Era necesario dar una señal tras el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero. El sistema político tenía que responder de alguna forma a la agresión a la institucionalidad. Esa fue la idea que sobrevoló la sesión del Senado de este miércoles en las intervenciones de legisladores de oficialismo y oposición que votaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que actualiza la ley contra el lavado de activos e introduce cambios en otras normativas vinculadas al tema.
Lo había pedido el presidente Yamandú Orsi luego de que tres personas ingresaran al patio de la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, explotaran una granada y realizaran disparos. En su primera aparición pública tras el atentado, el presidente reclamó que aceleren el tratamiento del proyecto.
“Les pido a las bancadas de los partidos políticos que aceleren el tratamiento de la ley de lavado remitida hace ya un tiempo y que se dé la discusión profunda, porque creemos que por ahí hay que golpear y ser más eficientes”, sostuvo Orsi.
Y el oficialismo recogió el guante, apretó el acelerador –algo que incluso generó reproches de la oposición– y presentó el proyecto como una herramienta para “atacar el corazón del negocio del narcotráfico”, tal como lo definió el coordinador de la bancada frenteamplista Daniel Caggiani.
Sin embargo, y pese a la votación unánime del proyecto en general, desde la oposición señalaron la “expectativa desmedida” que el Poder Ejecutivo puso en este proyecto.
“Este proyecto está muy lejos de ser una herramienta para solucionar el problema de la seguridad pública”, dijo en sala el senador blanco Nicolás Martinelli.
La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, encargada del informe en mayoría, destacó que este proyecto trae modificaciones que no “son una ocurrencia del Poder Ejecutivo” sino que alinean al país con otros países del mundo y adoptan recomendaciones de organismos internacionales.
“Es parte de un paquete de medidas. La ley es una herramienta potente para complicarle la vida a aquellos que sacan dinero de actividades delictivas y lo quieren ingresar al sistema bancario”, aseguró en el plenario de este miércoles.
El escepticismo de la oposición sobre los resultados que este proyecto puede alcanzar lo resumió el senador colorado Pedro Bordaberry en su intervención: “No esperemos de las leyes cosas que las leyes no nos pueden dar. Si pensamos que por aprobar una ley acá ya se acabó el lavado de activos estamos cayendo en una ingenuidad muy grande”, dijo.
Los cambios
El proyecto aprobado en el Senado –que ahora deberá pasar por Diputados– modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017. En muchos casos se trata simplemente de adecuar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal –formalizado en vez de procesado o Fiscalía por juzgado– pero también introduce otros cambios más importantes.
Uno de ellos es agregar nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, es decir como la actividad que generó los recursos que luego se buscan blanquear. Entre esos nuevos delitos están los delitos ambientales (introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas ($ 636.530).
Otro de los cambios significativos es la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros, es decir de personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a reportar operaciones sospechosas.
Los nuevos sujetos obligados son los fiduciarios no financiero salvo cuando sea una persona física o jurídica sujeta al control del Banco Central y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que trabajen para negocios que en forma “profesional y habitual” desarrollen actividades financieras en el exterior.
“También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia de los sujetos obligados, las que consistirán en apercibimiento, observación, multa o inhabilitación para actuar ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos en forma temporaria o definitiva”, dice el texto aprobado.
Asimismo, el proyecto extiende de 5 a 10 años el plazo en el que los sujetos obligados tienen que conservar los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes.
Los cambios incluyen una extensión del tiempo –pasa de tres a cinco días– por la que los sujetos obligados –instruidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero– pueden impedir la realización de operaciones sospechosas de “involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos” vinculado al lavado de activos.
Otro de los cambios que trae el proyecto está vinculado a la ley de Inclusión Financiera. En este caso se trata de reducir de un millón de unidades indexadas (unos US$ 160 mil) hasta un máximo de 270 mil UI (unos US$ 43 mil) la cantidad de plata que se puede manejar en efectivo para cualquier operación o negocio jurídico.
Por último, el texto también suprime la fiscalía de lavado de activos, una decisión tomada en coordinación con la fiscal de Corte Mónica Ferrero ya que entienden que esa dependencia especializada no dio los resultados esperados –fue creada durante la administración anterior—.
