La Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando con distintos organismos públicos y privados para facilitar el comercio y atacar un problema estructural que tiene el país: los elevados costos y tiempos que implica ingresar un producto del exterior o su exportación.
El propio presidente de la República Luis Lacalle Pou dijo hace poco tiempo en una rueda de prensa que le costaba entender cómo la “misma pasta de dientes hecha por el mismo fabricante, que sale del mismo lugar, a 10 metros de un lado del mojón (de la frontera) y del otro tiene una diferencia de dos y tres a uno. Eso es lo que tenemos que trabajar y eso hace a los permisos de importación”.
En una entrevista con El Observador el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, admitió que Uruguay tiene “muchos sectores cerrados al comercio” no solo por medidas arancelarias y que el gobierno viene trabajando ya desde hace un tiempo con una “agenda de reuniones estructuradas” con actores públicos y privados para “facilitar más el comercio” y reducir sus costos.
Labraga indicó que el gobierno ya levantó algunas restricciones en 2021 y que en breve habrá nuevos avances en ese sentido, como parte de la agenda de trabajo de este año. “Facilitar el comercio implica eliminar toda traba burocrática que está ahí y muchas veces no se sabe por qué está y genera costos”, reconoció el jerarca del MEF, quien indicó que esa es “una de las causas de que Uruguay sea un país caro” tanto para importar como para exportar.
Por otro lado, admitió que también hay trabas no arancelarias porque hay producción industrial en Uruguay que está protegida, que son “más difíciles” de levantar pero consideró que, si “no son racionales, hay que eliminarlas porque en el mundo hay que competir”. Labraga indicó que si existiera una potencial “competencia desleal”, hay otros instrumentos para evitar ese tipo de conductas.
El director del MEF recordó que junto con la rebaja unilateral de aranceles que aplicó Uruguay para la importación de harina de trigo y los aceites de soja y girasol, también se redujo la tasa que cobra el LATU (1,5% a 0,5%) para emitir los certificados de comercialización.
En paralelo, se creó un grupo de trabajo donde están los ministerios de Economía, Salud Pública, Industria, Ganadería, y la Dirección Nacional de Aduanas. “Ahí se está trabajando en aplicar la gestión de riesgo en los procesos de importación ¿Qué quiere decir eso? Que sin reducir en un ápice los controles, sí se controle mejor y de forma más eficiente. Así, habrá embarques donde se realizarán controles y otros que no”, indicó Labraga.
El funcionario reveló que en las próximas semanas habrá novedades sobre ese nuevo sistema que tanto los importadores como exportadores le vienen reclamando al gobierno para bajar costos.
Un reclamo recurrente de las grandes cadenas de supermercados e importadores es lo engorroso y burocrático que es el proceso para ingresar bienes del exterior al país. Labraga comentó que se han estudiado esos reclamos en el Ministerio de Economía, pero aclaró que ahí es el Ministerio de Salud Pública el organismo competente en cuanto al registro de las marcas y productos.
“Creemos que una de las trabas más importantes está en los documentos que se exigen para registrar un producto. Estamos en un proceso con los ministerios sectoriales de ver la racionalidad de lo que se exige y por qué se hace”, informó.
Labra precisó que si cualquiera de esos requisitos es “pertinente para garantizar la inocuidad del alimento del producto”, eso se mantendrá como hasta ahora. Para ello se está viendo qué práctica utilizan otros países para registrar esos productos. De hecho, uno de los productos donde se están revisando esos requisitos es en la pasta de dientes, así como también en alimentos.
El director del MEF consideró que centrar hoy la discusión en la brecha de precios con la frontera exclusivamente en el tema impositivo está equivocada porque, aunque se reduzcan a 0% los aranceles, esos productos de los países de los vecinos (Argentina y Brasil) no podrían venderse en el mercado local porque carecerían del registro ante el MSP.
Labraga indicó que aunque el Ministerio de Economía “haga el esfuerzo” y elimine todos los aranceles e impuestos, esos productos “no podrían venderse” en Uruguay.
Algunos intendentes, diputados y empresarios de la frontera han reclamado que se permita la microimportación al Poder Ejecutivo como una alternativa para sobrellevar la brecha de precios con Argentina.
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