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21 de mayo 2024 - 5:00hs

La mesa ejecutiva de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) despidió al gerente técnico y de servicios Daniel Palermo por notoria mala conducta luego de incumplir varios plazos para entregar información a la Unidad de Auditoría Interna, que estaba llevando adelante una investigación sobre ingresos irregulares a las cámaras del Centro de Control del edificio.

La secretaria general del organismo Adriana Zumarán y dos directores votaron a favor de la destitución mientras que el presidente Daniel Garín decidió abstenerse ya que pidió tiempo para preguntarle a la Intendencia de Montevideo (IM) sobre la postura a tomar, según dice el acta de la mesa del pasado 15 de mayo a la que accedió El Observador.

Ese documento agrega que el director Carlos Piñeyro pidió dejar constancia de que el gerente despedido en “ningún momento cumplió en tiempo ni en forma lo dispuesto por la mesa ejecutiva con respecto a brindar información” a la UAI.

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El Observador intentó comunicarse con Palermo para conocer su versión de los hechos pero este aseguró que en este momento no quería hacer declaraciones. Daniel Garín no respondió a los mensajes enviados.

El proceso

El proceso que derivó en el despido del gerente viene desde hace varios meses y tuvo varios hitos que fueron recogidos por las actas de la mesa ejecutiva. Todo comenzó porque el encargado del Centro de Control, que depende de la gerencia de Palermo, detectó que había dos usuarios que estaban realizando ingresos irregulares al visionado de cámaras del edificio de la UAM.

Eso generó que el gerente, con respaldo del presidente Daniel Garín, iniciara una investigación al Centro de Control pero particularmente por el visionado de los pisos 3 y 4 del edificio, donde se encuentran, entre otras cosas, la secretaría general y la presidencia.

Cuando la mesa ejecutiva se enteró de esta investigación, el 14 de febrero de 2024, decidió suspenderla por “improcedente”, ya que no se recorrieron los procedimientos legales correspondientes, y pidió convocar al encargado del Centro de Control para conocer su versión de los hechos. Esa resolución se tomó pese al voto negativo de Garín.

Fuentes de la mesa ejecutiva explicaron a El Observador que pidieron suspender la investigación anterior porque era la gerencia investigándose a sí misma.

Dos semanas después, el presidente de la UAM pidió reconsiderar la “suspensión de la investigación” porque entiende que ese procedimiento ya constaba con “elementos de convicción fehacientes” pero se quedó solo en su intento y no pudo avanzar (los dos directores presentes y la secretaria general votaron en contra).

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Archivo. Daniel garín durante la primera sesión del directorio de la UAM

Archivo. Daniel garín durante la primera sesión del directorio de la UAM

En el acta de esa sesión, queda claro que el objetivo de la investigación inicial era “investigar exclusivamente la visualización de las imágenes del 3er y 4to piso”, algo que está dentro de la tarea del centro y, por lo tanto, ese proceso nunca podrá ser concluyente respecto al buen uso de la herramienta.

En esa sesión, además, se decidió “eliminar inmediatamente el acceso a la visualización de las imágenes del Centro de Control de cualquier usuario ajeno al mismo” y encomienda a la Unidad de Auditoría Interna una investigación que permita el relevamiento técnico del uso. Garín tampoco acompañó esa resolución porque entendió que desconocía las evidencias ya recogidas por la investigación y limitaba la capacidad de gestión institucional del centro de control.

Al mismo tiempo, la UAM pretendía solicitar información a la empresa Sonda, que brinda el soporte técnico al Centro de Control, pero diferencias internas demoraron el pedido. Incluso, los directores llegaron a señalar “abuso de derecho” del presidente Garín porque se negaba a firmar la nota de pedido de información a la empresa.

Sonda, anteriormente, había dicho que solo enviaría la información si recibía una nota firmada por el presidente y la secretaria general.

La obstaculización sistemática del presidente de la UAM, del gerente técnico y servicios y de la empresa Sonda para que los directores conozcan los procedimientos de la UAM que llevaron a la intervención de usuarios externos del centro de control, generan en quienes participamos de la mesa ejecutiva sospecha razonable de que se intenta encubrir hechos o situaciones de naturaleza irregular en la institución”, escribió Zumarán en el acta del 2 de mayo.

El gerente Palermo, entre otras cosas, se negaba a responder las preguntas de la UAI pese a las resoluciones de la mesa ejecutiva que así se lo pedían. Finalmente, el 15 de mayo la mesa recibió un documento con respuestas de Palermo, que también envió a la UAI, pero ese mismo día se decidió su cese.

Proyecto de ley

Ante las diferencias que se vienen generando desde hace meses en la UAM entre el presidente y el resto de los directores, el Poder Ejecutivo le pidió al Parlamento acelerar el tratamiento de un proyecto que establece algunos límites en las competencias del presidente.

Ese proyecto, presentado por el senador Jorge Gandini, está siendo tratado en la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores que este martes recibirá tanto a la Intendencia de Montevideo como al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Tal como informó El Observador, los directores sociales del organismo fueron recibidos a inicios de mes por la comisión y dejaron clara su disconformidad con el rol del presidente Daniel Garín.

“A la cabeza de la institución se encuentra un señor que ha llevado una conducción bastante déspota, donde muchas veces no priman los intereses genuinos de la empresa UAM, sino los del sector político que lo designó, y que ha utilizado las potestades que le confiere la norma para ejercer su voluntad por encima de los directores que integran la cogobernanza”, dijo la directora Grisel Moizo en el inicio de su intervención.

El texto que el gobierno quiere sacar adelante tiene dos artículos y lo que hace es modificar algunos pasajes de la actual ley que regula el funcionamiento de la UAM y que hace que en los hechos el presidente –o incluso la Intendencia de Montevideo– tenga la última palabra en algunos asuntos.

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