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¿Matar perros o educar a los dueños? El debate sobre los ataques a ovejas
Las denuncias por ataques de perros vienen en claro aumento en los últimos meses, reconoció a El Observador el titular de la Dirección General de Seguridad Rural (DGSR), el comisario Williard González. Si bien el 90% son por ataques a ovinos, también se han reportado casos en los que los atacados son equinos, vacunos, suinos y aves de corral. Según precisó, aumentaron las denuncias, pero se trata mayormente de casos en los que hay menos animales involucrados.
El gobierno le pidió tiempo a los ovejeros para arreglar este tema que los mantiene en vilo, pero los productores sostienen que la solución se necesita con urgencia. En la búsqueda de corregir un problema que conlleva un daño económico, pero también anímico para los productores, hay visiones cruzadas.
Por un lado están quienes opinan que lo mejor es castrar e identificar a los perros, y educar a sus dueños, por otro hay quienes piensan que la solución que corresponde es matar a los canes, para disminuir rápidamente la población.
Desde el gobierno se pidió tiempo para que el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) trabaje en el Plan Nacional de Control de la Población Canina, con castraciones y chipeos, y en la construcción de albergues, en coordinación con fundaciones animalistas.
Pero hay visiones encontradas sobre el instituto y sus tareas, y un desagrado de parte de los productores que han sido perjudicados por los ataques, muchos de los cuales han tenido que hacer guardia en los campos durante las noches para cuidar a sus majadas.
“Los tiempos se agotaron”
No hay cifras oficiales de cuántos ataques hubo en los últimos tiempos, o cuántos ovinos han muerto por estos ataques, pero lo que se sabe es que es un tema cotidiano, algo de todas las semanas, según destacaron varios productores.
“Ya los tiempos se agotaron. En campaña (electoral) se dijo que se iba a solucionar el problema y se hizo lo mismo que hizo el Frente Amplio. Están comprando tiempo, no se animan a encarar el tema. Consideramos que están tirando la plata”, sostuvo Pedro Scremini, veterinario y productor, pero también dueño de ocho perros, a los que mantiene de una manera responsable.
En los últimos días se formó un grupo de WhatsApp integrado por productores damnificados y en tres días se juntaron más de 60 personas. “Eso ya te dice algo”, contó.
Días atrás, la majada de Hugo Godiño, un productor ovejero de Fraile Muerto, sufrió un nuevo ataque. Es el segundo en una semana y el tercero en un año. En muchos casos, los perros atacan y algunas ovejas quedan vivas, pero por las heridas terminan muriendo aunque se les apliquen tratamientos. Y el caso de Godiño es uno más en varios que a diario se denuncian en las redes sociales.
¿Salir a matar perros?
Para Scremini, una solución es disminuir la población de perros. “Cuando apareció la fiebre aftosa en 2002 y hubo que matar miles de vacas para mantener el estatus sanitario del país se hizo, profesionalmente, como se tiene que hacer, y acá es lo mismo”, indicó y explicó que no se trata de salir a matar perros a la calle, sino capturarlos y en los refugios, si nadie los reclama, dormirlos (como se hace para castrarlos) y sacrificarlos “con la mayor profesionalidad, no como se hacía en las antiguas perreras”.
En el 105° Congreso Anual de la Federación Rural (FR), productores y representantes del gobierno tuvieron una reunión para hablar sobre este tema. En ese ámbito, el productor Emilio Mangarelli, ganadero de Soriano, dijo a El Observador que “se quedó con un sabor amargo”, porque los productores necesitan una solución urgente.
Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, aseguró que el gobierno no saldrá a matar perros a la calle.
La directora general del MGAP, Fernanda Maldonado –productora de ovinos que ha sido víctima de ataques de perros en su establecimiento– contó a El Observador que en el encuentro varios productores manifestaron “la necesidad de eutanasiar animales”, pero sostuvo que “hoy las estrategias que lleva adelante el INBA son claras”. Añadió que es vital que se hagan las denuncias.
Cuando sufrió un ataque de este tipo, en julio de 2021, la directora expresó: “Perdimos ovejas preñadas de alta genética y años de trabajo”.
Animalistas: “Siempre piden la fácil”
Patricia Durán, integrante de la Plataforma Animalista, dijo que “la solución que siempre piden es la fácil, la más rápida y la menos ética, que es salir a matar perros”. Desde esa organización se cree que ese no es el mejor camino, sino el de la educación y la prohibición de venta de animales. Según mencionó, últimamente se ven más casos de “maltrato gravísimo” hacia perros. Días atrás en Mercedes mataron a un perro con un machete en la calle, contó, y no se ha sancionado a quien lo hizo.
