28 de octubre de 2011 21:55 hs

Una semana después del hallazgo de nuevos restos óseos y un día después de promulgada la ley que eliminó la prescripción de los delitos de la dictadura y restableció la pretensión punitiva del Estado, la Justicia dispuso cinco procesamientos por el secuestro y muerte de María Claudia García de Gelman. Al mismo tiempo, comenzaron a llover las denuncias ante los juzgados. Pero todas ellas tienen un futuro incierto.

El juez penal Pedro Salazar dispuso ayer el procesamiento con prisión de los militares retirados José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y el policía retirado Ricardo Medina por la de-saparición de García de Gelman. A todos les imputó el delito de “coautoría de homicidio muy especialmente agravado”. Salazar no hizo lugar al pedido del fiscal Ariel Cancela de tipificar desaparición forzada, por el impedimento de hacer retroactiva la ley penal. Los oficiales ya se encuentran recluidos en la cárcel de Domingo Arena por otros delitos.

Asimismo, pidió la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, radicado en Brasil. El magistrado no hizo lugar al pedido de procesamiento de los policías retirados Luis Maurente y José Sande Lima.

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En el auto de procesamiento al que accedió El Observador, el juez explicó que ante la falta de datos de la dictadura, las declaraciones testimoniales se “constituyen en el medio probatorio por excelencia”.

A futuro
Las investigaciones futuras dependerán de cómo cada juez aplique la ley promulgada el jueves por el presidente José Mujica y el decreto del Poder Ejecutivo que desarchivó decenas de causas. También incidirá en el futuro de las nuevas causas si la Suprema Corte de Justicia hace lugar o no a los recursos que los militares retirados ya anunciaron que interpondrán, por entender que la nueva norma es inconstitucional.

Por otro lado, el fiscal Cancela solicitó que sean reabiertos una decena de expedientes relativos a hechos ocurridos entre 1986 y 1987. Lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo del 1º de julio de este año.

En esa norma, Mujica dispuso la revocación de todos los actos administrativos de los gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez, en los que se ordenó archivar las investigaciones

De todos modos, la reapertura da el puntapié inicial a un largo proceso en el cual el magistrado actuante deberá chequear si estos hechos fueron investigados en otros expedientes. Además, dado que se denuncian hechos y no personas, la Justicia deberá solicitar información al Estado sobre quién revestía cargos jerárquicos en las unidades militares y policiales de la época. También deben ser localizadas las personas que en su momento formularon las denuncias.

Denuncia de ex presas
A estos casos se suman otras 28 denuncias efectuadas por ex presas políticas, representadas legalmente por el ex juez Federico Álvarez Petraglia. Se trata de mujeres que al momento de su detención eran militantes de distintos partidos políticos y gremios. Denuncian que fueron torturadas y sufrieron abuso sexual.

Según el escrito, los militares cometieron delitos tales como “violencia sexual, violación, desnudez,”, así como torturas del tipo “plantones, picana y submarino”.
En la denuncia se solicita que sean indagados 109 militares y policías retirados, entre ellos algunos ya procesados en otras causas, como Silveira, Gavazzo, Vázquez, Miguel Dalmao, Maurente y Cordero. También se denuncia a todos los oficiales y suboficiales que en dictadura cumplían funciones en el penal de Punta de Rieles, La Tablada, Punta Gorda, Cárcel del Pueblo, hospital Militar y La Paloma.

Desde cero
Además de estas causas, el abogado Pablo Chargoñia presentó en las últimas dos semanas dos denuncias. Una de ellas –a estudio del juez Carlos García y el fiscal Cancela– refiere a 50 casos de torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Las víctimas son personas que en dictadura tenían 19 o 20 años e integraban la Unión de Juventudes Comunistas.

La otra denuncia, en manos del juez Pedro Salazar y la fiscal Mirtha Guianze, refiere a 30 secuestros y torturas en el centro de torturas 300 Carlos, ubicado en el Batallón Nº 13 de camino Instrucciones.

Ambas denuncias refieren a hechos que ocurrieron durante todo el período dictatorial (1973-1985).

Chargoñia reconoció a El Observador que si los jueces aplican la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado “es muy probable que los militares apliquen excepciones de inconstitucionalidad”, y así las indagatorias se dilatarían.

Asimismo, familiares de de-saparecidos, ex presos políticos y dirigentes sindicales denunciaron en Argentina a un centenar de ex militares, ex policías y civiles, para que sean juzgados por su participación en el traslado y desaparición de uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Procuran sortear los recursos que los ex oficiales presentarán contra la ley promulgada este jueves.


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