Como nunca, el Uruguayo Especial de este semestre fue una bomba de tiempo. El gobierno y el fútbol nunca llegaron a un atisbo de resolución de la seguridad en el fútbol, en genérico, y ni siquiera del asunto concreto de la instalación de las cámaras de identificación facial. El tema de la seguridad lleva más de 30 años, el de las cámaras cuatro. Pero
todo terminó de estallar tras la suspensión del clásico del domingo, dando la sensación que se llegó a un punto sin retorno, donde la propia viabilidad del fútbol como espectáculo masivo quedó en entredicho.
Suspensión inicial y cámaras
El propio torneo empezó postergado, y hasta con un título que sonó rimbombante en los medios: "Suspensión por tiempo intedeterminado". Fue en julio, una decisión de la Asamblea de Clubes y el
Consejo Ejecutivo de la
AUF: sin presencia policial en los partidos de alto riesgo no podía empezar el campeonato.
Pero el fútbol arrancó. La AUF se comprometió a comprar las cámaras, el gobierno negoció que se bajaran los costos del proyecto. La instalación de cámaras volvió a patearse hacia adelante, a marzo, y el fútbol comenzó, sin que nadie estuviese contento: el fútbol porque entendía que la Policía debía entrar a los escenarios, y el gobierno porque el fútbol no cumplía con su principal exigencia.
Botellazos y sanción
Y mientras la AUF avanzaba en la compra del sistema de identificación, los incidentes seguían sumándose, fecha a fecha. Y se fortalecía el debate sobre la legalidad y la capacidad de los guardias de seguridad dentro de las tribunas.
Los balazos de Santa Lucía
Ya se hablaba de que el fútbol no podía seguir, y lo decía el propio presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani: "Que le den los puntos a los que van primeros".
Balazos en la Ámsterdam
Renuncia de Sanguinetti
Toda esa polémica derivó en la renuncia del presidente de la Comisión de Seguridad, Julio Luis Sanguinetti, y el desmembramiento de la misma, que llegó al
clásico sin autoridad.
El fallo contra Peñarol fue tachado por muchos como benévolo: le dieron por perdido el partido y le aplicaron una sanción económica. Eso generó la renuncia de varios miembros de la Comisión Disciplinaria, que entendieron que era un mal antecedente y podía preparar el terreno para más incidentes. En esa semana se habló de la chance de suspender, pero el gobierno y el fútbol coincidieron que era un problema concreto, que involucraba a Peñarol.
La Olímpíca
Entonces llegó el clásico y la discusión sobre la Olímpica basada en un cálculo futbolístico: como los dos compartían localía al ser un Uruguayo de una sola rueda, ninguno quería ceder la mitad de la tribuna. Bajo el discurso de convivencia se escondía que ninguno quería ceder posiciones. En la hora llegaron a un acuerdo con la Policía, pero la gente dio la espalda y se vendieron menos de 500 entradas en una tribuna de 20 mil.
Con todo ese panorama, el desastre de ayer no pareció tan ilógico. Con un sistema apuntando en mil direcciones diferentes, con un club con un sistema de seguridad descabezado, con un sistema de seguridad en las tribunas insostenible, con una dirigencia de los grandes que solo apuntó al beneficio futbolístico, el fútbol preparó el terreno para el desastre. Ahora, ¿se podrá levantar?
La batalla política
La suspensión le tira presión a un Ejecutivo que atraviesa un fin de año movido, con presión de algunos clubes, sin el apoyo de Peñarol y con una lucha pendiente con Tenfield por los derechos de marketing de la AUF. Hace unos días recibió un apoyo clave de Nacional y una positiva reunión con una comisión integrada por varios clubes, lo que fortaleció a los neutrales. De todos modos, lo que pase con el clásico en los escritorios será un elemento más en esa pelea.