“Por más que salgan a matar a todos los perros de la vuelta, si no cambian las leyes de protección animal y la educación sobre lo que es tener un animal a cargo, en unos meses se va a llenar de perros de nuevo”, indicó.
La responsabilidad es siempre y únicamente de las personas y del Estado, “que ha estado ausente de las políticas de protección animal en leyes que responsabilicen a las personas”, añadió.
Meses atrás, integrantes de agrupaciones animalistas –que trabajan de forma honoraria, muchas veces en sus propias casas, rescatando animales atacados o abandonados– salieron al cruce de productores que se movilizaron llevando ovinos muertos y heridos frente a la Torre Ejecutiva. Algunos pidieron que se sancionara al dueño de las ovejas. Los productores explicaron en ese momento que hicieron esa acción para sensibilizar sobre el tema y pedir una solución.
Hay cinco veces más perros que lo aconsejado
Algunos productores rurales sienten que el INBA se enfoca más hacia animales de compañía que de producción. “Hay 2 millones de perros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tendríamos que tener 400 mil, uno cada 10 habitantes. Claramente hay que disminuir la población. En el INBA nunca escuché a nadie preocuparse por las ovejas, sí caritas compungidas, pero nada más”, denunció Scremini.
Este “es un tema de gente”, porque detrás de las majadas atacadas hay familias que se sostienen con la producción. Además indicó que en el tránsito también hay problemas, y recordó que días atrás en Mercedes, una mujer iba en moto a trabajar a un tambo y por esquivar a un perro que se le cruzó en el camino chocó contra una camioneta y murió.
Desde la Plataforma Animalista la visión del INBA es la contraria. En el directorio del instituto “la mayor representación es del sector ganadero. Nos escuchan, pero somos uno entre nueve. Está claro quién manda y dónde está la fuerza del negocio”, dijo Durán.
“El INBA sigue estando dentro del MGAP, que tiene un fin que no es la protección animal, es el bienestar animal en vista de la ganadería, ellos precisan proteger al animal como producción y no como ser vivo”, resaltó.
A través del INBA, el Ministerio de Ganadería suscribió un convenio con el Congreso de Intendentes en 2021, para castrar y chipear a 90 mil perros. El ministerio invertirá $ 60 millones y los gobiernos departamentales $ 34 millones. Las castraciones se hacen en el marco del Programa Nacional de Control Reproductivo. El INBA, que se creó por la Ley de Urgente Consideración, tendrá una financiación anual cercana a los US$ 3 millones.
Animalistas y productores coinciden en algo
Hay algo en lo que los productores coinciden con los animalistas. “Faltan sanciones. Estamos anteponiendo los perros a la gente. Atrás de la oveja que sufre hay una familia, detrás de un accidente hay una familia, siempre hay gente perjudicada. Tiene que haber un árbitro que controle, y ese es el Estado, que no está cumpliendo la función de ordenar. No tenemos quien nos ayude, estamos solos”, comentó Scremini.
Por su parte, Durán agregó: “Uruguay es el país en el que se hacen leyes y después no hay nadie para fiscalizar, sobre todo cuando tiene que ver con animales. Hay cientos de denuncias de maltrato y no hay personal para atenderlas. No hay una ley que castigue al maltrato animal y ese es un grave problema”.
El proyecto de Menéndez
El diputado Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto, presentó un proyecto de ley que plantea cobrarle una multa a los dueños de perros que ataquen a animales de producción. El texto sostiene que se debería cobrar una multa que corresponda a 10 veces el valor del animal herido o muerto –ese precio de referencia se establecerá por la última publicación de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) del mes en el que pasó el ataque–. Si los animales atacados son de pedigrí, el valor lo determinará el mercado en la venta de animales de una condición similar. Además de la multa, se planteó que los perros que se trasladen en vehículos deberán estar chipeados y tener la cédula otorgada por el INBA.
El proyecto se creó pensando en el medio rural. Cuando fue presentado, Menéndez dijo a El Observador que “a los propietarios de animales les tiene que doler en el bolsillo si su perro ataca a otro animal. Como todos los uruguayos, con el bolsillo aprendemos, es necesaria una sanción elevada”.
