, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció presuntos “crímenes de guerra” e instó a la Corte Penal Internacional que los investigue.
Según un documento de HRW, decenas de personas fueron muertas o heridas cuando combatientes de las FAR y de tribus árabes atacaron a finales del pasado mes de mayo la ciudad de Misterei (de 46.000 habitantes), en Darfur, que quedó “incendiada casi en su totalidad”.
