Gas Sayago: denuncian abuso de funciones y perjuicio millonario

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado penalista Jorge Barrera –contratado por el ente– presentaron este viernes la denuncia por las irregularidades en la gestión de Gas Sayago ante la Justicia de Crimen Organizado, donde ya se tramitan dos denuncias anteriores. Este caso se rige por el proceso penal anterior.

Se trató de un “perjuicio económico, grave para el Estado, con fondos públicos” que “se podrían haber interrumpido”, expresó Barrera luego de presentar la denuncia en rueda de prensa.

La denuncia basada en un informe de la consultora Price waterhouse Coopers de 600 páginas, señala que las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora durante el gobierno de José Mujica incluyen los litigios que aún están pendientes de resolución y gastos excesivos.

Según declaró Emaldi, UTE y Ancap aportaron US$ 113 millones de gastos de funcionamiento. Además, la jerarca afirmó que del informe detallado de la consultora, se identificaron cuatro claras oportunidades en las que se pudo dar marcha atrás en el proyecto puesto que “no era viable desde su inicio”. La demanda local de gas no ameritaba el proyecto.

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La jerarca informó que el primer momento fue en el año 2012 cuando Argentina dejó claro que no participaría en el proyecto, y su participación era del 50%; “segundo, cuando en el año 2015 el contratista principal (GNLS), por incumplimientos, abandona la obra y paga la garantía de US$ 100 millones”.

“En tercera instancia cuando habiendo fracasado el contratista principal y, meses después, se prosigue contratando consultoras para reformular el proyecto; y por cuarta vez, cuando se intenta buscar un socio, y se acerca Shell a las conversaciones. Y también definitivamente Shell se desvincula de la posibilidad de ser parte del emprendimiento”.

Emaldi dijo que “el directorio de UTE tenía la obligación de realizar esta puesta en conocimiento de la Justicia de hechos con apariencia delictiva porque si no lo hacía, incurriría en omisión”. 

Barrera agregó que el artículo 177 del Código Penal obliga a los funcionarios públicos a poner en conocimiento de la Justicia los hechos de apariencia delictiva.

Los denunciados

Si bien la denuncia no identifica nombres, por las fechas que se manejan y las decisiones a las que se hace referencia surge claramente quiénes serán las personas que deberán declarar por ser quiénes tomaron las decisiones. Entre ellas estarán el exdirector nacional de Energía, Ramón Méndez, y los directores frenteamplistas de UTE entre 2010 y 2020 que son: Gonzalo Casaravilla (presidente), César Briozzo (vicepresidente), Gerardo Rey (director), Cristina Arca (directora). También estuvo Juan Gómez (director de Ancap en algunas ocasiones en 2012 y 2013).

El directorio de Gas Sayago no fue incorporado por tratarse de un organismo que se rige por el derecho privado. De todos modos, antes de que comiencen las citaciones el fiscal Luis Pacheco deberá investigar la consultoría de PwC y tras estudiarla citar primero a los directores actuales de UTE denunciantes para que ratifiquen la denuncia.

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Gastos excesivos

El perjuicio económico de Gas Sayago incluye también gastos que el Estado asumió cuando se había rescindido el contrato, como el pago por clases de gimnasia laboral y masajes para los empleados durante tres años (entre 2015 y 2017) por US$ 7.302.

Gas Sayago desembolsó entre 2012 y 2016 US$ 246.690 para cursos de capacitación. En ese rubro se destaca un monto de US$ 68.447 que se destinó específicamente a pagar maestrías y posgrados.

También quedó probado que gastó más de US$ 210 mil para la alimentación de los trabajadores, de los cuales US$ 140 mil se destinaron a menúes, US$ 28.499 a catering, US$ 11.584 a almuerzos y cenas, US$ 5.777 en café y azúcar, US$ 2.041 en canastas y comidas en las fiestas, US$ 1.646 en frutas y algo más de US$ 4.100 en frutos secos.

Entre 2011 y 2020 se destinaron US$ 235.600 a gastos de traslados. Unos US$ 125.500 se efectuaron dentro del país, US$ 64.600 en viajes a Europa, y el resto se distribuye en viajes a Argentina, Brasil, Chile, Japón, Corea del Sur y EEUU. Todos esos viajes insumieron gastos de estadía y alimentación por US$ 54.220.

Recién en el año 2016 la empresa elaboró un procedimiento para regular los gastos por viajes.