El martes pasado, autoridades del MGAP concurrieron a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados para informar acerca de acciones que se viene realizando el INBA para controlar las jaurías. Allí, la presidenta del instituto, Marcia del Campo, junto a la Fernanda Maldonado, expusieron sobre el trabajo en coordinación con las intendencias departamentales para realizar chipeos y castraciones.
➡️ Autoridades del @MGAPUruguay concurren a la Comisión de Ganadería de @DiputadosUY para informar sobre el proyecto de la Central Hortícola del Norte y las acciones que se vienen llevando a cabo para controlar las jaurías de perros ⬇️ pic.twitter.com/mkbFBRBMzA
— MGAP (@MGAPUruguay) June 7, 2022
Tras el encuentro, Maldonado expresó en su cuenta de Twitter: “Instancia de intercambio sobre la implementación de políticas públicas sobre bienestar animal. Esta administración elaboró la política, la dotó de recursos y la está ejecutando”.
En esa oportunidad el MGAP hizo una devolución del proyecto de ley de Menéndez. Las autoridades expresaron que algunos artículos serían redundantes, explicó el diputado, por ejemplo la exoneración del pago de la patente para aquellos tenedores de perros que castren y chipeen, dado que actualmente “la castración es obligatoria”, mencionó.
Otra de las cosas que se espera se modifique es la redacción del primer artículo, que plantea que el perro debe estar atado o encerrado durante el día y soltarse en la noche.
Según dijo el diputado, “va bien encaminado, va a llevar alguna modificación, pero va a salir”.
Muchas veces, las jaurías se forman por perros que quedan abandonados en los campos luego de que sus dueños salen a cazar. En vista de arreglar ese problema, la Plataforma Animalista está preparando un proyecto de ley para presentar en el Parlamento, para que se prohíba la caza con perros.
El gobierno anunció que junto al Banco de Seguros del Estado (BSE) creará un seguro por el que los ovejeros podrán ser indemnizados en caso de que sus majadas sean víctimas de ataques de perros. Aún no se ha detallado qué requisitos deberán cumplir los productores para acceder al mismo, pero el ministro Mattos confirmó que se lanzará en junio.
El anuncio, que se hizo en el marco del Congreso de la Federación Rural, en Tacuarembó, fue bien recibido por los productores, aunque puntualizaron que este no es un tema únicamente de pérdidas económicas.
Mónica Silva, expresidenta de la FR, dijo que se debe tener en cuenta la “desazón” que significa perder animales por estos ataques. “El problema de la superpoblación canina debe tener medidas hoy, no se puede seguir esperando”, sostuvo, y añadió que en muchos casos los productores se ven desalentados a seguir en el rubro.
El desgano de los ovejeros por este tema es generalizado, incluso algunos piensan en no elegir a la oveja al momento de seleccionar qué producir, destacó Scremini.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aseguró en el Congreso de la FR: “Tenemos un debe muy grande, que es el tema de los perros. Hay que comprometernos y comprometer a las intendencias en este trabajo, hacer el esfuerzo y avanzar, porque si se pone dinero pero no se aceita la máquina vamos a estar años y no van a quedar ovejas”.
Sanciones civiles, no penales
Actualmente, cuando se encuentra al dueño de un perro que atacó animales de producción no se toman acciones penales, sino civiles.
“No se encarcela a alguien por esto porque no hay una ley penal”, explicó el comisario González. Una vez sucede un ataque, el productor afectado puede denunciar y llevar adelante una acción civil contra el responsable del perro para tratar de cobrar los daños por el dinero que cuestan los animales atacados.
Cuando llegan denuncias por este tema, el Ministerio del Interior coordina con el INBA para hacer las intervenciones, detalló González. El instituto se encarga de la parte administrativa, por ejemplo cuando se dispone alguna notificación. Según mencionó, cuando hay incautación de perros, es el INBA el ente que debe encargarse de coordinar el trabajo con los refugios de animales.
Uno de los planes del instituto es desarrollar, junto a las intendencias y a protectoras de animales, el Programa Nacional de Albergues.
Desde la Plataforma Animalista se ve con incertidumbre la creación de esos albergues, entienden que se necesita más información sobre cómo funcionarán y cómo se mantendrá a los perros, sostuvo Durán, quien destacó que es importante tener en cuenta el funcionamiento de estos lugares, ya que en un caso en Maldonado, por ejemplo, “los perros se comían entre ellos”, aseguró.
